22 / Mar / 2019
Es sabida la dependencia que existe por parte de los órdenes estatal y municipal de las transferencias condicionadas y no condicionadas para integrar sus presupuestos, mismos que con datos de la Cuenta Pública (CP) 2017 ratifican que reciben un promedio de 90 por ciento de las transferencias federales –participaciones y aportaciones– y entre nueve y 10 por ciento de los ingresos propios; claro, al ser un promedio hay estados que apenas llegan al cinco por ciento, como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Morelos. Hidalgo no llega ni al cuatro por ciento, igual que Chiapas y Guerrero.
Yo vería tres razones, por un lado, en su mayoría tienen un gran número de regiones de pobreza y pobreza extrema, hay una fuerte evasión fiscal y una débil administración tributaria, pero también hay desinterés fiscal; esto es, prefieren que otro orden cobre para evitarse lo que erróneamente llaman “el costo político de recaudar”, como cuando eliminan impuestos como la tenencia y después iban –espero que ya no– a la Secretaría de Hacienda a pedir apoyos extraordinarios, que salían del Ramo 23.
En el otro extremo está la CDMX, que en los últimos tres sexenios ha logrado niveles muy altos de recaudación, que está alrededor del 50 por ciento, igual estados agobiados por el gasto con recursos propios en educación básica, como Baja California, Chihuahua o Nuevo León, que tenían que recaudar más, ya que llegaron a destinar más del 60 por ciento de sus participaciones para gasto educativo.
Sin embargo, en la CP 2017 aparece Guanajuato, con el 19 por ciento; Estado de México, con el 17; Querétaro, con el 16; Chihuahua, con el 15, y Nuevo León, el 13 por ciento. En la gestión anterior Campeche llegó a recaudar hasta el 18 por ciento de sus ingresos totales; hoy, apenas el 10.
Por ello la aspiración del Congreso por contar con tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, el tema es cómo podemos lograr que tengan más recursos los estados y los municipios, a partir de un esfuerzo nacional, no a costa de las finanzas federales. Ello implica una revisión de la distribución de facultades tributarias, la modernización de las haciendas locales, de una mejor planeación del gasto público con miras a un equilibrio presupuestal –claro hay algunas que ya lo tienen y pueden recaudar con la misma o mayor eficiencia que el sistema centralizado.
De ahí la importancia del “Foro entre legisladores en materia hacendaria: reformas a las haciendas públicas”, al que convocan las comisiones unidades de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con otros como la Comisión de Vigilancia, la de Federalismo y Desarrollo Municipal, la de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la Fundación Westminster para la Democracia y la Auditoría Superior de la Federación, que se llevará a cabo el 8 de abril.
Habrá dos ponencias magistrales, la de Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, quien fue en otro tiempo secretario de Finanzas del entonces DF, y la de Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, ambos conocedores de la temática del foro, y por cierto mis colegas y amigos.
Habrá cinco mesas de trabajo en las que participarán legisladores y tres de los auditores especiales de la ASF, en el tema del control y vigilancia en el ejercicio del presupuesto: Emilio Barriga, Agustín Caso e Isaac Rojkind, junto con el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado. Y la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Pilar Ortega. Claudia Corichi, presidenta del Comité de Género de la ASF, estará en el tema de presupuesto con perspectiva de género.
David Colmenares Páramo
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15 / Mar / 2019
Esta semana, al participar en el Foro Internacional Mejores Prácticas de Materia de Fiscalización, evento coordinado por la diputada Aleida Alavez, miembro de la Comisión de Vigilancia, con intervenciones del presidente de la Comisión, Mario Alberto Rodríguez, hice comentarios sobre el interés que muchos hemos advertido desde hace algunos años, sobre cómo fortalecer la autonomía e independencia, así como la operación de las auditorías superiores de fiscalización de los estados, que son y pueden ser más eficientes en el combate a la corrupción, a través de la vigilancia del gasto público, los ingresos y la deuda de estados y municipios, sobre todo con una estrecha coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Las autoridades superiores de los congresos locales y la Auditoría Superior de la Federación constituyeron, desde 1983, la ASOFIS, que es el la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y control Gubernamental. Con las reformas de 2015 se da base legal a su existencia y así ambas forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización, con la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de las entidades federativas.
La ASF participa así en los tres sistemas, pero para fortalecer su participación necesitamos mejorar la percepción de los entes fiscalizadores locales ante los ciudadanos, esto es entidades de fiscalización locales fuertes, con autonomía de gestión, con independencia de las autoridades estatales, lo que incluye la autonomía presupuestal, que es fundamental para ello.
Su tiempo de permanencia es de periodos no menores de siete años de acuerdo con el artículo 116, fracción segunda, de nuestra Constitución Política. En seis estados el tiempo es de ocho años, pero en otros renuncian o los presionan para que se vayan antes de tiempo, cuando cambian los gobiernos estatales y hay métodos de todos los colores. Hay casos diferentes, los menos, donde los auditores superiores se han mantenido por un tiempo, aun con cambios de gobierno.
Por ello la preocupación respecto al cumplimiento de la permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, porque a veces parece que algunos gobernadores nuevos quieren un auditor a modo, por supuesto que hay excepciones, cuando lo sano es que sea profesional e independiente.
