07 / Sep / 2018
Los Fondos de Aportaciones, inscritos en el Ramo 33 del PEF, están en la Ley de Coordinación Fiscal desde 1998, seis años después del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica de principios de 1992, igual que un decreto firmado por gobernadores y los líderes del SNTE y la SEP, que formalizó las malas prácticas de los logros alcanzados por cada sección sindical en los estados. En ese momento, alrededor de la mitad de las entidades federativas tenían un sistema, hoy le llaman subsistema de educación básica estatal, pagado con recursos estatales, siendo en varios estados abrumador, como en Chihuahua, Baja California, Edomex y Veracruz, que destinaban más de la mitad de sus ingresos de participaciones, el 60 por ciento en algún caso, contando con facultades impositivas de bajo potencial recaudatorio, debido a la concentración de facultades impositivas en el gobierno federal a partir de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nació en 1980, dejando en suspenso impuestos que la Constitución les permite utilizar. Y lo hicieron porque se intentaba también un mejor reparto de los recursos de libre disposición, en apoyo a los estados de menor desarrollo económico y social. La entidad que tenía el sistema educativo estatal más grande era el Estado de México; sin embargo, desde 2005 se le empieza a ayudar, dejando que los recursos que le sobraban en el subsistema federal pudiesen gastarlo en el subsistema estatal.
Desde 2008, apenas 16 años después de la creación del acuerdo, se crea una fórmula para la distribución de los recursos del FAEB, en 2008, totalmente regresiva para los estados de menor desarrollo económico, que favorecía a las entidades con mayor población y que tenían subsistema estatal, principalmente al Estado de México, a costa de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros que no recibían correctamente los recursos pactados desde 1992.
Debe quedar claro que ni el FAEB ni ninguno de los recursos de los fondos del Ramo 33 son concurrentes, de ahí la equivocación de quienes hablan de que algunos estados aportan más recursos que otros. Subrayo, lo gastan en los subsistemas estatales, como en el caso de Oaxaca: la administración anterior decidió gastar 500 millones al año en uniformes y se registró como gasto en educación, pero nunca concurrente al FAEB, hoy FONE.
Uno de los factores para ayudar a los estados con sistemas propios fue que la fórmula seguida distribuía otros factores: la población en edad escolar, no sólo la matrícula de las escuelas públicas financiadas por el FAEB, además sumaba a los niños de escuelas del subsistema estatal y las privadas, lo que constituía un subsidio a los subsistemas estatales, particularmente del Estado de México y en mucho menor medida Puebla. Hubiera sido positivo si esto se hacía con recursos federales adicionales y no a costa del gasto de los estados en el subsistema federalizado. Adicionalmente, el 20 por ciento de “calidad educativa”, concepto que nunca se definió, se sumó al indicador de la población.
Incluso en la aplicación de la fórmula para el presupuesto no se hacía con la del final del proceso, que incluía la inflación y los aumentos salariales, polarizando aún más la distribución de los recursos entre las entidades con más gasto propio e incrementando los déficits de los gobiernos estatales y, por lo tanto, las observaciones de la ASF a los mismos por el retraso en los pagos a terceros institucionales.
Es un tema que tendrá que revisarse en el futuro, ya que hoy con el FONE, que está vivo desde 2015, tienen cuatro subfondos, uno de ellos es para compensar a los estados que “perdieron con el cambio de fórmula” al centralizarse las nóminas en la SEP, lo que no incluyó a los maestros estatales, pero la compensación se concentra en un solo estado.
David Colmenares Páramo
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Etiquetas: Educación Básica FAEB FONE PEF Ramo 33 SEP SNTE
31 / Ago / 2018
Esta semana se reunieron la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas que comentaron, según los medios de comunicación tiene que ver con su preocupación sobre la existencia de los coordinadores estatales, que sustituyen la figura de las delegaciones estatales, con una preocupación manifiesta sobre el federalismo. En lo personal comente en reciente entrevista que yo no lo veía mal, tanto para ahorrar recursos presupuestales, como para evitar que persistiera una figura nociva, como era la dependencia de los delegados de la mayor parte de los gobernadores.
De hecho, hoy los delegados de Gobernación son los jefes de los delegados federales y generalmente han sido nombrados con el palomazo o la recomendación de los gobernadores en turno, con lo que de hecho se convierten en operadores políticos de los mismos. Yo mismo llegué a ser no delegado, sino representante en materias de administración tributaria a nivel regional, así como de una institución de banca de desarrollo y fui objeto de intentos de veto por parte de dos gobernadores, lo que afortunadamente no prospero, pero en casi todas las delegaciones de las dependencias federales, generalmente así sucede.
Es evidente y así lo veo he comentado, que las delegaciones, no manejaran recursos, las participaciones porque son recursos propios, en efectivo de los gobiernos estatales que son producto del pacto fiscal que hizo que dejaran en suspenso el cobro de impuestos importantes que la Constitución no les prohíbe, recibiendo a cambio una participación de la cobranza que hace el gobierno federal, hoy a través del SAT. Pero hoy las puede auditar la ASF. Además dijo el Presidente electo que las delegaciones federales actuaran con absoluto respecto a la soberanía de los estados y no estarán p0r encima de las autoridades locales.
Las aportaciones que sí son recursos federales condicionados destinados a salud, educación, seguridad, combate a la pobrez,a esto es las aportaciones del Ramo 33 y subsidios como el seguro popular serán siendo ejercidas por los estados, pero ahora con una vigilancia preventiva por parte del personal técnico de la coordinación regional federal, lo que ayudara a inhibir conductas incorrectas.
