Bases del Sistema Nacional de Fiscalización

23 / Nov / 2012

Luego de un bienio de empeño de voluntades en la ruta crítica convenida, los organismos participantes suscribieron las Bases Generales de Coordinación para Promover el Sistema Nacional de Fiscalización. El paso trascendente tuvo como marco la Tercera Reunión del SNF, el pasado 23 de octubre.

En correspondencia con la idea que planteamos en 2010, el propósito del proyecto busca terminar con la dispersión existente en la auditoría gubernamental de los órganos de gobierno, mediante una coordinación efectiva de la Secretaría de la Función Pública, las contralorías estatales, las entidades fiscalizadoras superiores locales y la Auditoría Superior de la Federación. Esperamos que en el inicio de la nueva administración los titulares de las áreas de auditoría gubernamental del Poder Ejecutivo, se integren al sistema.

El objetivo es la articulación legal y operativa de todos los órganos encargados de la fiscalización de los recursos públicos en México. Para ello resulta indispensable que en los tres órdenes de gobierno se trabaje con visión, estándares, principios y capacidades técnicas uniformes, como requisito indispensable para la cancelación de los espacios libres a la opacidad, la discrecionalidad y una cantidad considerable de actos de corrupción.
No se trata de la creación de un nuevo órgano globalizador ni un cambio en los mandatos y marcos legales específicos de actuación de las instituciones y estructuras vigentes. Es la coordinación efectiva entre los órganos de auditoría gubernamental existentes o de sus relevos en el próximo gobierno, con el respeto de las competencias y facultades propias de cada ente.

En el contenido de las bases se establece que los organismos suscriptores promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias como punto de partida de la construcción de un modelo funcional de coordinación. Asimismo, impulsarán la emisión de una ley general del propio sistema.

Como uno de los ejes temáticos, los integrantes del SNF homologarán las normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, teniendo como referencia básica a las normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Con base en ellas, se manejarán principios homogéneos sobre independencia, control de calidad, ética profesional y prácticas de transparencia y rendición de cuentas de los propios órganos fiscalizadores.

La creación de capacidades, entendidas éstas como las habilidades, los conocimientos y la forma de realizar el trabajo del personal auditor es otro eje que merecerá destacado impulso. El punto de partida corresponde al reforzamiento de las cualidades sobresalientes con que cuenta cada organismo y a la atención prioritaria de las deficiencias y carencias existentes. En consecuencia, se establecerá un programa de capacitación que incremente la calidad de los auditores y redunde en la mejoría de los resultados derivados de la aplicación de sus revisiones a la contabilidad, las finanzas y el cumplimiento de los programas gubernamentales.
Dada su función básica en toda acción de sistematización, figura como tercer eje el intercambio eficaz de información y la asistencia mutua en el desarrollo de las funciones de cada órgano integrante. El adecuado y consistente flujo informativo que se alcance será primordial factor para medir la operatividad del trabajo de conjunto que se aspira constituir.

El fomento a la revisión de los ordenamientos legales que regulan la actuación de los integrantes del SNF, forma parte de un eje más de acciones y mecanismos de colaboración. En todos los casos que lo amerite, se generarán propuestas de mejora. La dinámica colectiva del quehacer que se emprenderá, será un consistente incentivo para renovar y modernizar los marcos legales y operativos que lo requieran.

Un mayor impacto de las tareas de control interno como sustento al combate a la corrupción es otro de los ejes temáticos de las Bases. En este contexto, se asumirán los mejores criterios generales para la prevención, detección, disuasión y sanción de los actos de corrupción.

En respuesta a la demanda ciudadana para que se materialicen en forma común consecuencias en todos los casos comprobados de funcionarios públicos que incumplen o se benefician indebidamente en el desempeño de sus cargos, se busca homologar los procesos vinculados con la determinación y el afincamiento de responsabilidades administrativas, como el eje que atañe al fortalecimiento del papel de la fiscalización en esta materia.

Acciones complementarias de los contenidos enunciados de los ejes temáticos, son: evitar duplicidades y omisiones, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; mayor cobertura de los recursos públicos tanto federales como locales; emitir información en los reportes correspondientes, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental y el conocimiento del ciudadano común sobre el empleo del dinero de sus impuestos; y, hacer la máxima publicidad de los resultados.

