Corrupción y recursos

06 / Jul / 2018

Foto ASF-David ColPara entender el efecto de la corrupción sobre el presupuesto, debemos empezar por analizar la importancia de la política de ingresos, el ejercicio del gasto público, a fin de clarificar mejor su distribución, su destino y la estructura por órdenes de gobierno.

Hoy tenemos una política tributaria centralizada donde el poder recaudatorio de los impuestos está, según datos de la OCDE, concentrado en los impuestos federales coordinados, teniendo los gobiernos estatales y municipales alrededor del seis por ciento del total, esto es el potencial recaudatorio de las fuentes de ingresos locales. De ahí el peso presupuestal en las finanzas subnacionales, de las transferencias de libre disponibilidad y las condicionadas.

El principal rubro de los ingresos propios de estos últimos años son las participaciones de los ingresos federales, cuyo porcentaje es alrededor del 25 por ciento de la recaudación federal participable; sin embargo, es insuficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer el desarrollo de infraestructura y la política social en los estados.

El CEESP ha manifestado que la inversión pública en infraestructura corresponde a la de los años 40, mientras que las participaciones, en un 90 por ciento, son gasto corriente. La recaudación se ha mantenido gracias a los IEPS, entre ellos el más importante: el de la gasolina. Sin embargo, no ha sido suficiente para atender las necesidades del desarrollo.

En cuanto a los municipios, estos reciben sus recursos por medio de fórmulas estatales que no siempre son adecuadas y muchas de ellas en detrimento de los mismos, de ahí la relevancia de que la ASF tiene como prioridad la revisión de la aplicación de las mismas.

La tarea aún no está completa, ya que en los municipios recae la obligación de cubrir los servicios básicos, como agua, seguridad pública, alumbrado, servicios de limpia.

Si las fórmulas de distribución no contienen criterios de eficiencia administrativa y sólo se basan en población, como es el caso de la fórmula de San Luis Potosí, que tiene el 95 por ciento de su distribución con respecto a su población, no existe ningún incentivo para el municipio de elevar su recaudación o hacer su gasto más eficiente.

Esta misma situación obliga a los alcaldes en turno a tomar la decisión de proveer servicios de calidad o hacer nueva obra pública, que finalmente tendrá un costo de mantenimiento que quizás no puedan pagar.

Su última opción es adquirí deuda para su proyecto de gestión, la cual elevará los compromisos de gastos de las próximas administraciones; pero no todos tienen acceso al crédito.

Hoy con la nueva Ley de Disciplina Financiera se establece que los recursos que no sean gastados en tiempo, serán reintegrados a la Federación.

Lo que se requiere es una buena planeación del gasto para que las obras se terminen en tiempo, pero también depende que los recursos sean entregados y gastados con oportunidad; ya que si bien es poco el recurso que se destina para infraestructura, es lamentable que este se pierda por una mala gestión de las obras.

Por ello también es importante fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, por una parte, para que la sociedad conozca qué obras se estarán realizando en su comunidad en el año y de esta forma puedan vigilar que se den a tiempo y sin irregularidades.

De acuerdo con un estudio del BID, apostar a la transparencia y la tecnología ayuda a prevenir la corrupción y con ello disminuir los costos de las obras.

Ya que vigilar la gran cantidad de obras distribuidas en todo el país requiere de estrategias conjuntas, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, está creando vínculos desde la ASOFIS con todas las auditorías superiores locales y con la Función Pública para ampliar la efectividad de la fiscalización.

David Rogelio Colmenares Páramo


Etiquetas:     


Contra la corrupción, el desarrollo

29 / Jun / 2018

Foto ASF-David ColLa coyuntura permite reflexionar sobre un tema que domina México: está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, y durante las campañas electorales que acaban de terminar, fue un tema de coincidencia entre los candidatos que serán votados. Combatirla es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Se multiplican los libros y ensayos en todos los ámbitos en contra de la corrupción; como muestra, recientemente el CIDE publicó una serie de libros sobre el tema, entre los que destacan dos: uno llamado Rendición de Cuentas, y otro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde acaban de publicar un libro –Dinero bajo la Mesa– sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, editado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción; la OCDE sacó su segundo Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización de México, en colaboración con la ASF, y está por salir un buen trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, de Eliseo Rosales.

Desafortunadamente pocos son quienes abordan el tema preventivo de la corrupción; por ejemplo, la recurrencia en las observaciones de las auditorías realizadas a varios entes durante muchos años, siendo la mejor muestra de ello la que se hacía por el pago incorrecto de los sueldos de los trabajadores de la educación y salud, comisionados a las diferentes secciones sindicales. Al respecto, era evidente que se conjuntaban dos factores, el primero como parte del proceso de desconcentración de la administración de los recursos educativos, pactada en 1992, que llevó consigo el reconocimiento de los privilegios obtenidos por cada sección sindical, de acuerdo con una publicación de mayo del mismo año en el DOF. Todo se solventaba con el reintegro de los recursos que generalmente se hacía con recursos estatales.

