Autonomía de auditorías estatales

21 / Sep / 2018

Foto ASF-David ColEsta semana tuve oportunidad de compartir una reunión con el auditor superior de Veracruz, uno de los pocos que van a concluir su gestión, así como con el futuro auditor de Chihuahua, quien fue electo con la participación de una comisión ciudadana conformada por académicos, empresarios y especialistas, la cual se encargó de diseñar una herramienta de evaluación para los candidatos, aceptada por el Congreso local, lo cual puede marcar un hito virtuoso respecto a la selección de los titulares de los organismos de fiscalización superior de los congresos locales, cuya independencia de los poderes locales y su compromiso con la calidad del trabajo fiscalizador deben ser parte fundamental de su desempeño.

No es un tema nuevo hablar de la dependencia que han tenido muchas de las ASOFIS respecto a la influencia que tiene sobre ellos el poder político, sobre todo en el espacio local. Incluso en el caso de los delegados federales ha sido evidente como los gobernadores, excepciones honrosas las hay, por supuesto, determinan quienes han sido los delegados de las dependencias federales, que muchas veces han sido más operadores políticos, y el peso que tienen al proponer a los congresos locales la terna o al candidato para ser el titular del órgano fiscalizador.

También es reconocido que la mayoría de ellos no han terminado los siete años que deberían estar, ya que, con los cambios de gobierno estatal, son obligados a renunciar, y cuando se resisten se han dado muchas presiones para que lo hagan: les meten segundos mandos, los aprietan presupuestalmente e incluso han llegado a desaparecer la Auditoría Superior del estado, creando un órgano alterno con otro nombre.

Ese tipo de actuación ha sido multicolor, lo cual es un obstáculo para el fortalecimiento institucional y un buen resultado de las revisiones que realicen las auditorías superiores de los estados.

En principio deben de ser independientes de los gobiernos estatales, ya algunos lo son; sin embargo, aún faltan muchos para que cumplan adecuadamente con sus responsabilidades. Existen la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, que preside el auditor superior de la Federación. Juntos participan con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que encabezados por la Secretaría de la Función Púbica conforman el Sistema Nacional de Fiscalización, una de las estructuras que forman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se requiere, por tanto, que las ASOFIS tengan autonomía de gestión y autonomía presupuestal, que sean electos a partir de propuestas en que participen los ciudadanos e incluso la propia ASF, encontrando mecanismos que les den seguridad presupuestal.

Esta es una práctica recomendada por la OCDE y el INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con 192 Auditorías Superiores de pleno derecho, de la que forma parte la ASF, la cual además preside las OLACEFS, a nivel latinoamericano. Esta última una organización autónoma, independiente y apolítica.

Para avanzar en el enfoque preventivo, es necesario que desde su selección se use la tecnología y la transparencia en el proceso de selección, y que los nuevos gobernadores y congresos locales comprendan la importancia de que a los auditores se les respete su independencia, y entonces sí a revisar y a prevenir.

La ASOFIS además de tener un esquema de reuniones regionales de manera periódica, son seis zonas, con tareas específicas, celebra reuniones ordinarias privadas de la comisión permanente, que por cierto próximamente celebrará una de ellas.

La coordinación intergubernamental es un instrumento fundamental del federalismo como forma de gobierno. Lo real es que somos un país federalista a medias con muchos espacios centralistas, tenemos que rescatar este concepto y fortalecerlo en todos los ámbitos de la política pública. La auditoría gubernamental es uno de los más importantes.

David Colmenares Páramo


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Autonomía constitucional de la ASF

14 / Mar / 2013

Como parte de la contribución de la Auditoría Superior de la Federación en la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), en días pasados presentamos en El Colegio de México un cuadernillo con nuestras reflexiones: Autonomía constitucional de la ASF. Refiero aquí su contenido y algunas otras consideraciones expuestas en el evento.

El planteamiento a favor de dotar a la ASF de autonomía constitucional tiene como sustento otorgarle el máximo nivel de blindaje legal y proveerla de mayores capacidades sancionatorias. Puesto que también se ha expresado que con tal acción el problema de la corrupción terminaría, la aplicación de sanciones sería efectiva y concluiría la discrecionalidad, debo puntualizar que la autonomía constitucional en sí misma, no es la panacea. Estos problemas sólo pueden ser atendidos a cabalidad mediante una política pública integral de todos los elementos, hoy fragmentados, de nuestro sistema de rendición de cuentas.