En las visitas que realizamos a las mismas en los estados, hemos encontrado gran entusiasmo entre los trabajadores de las auditorías locales, experiencias exitosas, que se socializan en las reuniones regionales de ASOFIS, como el encuentro regional que hoy se da en Tabasco con la participación de la auditoría de gasto federalizado, en un proceso de capacitación a cuatro estados. Iniciaremos pronto una evaluación de los sistemas de fiscalización estatales, como hicimos con el diagnóstico integral de las finanzas estatales, hace algunos años.
Sobre el tiempo de permanencia de los tres últimos auditores en cada estado, sólo en algunos el tercer auditor terminó su ciclo de 84 meses. Y aún persiste esa inestabilidad, con excepciones como las comentadas, donde incluso algunos han sido reelectos.
La fragilidad de la estabilidad laboral de algunos de ellos ha sido notable, sobre todo en los cambios de administración estatal o cuando quieren ser rigurosos con su trabajo, y sí, se han dado muchas formas para obligar a renunciar a estos auditores.
Por ello, en las conclusiones del foro de la Comisión de Vigilancia se señala la importancia “de mejorar y diseñar un nuevo status para la fiscalización en las entidades federativas, para evitar que sean objeto de presiones indebidas, tanto de naturaleza política como financiera –añadiría presupuestal– y administrativa que puedan limitar la labor fiscalizadora”. De ahí la importancia de explorar la federalización de las auditorías superiores estatales.
David Colmenares Páramo
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08 / Mar / 2019
Hoy es común escuchar sobre la debilidad estructural de las finanzas estatales y municipales, dada la dependencia, hasta de un promedio de 90 por ciento, de sus ingresos de libre disponibilidad que se derivan de las participaciones, vinculadas a la dinámica de la recaudación de los ingresos federales coordinados que realiza el gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria. Dependencia derivada de la adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dejando de cobrar impuestos que podrían hacerlo, pero para evitar la doble tributación a un mismo contribuyente dejaron en suspenso impuestos importantes, que no aparecen en sus leyes de ingresos, recibiendo a cambio un porcentaje de la recaudación federal participable, que son las participaciones, ingresos de libre disponibilidad pero que ya son auditables por la Auditoría Superior de la Federación.
Otro factor de la dependencia se debe a que los impuestos que tienen son de bajo potencial recaudatorio, y aun así no los cobran, aunque en algunos estados sí. Un ejemplo lamentable fue la desaparición del Impuesto a la Tenencia en algunas entidades federativas, que en su momento no aprovecharon los impuestos cedulares.
Otro elemento clave de esa dependencia es el ejercicio inadecuado del gasto público, como muestran las observaciones que la ASF realiza cada año al gasto federalizado, destino de más del 70 por ciento de las auditorías de la Institución, aunque sólo represente un poco menos del 40 por ciento del gasto. Las observaciones en la cuenta pública de 2017 son de 35 mil millones de pesos, destacando siete mil 400 millones del Ramo 23. Estas observaciones están sujetas a un periodo de aclaración y solventación, como ha sido siempre.
Sin omitir que es un promedio, alrededor del 90 por ciento de los ingresos estatales provienen de las participaciones, ya que la recaudación de ingresos propios es muy reducida; por un lado, porque tienen bajo potencial recaudatorio, apenas destacan impuestos como nóminas, anuncios, hospedaje y algunos derechos. Por supuesto tenencia, pero lo han desaprovechado o eliminado, como Morelos con el de autos de más de 10 años, o llenando de gastos fiscales sus impuestos.
Una oportunidad que tienen los estados es que con la facultad de la ASF para auditar participaciones hay un incentivo para recaudar, ya que podemos auditar casi el 95 por ciento del gasto de los estados que recaudan menos, y en el caso de la CDMX apenas la mitad del mismo. También es un incentivo al final positivo, para que gasten de acuerdo con la normatividad federal y local vigentes.
Los congresos locales y las autoridades estatales deben impulsar que el esfuerzo recaudatorio sea eficiente y responsable, y el gasto sea productivo y transparente, con lo que sus finanzas podrán fortalecerse. Además de la colaboración administrativa en materia fiscal, como la ZOFEMAT y las auditorías fiscales.
Hay un buen panorama de las finanzas estatales; por un lado, tienen el Fondo de Estabilización de los Ingresos Estatales (FEIEF), con cerca de 80 mil millones de pesos, el cual en caso de crisis, incluso de caída consecutiva de sus participaciones por tres meses seguidos, se activaría.
Este año, por ejemplo, las participaciones van bien: a febrero están 10 por ciento arriba de lo recibido en 2018. Destaca el incremento para Hidalgo, BCS y Oaxaca, con más del 20 por ciento real, aunque Chiapas, CDMX y Aguascalientes apenas por debajo del 4.4 por ciento.
La recaudación federal participable superó en 92 por ciento a lo observado en 2018, en términos reales; el ISR creció 3.9 por ciento; el IVA se redujo 7.1 por ciento, su mezcla menos 0.6; el IEPS aumentó 39 por ciento respecto al año pasado, y el componente petrolero poco más del 21 por ciento, sin llegar a los niveles del pasado.
David Colmenares Páramo
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