Afortunadamente con la creación del FONE esto ha desaparecido, ya que las nóminas se elaboran de manera centralizada en la SEP.

Por ello, apostamos a que sea combatido con mayor eficacia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Fiscalización, apoyados por otros instrumentos normativos como son los jurídicos de la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades, entre otras.

Nos falta completar al Sistema, hay espacios pendientes de cubrir, como el nombramiento de funcionarios centrales en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones, retrasados por cuestiones políticas, y aún falta un trabajo más profundo en el rediseño de procesos y acciones que frenen las malas prácticas en el ejercicio del gasto público.

Es un asunto presente en el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en un trabajo de Transparencia Internacional –el Índice de Percepción de la Corrupción 2017– elaborado para 180 países, México ocupa el lugar 135. Según este Índice, los primeros cinco lugares los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, y los últimos, Yemen, Afganistán, Siria, Sudan del Sur y Somalia. Las diferencias están marcadas entre países con niveles de desarrollo importantes, con la satisfacción de las necesidades básicas de su población, destacando la educación y la alimentación; por otro lado, la pobreza, la guerra y la inestabilidad social. No podemos dejar de considerar las condiciones socioeconómicas al analizar el impacto de las políticas públicas y la recurrencia de la corrupción.

En la ASF trabajamos en mejorar el enfoque preventivo, capacitar mejor a nuestros auditores, establecer el servicio fiscalizador de carrera; en suma, en reestructurar la operación de la institución.

David Rogelio Colmenares Páramo


Etiquetas:       


¿Qué discutir en el Sistema Nacional Anticorrupción?

25 / May / 2017

Poco a poco, los distintos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienzan a integrarse; en esta semana, por ejemplo, se llevaron a cabo las entrevistas para los aspirantes a ocupar el puesto de secretario técnico, cuyo nombramiento en los próximos días será de capital importancia para seguir avanzando en esta etapa de creación institucional. En este contexto, en la Auditoría Superior de la Federación llevamos a cabo un proceso de reflexión y análisis respecto a las distintas temáticas que podrían ser de especial relevancia para su discusión en el seno del SNA y que, de considerarse adecuado, sirvieran como insumo para la integración de su Plan de Trabajo.

Concentrar los esfuerzos de una instancia organizativa de la magnitud del SNA en personajes específicos sería, desde nuestro punto de vista, desvirtuar la filosofía que subyace a esta importante iniciativa. Como parte del nuevo esquema de rendición de cuentas, se prevén sanciones severas para infractores, pero su acento recae en la eliminación de los factores que permiten la comisión de este tipo de actos. Abordar estos elementos, desde una óptica transversal y que atienda a los tópicos de naturaleza estructural o los riesgos que enfrentan las distintas entidades que forman parte del aparato gubernamental, debe ser la prioridad del SNA, y para hacerlo necesita de información estratégica que le permita proponer políticas y exhortos que tengan un impacto real en cuanto al abatimiento de las causas de la corrupción, en vez de concentrarse en sus efectos. Con este objetivo en mente, la ASF propondrá una serie de temas específicos que podrían agruparse en cuatro categorías.

La primera tiene que ver con aquellas circunstancias que, al estar tan profundamente enraizadas en la cultura administrativa de distintos entes gubernamentales, sientan las bases para que quienes rinden sus servicios en ellos adopten a la corrupción como un factor más en la conducción de su trabajo. Se refieren a incentivos, intereses, marco de integridad, inercias operativas, colusión con intereses privados, limitantes profesionales, opacidad, discrecionalidad, entre otros.

El segundo grupo está centrado en torno a las acciones que se pueden tomar para actuar de manera preventiva ante la corrupción; reúne a los asuntos a tomarse en cuenta para generar un ambiente de control en el interior de toda institución pública, a fin de minimizar la probabilidad de que se materialice una acción al margen de la legalidad y el interés público. Esto incluye un levantamiento, a nivel nacional, de los principales riesgos que enfrentan las instancias gubernamentales.

En tercer lugar, podemos afirmar que el propio SNA no está exento de la posibilidad de ver afectada su gestión por distintos tipos de riesgos; al ser una instancia que debe predicar con el ejemplo y generar confianza en la opinión pública, es preciso tener bajo estricta supervisión los aspectos operativos del SNA vinculados con el cumplimiento de su mandato constitucional. Finalmente, como resultado de la labor fiscalizadora que realiza la ASF, se han detectado distintas cuestiones en la administración pública que representan factores de riesgo para generar corrupción; en nuestros informes a la Cámara de Diputados hemos sido especialmente insistentes acerca de la necesidad de aplicar medidas para revertir estas tendencias.

La ASF busca llevar a la agenda del SNA temas que abarquen los distintos ángulos y variables que explican la prevalencia del fenómeno de la corrupción. Desde nuestra perspectiva estos asuntos deben incorporar las prioridades en el ánimo social -identificables por distintos medios-. Adicionalmente, debemos evitar ser presa de lo políticamente correcto. Nuestra efectividad debe sustentarse en un análisis técnico y objetivo.


Etiquetas: