Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Fiscalización Cuentas Públicas 2014 – 2017
05 / Jun / 2019
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Competitividad y fiscalización
31 / May / 2019
En competitividad, hoy ocupamos el lugar 46 entre 140 países seleccionados, según el informe del Foro Económico Mundial 2018; por su parte el Banco Mundial en su reporte DOING BUSINESS 2019, nos coloca en el número 54 de 190 países, lejos de Nueva Zelanda, el número uno. Es importante avanzar en el ranking, pero más es que la mejora de la competitividad nacional se refleje en mejoras en el empleo, el desarrollo regional, la eliminación de prácticas monopólicas y el abatimiento de la corrupción. Como quedó claro en el foro que esta semana se realizó en la Cámara de Diputados, moderado por el diputado Ramírez Cuéllar, la titular de la Cofece destacó áreas de oportunidad, como la de los medicamentos, la producción de genéricos y la de las concesiones en materia de autotransporte, por señalar algunas.
Los oligopolios o monopolios inhiben la competitividad; a nivel internacional han llegado a dominar sectores clave de la economía mundial, a nivel nacional han dominado mediante acuerdos, entre ellos licitaciones públicas, incluso de compras consolidadas, inhibiendo el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas e incrementado el costo de bienes, como los medicamentos. Hay muchos ejemplos del pasado, que no se pueden ni deben repetir, ni dejar pasar por alto.
Cuando revisamos los cruces de información entre las empresas recién creadas, sancionadas y las “fantasmas”, observamos redes al interior del estado, en municipios e incluso en universidades locales.
Es un tema central de la agenda nacional, ya que el capitalismo de cuates no es sano para el futuro del país, ni para el combate a la corrupción.
Por supuesto, en un país con grandes desigualdades y niveles todavía altos de pobreza, las políticas para regular la competencia económica son esenciales; por ejemplo, con datos de la Cofece, en promedio el 15.7 por ciento de los ingresos de las familias de menores ingresos se destina a pagar sobreprecios. En suma, la falta de competencia, afecta más a los pobres.
En una colonia popular, las personas van a comprar una pastilla, un pañal, pagando, por supuesto, precios más altos. Por ello, el papel de la fiscalización es propiciar un piso parejo en la competencia económica, donde la concentración de compras gubernamentales puede contribuir a generar mayor competencia con la inclusión de un mayor número de empresas, con propuestas a mejoras del marco normativo, las cuales cierren los espacios a la corrupción.
El costo económico y de oportunidad que implica la corrupción, las tomas de decisión apresuradas y las malas prácticas en los procesos de contratación, no sirven para impulsar el desarrollo, inhiben la inversión privada e incrementan los costos de transacción; en suma, desincentivan la incursión de nuevos competidores, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.
La colusión entre agentes económicos se da incluso desde la investigación de mercado, el diseño de las bases técnicas. Por ejemplo, en las invitaciones restringidas –uno lleva a tres participantes–, destacando las excepciones a la licitación pública, lo que ha resultado en estímulos a la corrupción, como ha sucedido en el pasado y en lo que seguimos trabajando.
La corrupción es un elemento que distorsiona la interacción entre los gobiernos y los agentes económicos, y limita la competencia.
REUNIÓN NACIONAL DE ASOFIS
Hoy se realiza en Acapulco la II Reunión de la Comisión Permanente de la Asofis, esto es la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental. El trabajo coordinado ha sido muy intenso, con resultados. Se revisará su participación en auditorías integrales sobre temas estratégicos, como lo referente a la armonización contable, transparencia, métodos de fiscalización, auditorías de desempeño, revisión de participaciones, entre otros. Por supuesto, en el Sistema Nacional de Fiscalización.
David Colmenares Páramo
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Tecnología digital vs. Corrupción
24 / May / 2019
La evolución tecnológica ha impactado la vida de las sociedades modernas y hoy debe estar presente en la fiscalización superior.
Cuando existen procesos masivos, la tecnología permite fiscalizar con mayor precisión y oportunidad los desvíos en el ejercicio de los recursos públicos, facilita el acceso a grandes bases de datos y su uso prácticamente en tiempo real.
Esta semana, la ASF participó en un evento sobre la rendición de cuentas para el desarrollo, con el tema del uso de las innovaciones tecnológicas en la lucha contra la corrupción; y la Organización Internacional de Auditorías Superiores señaló que en su próxima reunión discutirá el uso de nuevas tecnologías de la información en el sector público.
De esta manera, para las EFS la realización de auditorías de “Big Data” se ha convertido en una necesidad en respuesta a la era digital. En diciembre de 2015, cuando el Comité de Intercambio de Conocimientos de la INTOSAI (KSC, por sus siglas en inglés) realizó una encuesta entre sus miembros sobre posibles temas de investigación, 21 países presentaron 60 proyectos y el tema “Big Data” recibió la mayor atención. En su primera reunión celebrada en Nanjing, en abril de 2017, 49 participantes de 18 EFS compartieron sus experiencias y conocimientos sobre las oportunidades y los desafíos en este sentido. Si bien las EFS se enfrentan a diferentes contextos internos y externos, así como a diversos niveles de implementación del “Big Data”, su uso está desempeñando un papel muy diverso, pero importante, en la mejora de la eficiencia y la eficacia de las auditorías y en el fortalecimiento del desempeño de las entidades de fiscalización.
Conscientes de lo anterior, en la ASF se han comenzado a desarrollar el uso de las nuevas tecnologías para lograr un mejor impacto en la fiscalización. El reto es mayúsculo, tomando en cuenta que, en México, se estima que las dependencias federales procesan miles de transacciones cada año, en promedio: 200 mil contratos de adquisiciones; 220 millones de facturas de proveedores para organismos gubernamentales; tres mil millones de facturas provenientes de proveedores subcontratados, y 400 millones de pagos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar las de los gobiernos locales y estatales, las universidades públicas y los organismos autónomos.
La ASF está integrando diversas fuentes de información relevantes a un repositorio común, llamado “Big Data de la ASF”, el cual le permitirá el análisis de grandes cantidades de datos durante la planeación y ejecución de las auditorías.
En este sentido, la ASF ha firmado acuerdos para el intercambio de información con la Secretaría de Hacienda para compartir sus bases de datos.
Con este cruce de datos, podemos detectar: proveedores con transacciones no existentes (identificadas y autorizadas por el SAT) y contratos existentes con un organismo gubernamental, proveedores que participan en las compras cuando han sido descalificados previamente por alguna irregularidad, proveedores que utilizan empresas fantasma para fines de facturación.
También se identifican redes para detectar si las empresas fantasma se relacionan únicamente con un gobierno estatal o con varios.
La ASF se ha planteado como uno de sus objetivos el convertirnos en una instancia más cercana a la ciudadanía. A partir de la transformación digital establecemos nuevos puentes y nuevos canales de comunicación con las personas.
Por otra parte, ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se celebró con un seminario –corrupción y lavado de dinero– el uso de inteligencia financiera por parte de la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se creó en 2004, el mismo año de la Convención Nacional Hacendaria, con el fin de combatir el lavado de dinero y la lucha contra la corrupción.
David Colmenares Páramo
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