El Sistema Nacional de Fiscalización ante desastres

14 / Sep / 2017

La semana pasada se presentaron diversos fenómenos naturales que nos han hecho recordar el alto grado de exposición de nuestro país a una gran variedad de eventos geológicos e hidrometeorológicos que se pueden traducir en pérdidas económicas y humanas muy considerables. En esto, como en la totalidad de las actividades sociales, el riesgo puede ser minimizado en la medida en que existan mecanismos de prevención, preparación y atención de emergencias.

Es importante mencionar que la presencia de auditores gubernamentales donde se llevan a cabo las labores de rescate y auxilio a la población, podría entorpecer el buen desarrollo de las mismas; se requiere, por lo mismo, una actitud prudente y con sentido de oportunidad, ello en ningún modo se puede traducir en pasividad.

A primera vista, el papel de los entes fiscalizadores, en estos casos, se limitaría a la mera revisión del cumplimiento de las metas de protección civil, así como a la verificación de la gestión de los recursos en las etapas posteriores al siniestro, con el fin de cerciorarse que fueron utilizados bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

En este contexto, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), que es presidido de manera dual por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió, como parte de sus estatutos, la gestión de temas emergentes, entre los que se puede considerar la participación de la auditoría gubernamental en la fase preventiva, de atención y reconstrucción, relacionadas con un desastre natural.

Una práctica innovadora y con visión proactiva que la ASF propone desarrollar, junto con la SFP, es la implementación de un programa de creación de capacidades para los responsables de las acciones ulteriores a los eventos del huracán Katia y el sismo del 7 de septiembre de 2017.

En particular, se pretende promover capacitación expedita a los gobiernos estatales y municipales involucrados, con el fin de proporcionarles referencias técnicas y operativas concretas que, al ser implementadas, minimicen la posibilidad de desvíos, sobrecostos y asignación ineficiente de recursos, entre otras problemáticas potenciales.

Podemos destacar, por ejemplo, la definición y aplicación de tabuladores homogéneos de mano de obra; el establecimiento de procedimientos adecuados para la facturación de materiales; la necesidad de fijar especificaciones mínimas de calidad con sustento técnico; la estandarización de formas de pago de los trabajos a desarrollarse, así como las medidas pertinentes de control para el seguimiento y supervisión de las obras.

Eventos tan desafortunados como los que hoy ocupan el interés de la opinión pública han sido percibidos como espacios en los que, para mayor agravio de las víctimas, se pueden registrar manejos irregulares ante la ausencia de un ambiente de control que conlleve la detección de los mismos y, en su caso, la aplicación de medidas correctivas.

Estas situaciones no deben producirse, puesto que minan el esfuerzo auténtico que muchas organizaciones e instituciones públicas desean hacer para ayudar a quienes resultan damnificados. Por ello, la máxima transparencia en el manejo de recursos y el establecimiento de esquemas que permitan su mejor uso debe ser la norma para enfrentar este tipo de contingencias. El SNF debe constituirse en un foro que atienda esta temática.


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Convenio PGR-ASF: un paso adelante

27 / Abr / 2017

En una construcción, a las primeras etapas consisten en asentar la cimentación y erigir los componentes estructurales; distintos elementos van añadiéndose posteriormente para incrementar la resistencia del edificio y dotarlo de funcionalidad. Recurro a este símil para destacar la importancia de una de las primeras acciones concretas de cooperación interinstitucional en torno a la puesta en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la firma de un Convenio General de Colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 25 de abril.

No es primera vez en que dos entidades públicas acuerdan, de manera formal, establecer un marco que permita la creación de sinergias en torno a un objetivo común; lo que hace a este Convenio cualitativamente diferente es que tiene un encuadre de mayor envergadura que incluye a entidades de los tres Poderes de la Unión y se relaciona con una expectativa ciudadana muy concreta; reducir la impunidad. En este caso, los actores son el ente fiscalizador a nivel federal y la instancia encargada de representar el interés de la Nación en los procedimientos judiciales a que haya lugar para perseguir y sancionar actos de corrupción.

Ha sido un tema recurrente entre distintos analistas y formadores de opinión el concepto de dotar a la ASF de “dientes” para que pueda aplicar medidas punitivas como parte de su actuación; sin embargo, la auditoría gubernamental, por la mera razón de la imposibilidad de ser juez y parte, siempre se ha mantenido separada de la aplicación de este tipo de acciones que, por naturaleza, deben atenderse en el ámbito judicial.

Es por ello que el Convenio en comento representa, para ambos firmantes, la posibilidad de alcanzar un nivel superior en su interacción, al mostrar el valor que tienen las observaciones y los hallazgos derivados de la fiscalización superior para disuadir la comisión de actos irregulares o corruptos y la manera en que su confiabilidad representa un elemento de convicción irrefutable en la presentación de los argumentos del fiscal ante un juez en la prosecución de una denuncia de hechos.

