09 / Ago / 2019
Hay temas que forzosamente se deben de revisar, más en un contexto de necesidad de recursos. Los gastos fiscales son una práctica generalizada en el mundo, pero con una concepción diferente en cada país, con el fin de apoyar el desarrollo económico o mejorar el bienestar de las clases de menores ingresos. En nuestro país se trata de privilegios fiscales, que modifican la aplicación de la estructura impositiva, destacando los más importantes, como el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y algunos impuestos especiales, que se alejan del diseño original de los impuestos. De la que más se ha hablado ha sido la tasa cero en el IVA de alimentos y medicinas, así como la de los subsidios a la gasolina, incluso existe lo que se ha llamado IEPS negativo, que afectó fuertemente los ingresos fiscales no condicionados de estados y municipios. Pero hay otros que se deben revisar y reducir el sacrificio fiscal que su aplicación implica.
Hay dos vías para gastar: el gasto presupuestario directo y los sacrificios fiscales, cuya revisión es urgente para liberar recursos con fines productivos o de gasto social.
Ya desde la época del desarrollo estabilizador se cuestionó fuertemente la política de sacrificios fiscales, a través de subsidios de programas de incentivos fiscales, que implicó un fuerte sacrificio fiscal, y polarizó la concentración del ingreso en ciertos sectores.
Hoy desde el Congreso y en la propia Auditoría Superior se revisa el comportamiento de los gastos fiscales, a través de varias auditorías incluyendo las de desempeño, con el fin de encontrar áreas de oportunidad de ingresos para los siguientes ejercicios fiscales. Es importante revisar quiénes efectivamente se benefician del sacrificio fiscal.
Por otro lado, estoy convencido que debemos cambiar el pacto fiscal vigente desde hace 38 años, el cual está agotado, cumplió las expectativas para evitar la doble tributación y hacer más eficiente la recaudación nacional, pero al ceder los estados sus facultades impositivas más importantes, muchos de ellos cayeron en un estado de pereza fiscal. Un ejemplo negativo es lo que pasó con el impuesto a la tenencia, que lo recaudaban como un acto de colaboración administrativa antes de 2012, lo cual les generaba un mes adicional de participaciones de libre disposición, pero cuando se les cede, algunos lo derogaron, otros lo legislaron pero no lo han aplicado, lo cual les redujo sus ingresos. Ello ha generado una jungla fiscal, para evitar el registro en otros estados.
Un número importante de los estados no aprovecha las potestades que tienen, por ello se ha centralizado la recaudación de los conceptos más importantes.
Ello inhibe el regreso de otras facultades tributarias a los estados que sí quieren cobrar.
Igual ha sucedido con las aportaciones, que son recursos federales condicionados, cuyo calendario de pagos se publica cada año en el Diario Oficial de la Federación.
En 2019 las participaciones llevan resultados positivos respecto a 2018; sin embargo, en relación a lo programado ya se usaron recurso del FEIEF, pocos, ante los cerca de 100 mil millones, Fondo que por cierto está en el Ramo 23, pero son recursos estatales, que se aplican en condiciones de contingencia presupuestal.
Los ingresos propios de los estados son muy reducidos, no rebasan el 10 por ciento en promedio, de ahí la necesidad de que cumplan con su responsabilidad fiscal todos.
Finalmente es importante señalar que con las nuevas facultades que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha otorgado a la Auditoría Superior de la Federación, las facultades para auditar las participaciones, su destino, será el correcto y contribuye esto a reducir la corrupción.
David Colmenares Páramo
Leer más
02 / Ago / 2019
Un tema que siempre suscita comentarios en la opinión pública es el referente a los ingresos públicos y su distribución. En un país “federal” como el nuestro, las finanzas públicas son materia de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, lo que se refleja en la distribución de competencias tributarias, que en nuestro caso en el orden federal se concentra alrededor del 95 por ciento del poder recaudatorio, cuatro en el estatal y apenas uno en el municipal.
Esto muestra que existe una gran dependencia de las haciendas locales respecto de las transferencias de recursos federales, originados por el esfuerzo recaudatorio de este orden de gobierno: es lo que se ha llamado gasto federalizado, lo que incluye las participaciones, que son las compensaciones por haber dejado sus competencias en los impuestos más importantes al adherirse al Sistema de Coordinación Fiscal desde 1980. Es lo que podemos llamar el Pacto Fiscal.
Este se intentó mejorar a favor de la descentralización en 2004, en la llamada Convención Nacional Hacendaria; sin embargo, todos los acuerdos de carácter legislativo, derivados de un consenso, se estancaron, no así los de tipo administrativo.
No ha cambiado la dependencia fiscal local y estatal, además con una fórmula rezagada que sigue profundizando las diferencias entre las entidades, al ser la distribución fundamentalmente por la población domiciliada, esto lo vemos en el comportamiento de los coeficientes de 2007 a la fecha: antes de que se cambiara la fórmula de distribución de participaciones a partir de 2008, los porcentajes del Fondo General eran, hace once años, de 12.6 por ciento para el Estado de México y para la Ciudad de México de 12.4 por ciento, mientras que en 2018, ya fueron de 15.4 por ciento y 9.1 por ciento respectivamente. Por el movimiento poblacional.