En el pasado reciente la creación de órganos constitucionalmente autónomos del Estado, fue para dotar de objetividad e imparcialidad a funciones que antes recaían en el Poder Ejecutivo y que lo ameritaban plenamente. Tales fueron los casos del IFE, CNDH, INEGI y Banco de México. La ASF tiene historia y características diferentes, así como pertenencia al Poder Legislativo, que constituye la representación popular.

Las facultades y atribuciones de la fiscalización superior existen desde el texto constitucional de 1824. En la actualidad, es una tarea encuadrada en el equilibrio de los Tres Poderes de la Unión y sus contribuciones, derivadas de la revisión de la Cuenta Pública, ofrecen nociones fundamentales sobre la gestión pública y la identificación de oportunidades de mejora en el desempeño gubernamental.

En cuanto a sus facultades de sanción, la ASF tiene las mismas atribuciones, que, por ejemplo, los Tribunales de Cuentas de España, Francia y, prácticamente, Brasil. Finca responsabilidades resarcitorias directamente a los responsables de daño patrimonial y promueve sanciones administrativas y denuncias penales ante las autoridades competentes.

Ahora bien, el vigor de cualquier Entidad de Fiscalización Superior (EFS) del mundo, consiste en su grado de autonomía técnica (auditora y de administración interna); de autonomía de gestión frente al ente auditado y toda clase de presiones e influencias externas, y de independencia con respecto a las prioridades del organismo auditado. Por ello, la INTOSAI, máxima organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel mundial y referente principal de nuestras consideraciones, descarta un diseño institucional único y señala que la efectividad de los órganos de fiscalización reside en el aseguramiento de la independencia y la autonomía; la disposición de suficientes recursos materiales y humanos; la utilización de normas de auditoría profesional; el desarrollo de capacidades, y la demostración pública del valor y beneficios del trabajo desarrollado.

En consecuencia, es fundamental ponderar el estado que guarda la fiscalización superior y valorar sus acciones, tendiendo como fondo las reformas constitucionales y legales realizadas en el pasado, que han fortalecido sus funciones y capacidades. Nosotros sostenemos que la ASF cuenta con las condiciones necesarias para cumplir sus tareas de manera neutral, con un trabajo eminentemente técnico y distante de cualquier presión externa.

La ASF ha alcanzado un sano y fructífero equilibrio en su relación con la Cámara de Diputados, basado en el permanente ejercicio de una irreprochable función técnica que tiene como escenario la arena de la política nacional. Conviene traer a colación que las instituciones de fiscalización superior de mayor prestigio y efectividad en el mundo dependen, por igual, del poder legislativo de sus países.

El año pasado fueron remitidas al Senado modificaciones constitucionales aprobadas por la Cámara de Diputados para ampliar, fortalecer y hacer más oportuna la labor de la ASF. Además, hemos impulsado desde 2010 que todos los órganos de supervisión y revisión se articulen funcionalmente en un Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). La meta es llevar a cabo un trabajo con un esquema unitario de principios, visión, estándares y capacidades técnicas en los tres órdenes de gobierno.

Desde nuestro punto de vista la evolución de la fiscalización superior en México ha sido positiva y el trabajo acreditado a la luz pública atiende con el mayor énfasis las tres condiciones del mejor modelo establecido por la INTOSAI: 1. Desarrollo de funciones alejado de presiones e influencias externas; 2. Emisión de informes de auditoría con impacto en la actividad legislativa, y 3. Consideración en un lugar destacado por la opinión pública.

En el momento actual me inclino por los cambios legales que garanticen el curso seguido por la fiscalización, puesto que no advierto indispensable una autonomía constitucional que conllevaría implicaciones de relevante consideración para nuestro sistema democrático en sus pesos y contrapesos entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por último, tengo la convicción de que el fortalecimiento de la rendición de cuentas debe sustentarse en mecanismos como el SNF, la creación de una instancia autónoma para la aplicación de sanciones, la aprobación de las modificaciones constitucionales pendientes y la emisión de una ley general para el gasto federalizado.


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