La implementación del sistema penal acusatorio y los juicios orales demandarán que, en determinados casos, la autoridad fiscalizadora sea requerida en los procesos, por lo que será indispensable que exista un excelente nivel de cooperación con la PGR, con el fin de poder defender, de manera efectiva, el interés de la ciudadanía. El Convenio permitirá que esta interacción pueda darse en los mejores términos.

Hemos afirmado que el SNA busca, primordialmente, prevenir que existan condiciones estructurales en el ambiente en el que opera el sector público que posibiliten la corrupción, en vez de buscar abatir este fenómeno exclusivamente a través de sanciones; dentro del contexto del SNA, la vertiente punitiva encontrará una nueva fuerza, puesto que estará integrada a un ámbito sistémico, lo que le permitirá tener un efecto multiplicador respecto a otros casos, operar efectivamente como un disuasivo y contribuir al principio constitucional de justicia pronta y expedita.

Lo que la ASF aportará en materia de evidencia deberá reflejar el perfil eminentemente técnico de su actuación, derivado de los principios de autonomía e independencia que son la base de la credibilidad de sus resultados. La mejor señal de que nuestro trabajo aporta un valor y un beneficio a la ciudadanía no pasa por el número de acusados o de condenas, sino por la existencia de un pleno aprovechamiento de los recursos destinados a atender las necesidades de la sociedad, caracterizado por la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la acción gubernamental.


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Comité Coordinador del SNA: un inicio histórico

30 / Mar / 2017

El próximo martes 4 de abril tendrá lugar un evento que marcará un antes y un después en materia de coordinación gubernamental y participación ciudadana: en esa fecha se instalará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana -quien, a su vez, lo presidirá-, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es importante entender que la arquitectura del SNA refleja una serie de postulados -en su mayoría inéditos en la gestión gubernamental de nuestro país- que hacen patente un nivel de compromiso y de integración cualitativamente distinto a los que hasta ahora se habían emprendido para abordar el tema de la corrupción.

De manera muy ostensible, se da a la participación ciudadana un rol operativo en el diseño y la conducción de esta estrategia de Estado; representa a la vez a aquellos sectores que se ven afectados por este fenómeno, pero también a la corresponsabilidad en la que han incurrido distintos actores de la sociedad en el establecimiento de relaciones irregulares con el ámbito gubernamental.

Las vertientes de la auditoría gubernamental, la interna, vinculada con la labor de las contralorías y los órganos de control interno, y la externa, a cargo de las entidades fiscalizadoras superiores, jugarán un papel de la mayor importancia, además de los temas de su competencia, en la detección de riesgos y áreas del ejercicio gubernamental que presenten vulnerabilidades a la corrupción; de hecho, sería indispensable que toda institución oficial, pero también todas aquellas empresas con una relación significativa con el gobierno, definan sus respectivas áreas de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades, y las hagan del conocimiento público.

Las distintas instancias legales que forman parte del SNA, por su parte, introducirán importantes modificaciones en la manera de impartir justicia, de manera expedita, ante casos que requieran desde una sanción de tipo administrativo hasta la conducción de juicios penales en contra de los presuntos infractores. Cabe señalar además la importancia que se da a la transparencia y al acceso a la información en las acciones anticorrupción, representada por la participación de la máxima institución en la materia.

El éxito de este esfuerzo institucional, que entra en el interés de toda la nación, no debe verse empañado por actitudes que, más allá de ser una crítica bienintencionada, parecen más un afán de protagonismo, o de resentimiento respecto a los resultados de un proceso en el que, de manera excepcional, se ha procedido con plena transparencia y pulcritud. Precisamente, el protagonismo puede erigirse en el peor enemigo del SNA; ya sea que se manifieste en su interior o provenga del exterior. No se trata de ventilar una indignación alimentada por frustraciones personales de quienes pretenden asumir una actitud de superioridad moral, sino de aportar y participar con ideas concretas, a través de los canales institucionales establecidos al efecto. Basar la argumentación en meros recursos retóricos, ya muy dichos, es cosa del pasado.

Todos tenemos el derecho de pronunciarnos, aun de manera superficial, respecto a los méritos y a los defectos de crear, desde cero, un aparato de la envergadura del SNA; sin embargo, tanto el momento histórico como la propia sociedad, reclaman, de todos aquellos interesados en la rendición de cuentas en nuestro país, una actitud objetiva, madura y constructiva. El escepticismo es válido cuando está sustentado en conceptos e ideas técnicamente sólidas, no en información parcial, fuera de contexto y que, en resumidas cuentas, muestra hostilidad hacia un proyecto de la mayor importancia para México. Debemos concentrarnos, todos, en que los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Fiscalización y Anticorrupción, inicien su actuación; dejemos atrás cualquier otra consideración.


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