19 / Oct / 2018
Hace dos días tuve oportunidad de participar como invitado en la instalación de dos comisiones importantes de la Cámara de Diputados, la de Transparencia y Anticorrupción, así como la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En el caso específico de la Comisión de Vigilancia, desde 1997 operó un mecanismo de contrapesos –como señala Luis Maldonado en la Memoria de actividades de la anterior comisión–, en el que los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, así como el de la Comisión de Vigilancia, recaían en figuras independientes del Poder Ejecutivo.
La configuración de cada comisión ofrece una nueva oportunidad para renovar el rol del Poder Legislativo en los procesos de rendición de cuentas y transparencia. Para la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto es la oportunidad de reforzar una interacción eficaz con la Comisión de Vigilancia, encabezada por el diputado Mario Alberto Rodríguez, el octavo desde que Fauzi Hamdan fuera el primero, hasta el anterior que fue Luis Maldonado.
Muy relevante fue la disposición manifestada por los nuevos integrantes de la comisión para el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, que opera al margen de cualquier distingo partidista o político, al ser un órgano técnico cuya función es combatir con eficacia la corrupción.
El éxito del trabajo conjunto de ambas instancias, garantiza el carácter técnico, la autonomía de gestión y el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que se verán reflejadas en la calidad de las auditorías que lleva a cabo en todos los poderes, en todos los órdenes de gobierno, en los organismos autónomos. De hecho, prácticamente ningún organismo público debe o debería ser inmune a la fiscalización de la Auditoría.
Es evidente que el gasto en fiscalización es una inversión cuando los resultados se reflejan en la recuperación de los recursos desviados o mal utilizados, pero sobre todo cuando a partir de las acciones del ente fiscalizador y las instancias judiciales, se inhiben las acciones de corrupción y desvío en el uso de los recursos públicos. Esto es a partir del enfoque preventivo.
Además, el propósito de esta coordinación, desde mi perspectiva, debe ser fortalecer los mecanismos que permitan que la información, productos y resultados de la labor de la ASF sean utilizados por la Cámara de Diputados como un recurso estratégico en las deliberaciones y toma de decisiones en distintas vertientes, destacando las presupuestales, iniciativas de ley o modificaciones legales.
De ahí la importancia de la fiscalización en tiempo real.
La lucha contra la corrupción tiene que tener resultados concretos, y en esto la relación con la Comisión de Vigilancia es definitiva, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, cubriendo los espacios vacíos como el de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Un tema relevante en este momento, así como una oportunidad para la fiscalización, es coadyuvar en la observancia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que aunque no forma parte del paquete normativo que sustenta el Sistema Anticorrupción, es un ordenamiento fundamental en el ambiente de control, así como lo es la Ley de Armonización Contable, ya que coadyuvan a una gestión más responsable y sostenible de las finanzas públicas.
Al respecto, un tema que deben tomar en cuenta las autoridades municipales en el ejercicio de los recursos de las transferencias federales, incluso las del llamado Ramo 33, el FAIS, el FORTAMUN y el FORTASEG, es que deberán aplicarse en su ejercicio oportuno a las reglas de la Ley de Disciplina Financiera, que los obliga a reintegrar a la TESOFE los recursos remanentes de las transferencias federales etiquetadas y comprometidas, y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas.
David Colmenares Páramo
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Etiquetas: CVASF
12 / Oct / 2018
Esta semana se ha desarrollado en Buenos Aires la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que preside la Auditoría Superior de la Federación de México. Con tal representación revisamos una agenda amplia, destacando la integridad en las compras públicas y la fiscalización superior de empresas del Estado y Asociaciones Público Privadas (APP), analizando riesgos y obstáculos.
Es necesario renovar la visión de la fiscalización superior en los países de la región, considerando las exigencias ciudadanas para contar con información sobre cómo utilizan los gobiernos los recursos públicos, partiendo de la base de las diferencias naturales de nuestros países, con niveles de desarrollo y estructura económica y política diferentes. En la lucha contra la corrupción es muy útil compartir experiencias y los riesgos a que nos enfrentamos.
Fue relevante la participación del presidente de la INTOSAI, nuestra organización internacional, presidida por el titular de los Emiratos Árabes Unidos.
Pudimos compartir con los colegas latinoamericanos el proceso de fortalecimiento y reestructuración que se ha emprendido al interior de la Auditoría Superior de la Federación. Ha llamado la atención el establecimiento del área encargada de darle seguimiento a las acciones de auditoría, separada de los equipos auditores, como una medida que reduce los riesgos de corrupción en el trabajo de fiscalización, que ha sido calificada por la OCDE como una buena práctica en materia de fiscalización. De la misma forma, ha generado una buena recepción el enfoque multidisciplinario que se imprime a las actividades sustantivas de la institución.
En las discusiones técnicas de la Asamblea se tocó el tema de compras públicas y el rol de las entidades fiscalizadoras superiores. Se ha subrayado la relevancia que tienen las adquisiciones en el sector público, como un medio para satisfacer las necesidades ciudadanas que sólo pueden ser atendidas por el Estado.