Un caso extremo ha sido Tabasco, que en 2007 recibía el 4.2 por ciento de las participaciones y en 2018 apenas el 1.7 por ciento, sin haber tomado en ese tiempo medidas preventivas para ajustar su gasto, por ejemplo, en el número de empleados públicos, que duplica al de estados con incrementos en su coeficiente, ni para mejorar su esfuerzo recaudatorio, lo cual, como se ha visto en otros estado, sí se puede. Desafortunadamente Tabasco es de los que menos recaudan y son más dependientes de los recursos federales, igual la mayoría del sur-sureste. Eso ha dejado a los nuevos gobiernos de la región limitaciones presupuestarias y fortalece su dependencia fiscal.
A pesar de lo anterior, las participaciones están muy por encima de lo pagado el año pasado; sin embargo, al recibir apenas la cuarta parte de la recaudación participable, estos recursos son insuficientes para inversión.
A julio las cifras son alentadoras, ya que creció 22.9 por ciento en términos reales respecto a 2018, por su componente tributario: el ISR se incrementó 20.3 por ciento, y el IVA, 16.4; el IEPS, 55.9 por ciento real, y aun el componente petrolero, 7.9.
Por ello las participaciones aumentaron 22.2 por ciento respecto al año pasado y ello beneficia a todas las entidades, especialmente a estados como Hidalgo, Oaxaca, Baja California Sur y Guanajuato. Sin embargo, las estimaciones para este año quedaron 1.1 por ciento por debajo de lo programado. Sin embargo, se activó el Fondo de Estabilización y se les compensó.
En suma, esta dependencia limita a la fiscalización superior local, porque los ingresos propios estatales en promedio no rebasan el 10 por ciento, y algunos están por debajo del cinco. Por ello, los rubros más significativos del gasto estatal son los derivados de las transferencias federales, incluidas las participaciones.
Así, las auditorías locales fiscalizan fundamentalmente gasto federal coordinado por la ASF, porque es tan limitado el ingreso local que no es significativo para la fiscalización.
David Colmenares Páramo
Leer más
26 / Jul / 2019
La fiscalización debe ser más dinámica, más integral, más preventiva que punitiva, comprensiva de los procesos económicos y de la situación social y política del contexto en el que se desenvuelve. De ahí la importancia de las auditorías de desempeño, que permiten que se privilegien propuestas para hacer más eficiente el gasto público, la política de ingresos y el tema de la deuda pública, en nuestro caso, de los tres órdenes de gobierno. La fiscalización debe ir más allá de los enfoques tradicionales, para proponer –por ejemplo– mejores reglas de operación para el gasto federalizado –una tercera parte del gasto total–, de la obra pública y las contrataciones.
Sabemos del costo de auditorías con debilidades normativas, así como que privilegiar cantidad sobre calidad no son las mejores recetas para lograr lo anterior. De ahí que el fortalecimiento de la auditoría gubernamental dará mejores resultados en el combate a la corrupción y la impunidad en la medida que el presupuesto, donde se están dando cambios importantes, se fortalezca para auditar mejor su desempeño, y en los presupuestos de gasto federalizado su normativa se acerque más a la realidad social y operativa de los estados y municipios.
Hay temas que se deben revisar con cuidado por el lado de los ingresos, como el de los gastos fiscales que ha pedido el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, así como destacar la importancia de profundizar en la fiscalización de los ingresos. En la mayoría de los estados no se auditan los procesos de recaudación y administración tributaria, menos los sacrificios fiscales; sería el caso a nivel local, por ejemplo, de la recaudación del impuesto predial y su destino. Cierto, el potencial recaudatorio de los ingresos locales es débil, pero se debe hacer bien, como lo demuestra en el nivel estatal que algunos vayan bien y la mayoría muy mal.
Por ello, vemos estados que sólo recaudan un promedio del cinco por ciento de sus ingresos totales, algunos menos, que se revisan en el nivel local, sólo gasto federalizado, lo cual invita a la reflexión de la naturaleza de la fiscalización a nivel local.
Respecto a riesgos del gasto público estatal, los ingresos pueden ser una piedrita en el camino para el Sistema Nacional de Fiscalización, el en cual requerimos de auditores especializados no sólo en la contabilidad gubernamental, sino de especialistas en materias como obras públicas y de finanzas públicas, conocer la naturaleza de los impuestos de la administración tributaria y la política presupuestal. Fundamental la Ley de Disciplina Financiera, y hoy además la inteligencia artificial y el big data.
En la ASF se tiene la responsabilidad de revisar, vigilar y proponer cambios en el proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público, así como su ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, con el objetivo de disponer de elementos adicionales de evaluación del desempeño y rendición de cuentas en las entidades federativas.
De ahí la necesidad de que la ASF, dentro de su marco competencial, pueda aportar mejoras para alcanzar los siguientes objetivos: que el PbR-SED sea una política pública generalizada; lograr la institucionalidad de la Gestión por Resultados y el Modelo PbR-SED en el ámbito de la fiscalización, asimismo su uso en los otros poderes.
Por el lado del gasto federalizado condicionado, que abarca las políticas de desarrollo social más importantes: educación, salud, seguridad, infraestructura, asistencia social, infraestructura educativa para educación básica y educación media y superior, se está trabajando en mejorar su normativa de manera integral, ya que su incidencia sobre la reducción de la pobreza ha sido reducida. De ahí la importancia de los nuevos enfoques.
David Colmenares Páramo
Leer más
Síguenos