A nivel municipal las acciones centralistas que padecen son mayores, por ejemplo en la parte fiscal, en muchos casos sus participaciones no son pagadas de acuerdo a Lay de Coordinación Fiscal, esto es en tiempo y forma, completas, en efectivo y no condicionadas, hay toda una historia de ejemplos de abusos estatales contra los municipios, a pesar de que hubo un momento que 22 gobernadores habían sido antes ex presidentes municipales.
Por otra parte haciendo un recuento presupuestal, con datos de la CP 2017, la que se esta auditando, para el uso de las delegaciones de SAGARPA, su costo fue de 3,296 millones de pesos y la de las de SEDESOL de 3,269 millones, siendo no homogéneo el costo por supuesto. En muchos estados hay mas de 60 delegaciones actualmente, el fin será reducirlas.
Por supuesto habrá que diferenciar aquellas que dan servicio directo al público, que no son delegaciones, por del SAT que nunca ha tenido delegados, pero si las Administraciones Locales de Recaudación, Auditoria Fiscal, Jurídico y Aduanas, o las que dan servicios como los de Relaciones Exteriores, entre otros, así como los que ejecutan obra directamente.
Por otro lado, es cierto los estados tienen sus oficinas de representación en la CDMX y en los municipios, a nivel regional muchos tienen delegaciones de gobierno.
Por otra parte, todavía no conocemos el proyecto definitivo, pero lo que apunta, creo será positivo y ayudará a mejorar y ser más transparentes en el ejercicio del gasto y en la inhibición de conductas indebidas, lo cual es un apoyo a la fiscalización superior.
David Colmenares Páramo
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Etiquetas: AMLO CONAGO SAGARPA SAT SEDESOL SEGOB
24 / Ago / 2018
Un tema recurrente desde hace algunos años tiene que ver con el creciente endeudamiento de estados y municipios. Sin embargo, no todos están endeudados y un número importante no es sujeto de crédito, de ahí la concentración que se observa del endeudamiento de unos cuantos respecto al total.
Este tema, el del endeudamiento, ha sido referente en los últimos años y causa de muchos escándalos mediáticos.
A marzo de 2018, la deuda acumulada de estos dos órdenes asciende a 528 mil millones de pesos, que contrastan con los 160 mil millones de 2006.
Existe una relación inversa respecto al ritmo de crecimiento de los ingresos totales de los estados, fundamentalmente las participaciones calculadas de acuerdo con la recaudación de los impuestos federales coordinados.
El problema de la deuda más que su monto, es la relación respecto a tres variables fundamentales: el PIBE, las participaciones y los ingresos totales:
1.- Respecto al PIBE, el promedio es de 2.4 por ciento, con datos de la UCEF, siendo del 7.0 por ciento en el caso de Chihuahua, 6.0 por ciento en el de Quintana Roo, 5.4 Chiapas; y arriba del 4.0 por ciento, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Coahuila. Con cifras inferiores al uno por ciento están 6 entidades, destacando prácticamente sin deuda Tlaxcala, Querétaro y Campeche. Pero hay algunos que bajo el criterio de que los PPS no son deuda, no la integran como tal, pero se trata de obligaciones financieras que afectan el presupuesto estatal.
2.- En relación a las participaciones, el promedio es de 81 por ciento, destacando negativamente Chihuahua, con 261 por ciento; Coahuila, 247; Nuevo León, 237; Quintana Roo, 230, y Sonora, con 134 por ciento.
3.- Finalmente respecto a los ingresos totales, a niveles superiores al 100por ciento, están Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La CDMX está en 42 por ciento, ya que es la única entidad que recauda más de lo que recibe por transferencias de libre disponibilidad.
Esto demuestra una concentración de la deuda en unos cuantos estados. Es más, las cinco más endeudadas, en sus diferentes variantes, concentran más de la mitad del endeudamiento subnacional, y sus relaciones anteriores están en función de sus ingresos propios sumados a las participaciones.
Lo mismo sucede a nivel municipal, donde la deuda se concentra en los municipios de cinco entidades federativas: Jalisco, México, Nuevo León, Baja California y Sonora, que suman 204 municipios con deuda pública. Y si sumamos los de otros cinco estados, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Quintana Roo, con otros 242 municipios, entre ellos 200 de Veracruz, los primeros diez significan tres cuartas partes de la deuda local.
La deuda municipal total, a marzo de 2018, asciende a 45 mil millones de pesos, cifra inferior al endeudamiento de Nuevo León, por ejemplo, lo que significa que el endeudamiento es más un fenómeno subnacional, donde los cinco estados más endeudados tienen más de la mitad de la deuda estatal.
Se han dado verdaderos atropellos a las finanzas estatales, respecto a endeudamiento irresponsable por parte de algunos estados, profundizando ante la sociedad a partir del conocimiento, en 2011, del endeudamiento oculto de Coahuila, que terminó con funcionarios federales responsables del registro de deuda pública en la cárcel, absueltos posteriormente, y ninguno estatal. Esa deuda de corto plazo, mucha falsificando la aprobación del Congreso local, se regularizó mediante una reestructura, convirtiéndola en deuda de largo plazo, sin haber pasado nunca por la aprobación del Congreso, quedando como testimonio el deterioro de las finanzas de ese estado.
Por eso la importancia de que la ASF ya esté hoy auditando deuda pública estatal y municipal. Temas para auditar son vastos, destaca el registro de deuda pública, la aplicación de la deuda y monitorear el semáforo derivado de la Ley de Disciplina Financiera.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Deuda Deuda estatal Deuda municipal Ley de Disciplina Financiera
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