Al respecto, se puede destacar la necesidad de que las entidades fiscalizadoras superiores promuevan la implementación de procesos de planeación en las compras públicas, ya que sin una adecuada planeación, las compras estarán alejadas de los objetivos planteados. Otro aspecto relevante es la importancia del concepto de integridad en el ámbito de las compras públicas, lo que debe ser visto como un factor presente en la operación cotidiana de las instituciones.
Se puso énfasis en la necesidad de la profesionalización efectiva en el área de las compras gubernamentales, que el servicio fiscalizador o profesional de carrera no sea un concepto abstracto.
En la sesión de ayer consideramos el tema de las Asociaciones Público Privadas, presentadas por Uruguay. Quedan claras nuestras facultades para fiscalizarlas, aunque como en el caso mexicano se pueden presentar resistencias, pero lo cierto es que al generar obligaciones financieras automáticamente son sujetas de fiscalización.
Vimos la importancia de los lineamientos para la mejor práctica en la auditoría del financiamiento público/privado y concesiones, con sus diferentes etapas que van desde la definición del proyecto, su licitación, el contrato y la fase operativa, y los obstáculos, como la falta de determinación de riesgos financieros, deficiente control interno y de calidad del gasto público, contratos directos a consultorías, gestión y promoción de proyectos deficientes o inadecuados, y retraso en el avance de los proyectos.
En la experiencia de las APPS en la Comunidad Europea, se observa que no siempre se lograron sus beneficios potenciales de manera eficaz, hubo casos de análisis inadecuados y enfoques poco idóneos, y el marco institucional y jurídico aún no está adecuado correctamente.
David Colmenares Páramo
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05 / Oct / 2018
Aunque en la Constitución somos un país federal, en algunos espacios de las políticas públicas tendemos a ser un país cada vez más centralizado. Por razones centrales, pero también por descuido de los propios congresos estatales, muchas facultades las han ido perdiendo o las han abandonado; y a pesar de que tienen una organización de congresos locales, no han reaccionado a temas centrales para el desarrollo municipal y de las finanzas públicas en particular.
Durante mucho tiempo fue frecuente escuchar que los estados y municipios, al ejercer su gasto público, no eran fiscalizados; sin embargo, claro que sí lo eran, por los órganos de fiscalización de los congresos locales. Por lo anterior me resulta interesante la difusión, en agosto de este año, del Informe Legislativo 2018 del IMCO.
Quienes hemos vivido en alguna entidad federativa sabemos del potencial que puede y debe tener el desempeño de los congresos locales, el cual muchas veces está lejos de que lo alcancen, con honrosas y respetadas excepciones. Desgraciadamente también han sido espacios de opacidad y de desatención de los temas fundamentales del trabajo legislativo, y se han dedicado a ejercer recursos en “gestión social”, que como señala el IMCO, “representan el 14 por ciento del gasto de las legislaturas locales. Es decir, los diputados de 25 congresos locales ejercieron mil 915 millones de pesos, en 2017, en tareas ajenas a atribuciones parlamentarias”.
Para fortalecer el federalismo es necesario fortalecer a los congresos locales, hay temas que muestran la necesidad de homologar las prácticas y reglamentos interiores de los congresos, así como la legislación estatal, armonizándola con la federal.
Por ejemplo, el número de comisiones: en algunos estados hay muchas ordinarias que sobrepasan lo razonable, en algún estado es de 42 comisiones y en otro son 24, pocas de ellas tienen que ver con la realidad de la entidad; en Coahuila sería razonable una Comisión del Desierto, pero en Guerrero, no.
Por ello, la reconstrucción del federalismo requiere de un gran esfuerzo local y federal que mantenga la homogeneidad en el Poder Legislativo local.
También está el tema de los catálogos de cuentas a nivel local y estatal, que ha legislado cada congreso local, diferentes a los federales, a pesar del gran esfuerzo en materia de armonización contable. Esto se vigila desde la ASF.
Ya mencionaba lo referente al concepto de gestión social o a favor de terceros, recursos que son administrados y ejercidos directamente por los diputados, que son destinados a grupos sociales, con una alta dosis de interés político. Pero se ejercen sin diagnóstico, planeación, registro de beneficiarios; en suma, con alto grado de discrecionalidad y opacidad, lo que introduce dudas entre los ciudadanos de su correcto uso.
El tema de transparencia debe ser la punta de lanza para la evaluación del desempeño legislativo. Lo anterior al margen de que sería importante que los propios órganos técnicos de fiscalización revisasen la veracidad de la información.
Si en los gobiernos estatales y más en los municipales carecen de una administración pública moderna, es evidente destacar la necesidad de que se trabaje en temas como el impulso al servicio profesional de carrera en los congresos locales y la creación de centros de estudios, entre otros aspectos.
Otro tema es de la homologación legislativa, esto es de sus leyes, reglamentos y normas, como lo que ya se ha hecho en algunos estados, respecto a la legislación ambiental.
Por ello, en la ASF se ha creado una Unidad de Homologación Legislativa, con la que se busca tener una incidencia técnica en el impulso y participación en la homologación de la legislación de las entidades y municipios que se relacione con la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
David Colmenares Páramo
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