Tenemos plena convicción de que el Sistema Nacional de Fiscalización será de provecho para el país; que, al igual que lo hicieron los diputados, merecerá el reconocimiento constitucional de los senadores, y que guarda afinidad con las directrices de los compromisos con la sociedad del próximo gobierno.


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Bases generales de coordinación para promover el desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización

25 / Oct / 2012

ANTECEDENTES

En México existen numerosos mecanismos de control y supervisión, tanto internos como externos, sin embargo, los esfuerzos en la vigilancia del desempeño de los entes auditables, así como del uso de los recursos públicos en los órdenes de gobierno está atomizado, lo cual ha dado lugar a la opacidad y a la discrecionalidad.

La desvinculación de los órganos de fiscalización, las diferencias en cuanto a mandatos, marcos legales, planeación de revisiones, metodologías a aplicar e, inclusive, calendarios de entrega de resultados, limitan el alcance o duplican sus esfuerzos y, en muchas ocasiones, reducen el impacto de sus acciones.

Por lo anterior, se promovió la creación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), entendido como un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que buscan establecer un ambiente de colaboración efectiva entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de trabajar, en lo posible y con pleno respeto a su respectivo ámbito de atribuciones, bajo una misma visión profesional, con las mismas normas profesionales, valores éticos y capacidades técnicas, y así garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada, sistemática e integral. Asimismo, se busca generar las condiciones e incentivos para que la auditoría gubernamental contribuya al fortalecimiento de la rendición de cuentas a nivel nacional.

El Sistema Nacional de Fiscalización está integrado inicialmente por la Auditoría Superior de la Federación, los miembros de la ASOFIS, la Secretaría de la Función Pública, incluidos los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como  por los miembros de la CPCE-F. Dicho Sistema busca impulsar el establecimiento de las reglas pertinentes para incorporar a todos aquellos órganos que realizan actividades de auditoría gubernamental o fiscalización (interna o externa), independientemente del Poder en el que estén encuadrados –Ejecutivo, Legislativo o Judicial–, o el orden de gobierno al que correspondan –federal, estatal o municipal–, e inclusive a aquellas instancias auditoras de los órganos constitucionalmente autónomos.

Para avanzar en el desarrollo del SNF, LAS PARTES han organizado dos reuniones plenarias. La primera se celebró el 30 de noviembre de 2010 en la Ciudad de México, en donde se firmó un pronunciamiento para impulsar la creación del SNF. La segunda tuvo verificativo el 5 de diciembre de 2011, igualmente en la Ciudad de México, en donde se incluyó la participación de representantes de órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, así como de algunas representaciones de los síndicos y contralores municipales. Dichas reuniones han contribuido a definir el alcance y las líneas estratégicas para el desarrollo del Sistema.

Se reconoce que la fiscalización superior y la auditoría interna requieren la colaboración de los servidores públicos que ejecutan tales funciones y que, con el desarrollo del SNF, se coadyuvaría sistemáticamente a la actualización de conocimientos; al intercambio de experiencias, y cuando proceda, a la homologación de los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales de auditoría, así como a promover la mejora de las disposiciones de carácter administrativo, contable, financiero y jurídico, en el ámbito de sus respectivas competencias.

BASES

PRIMERA.- Las presentes Bases tienen por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales LAS PARTES, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el  desarrollo del SNF.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto a que se refiere la base anterior, LAS PARTES acuerdan realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con sus recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y su disponibilidad presupuestaria, las acciones siguientes:

a) Propiciar la consecución de un sistema que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación entre LAS PARTES, quienes fomentarán la inclusión de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,  teniendo como premisa máxima el absoluto respeto a la división de Poderes y órdenes de gobierno, y con estricta sujeción a las disposiciones legales que norman las atribuciones y facultades de cada una de LAS PARTES;

b) Difundir a las máximas autoridades federales y locales, los avances que se obtengan en el desarrollo del SNF para contar con su apoyo permanente, y

c) Promover, en el ámbitos de sus respectivas facultades y atribuciones, la elaboración y, en su caso,  la emisión de una Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización.

TERCERA.- LAS PARTES están de acuerdo en homologar, cuando resulte procedente y en el ámbito de sus respectivas competencias, los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, considerando los siguientes ejes temáticos:

Adopción de normas profesionales comunes a nivel nacional

LAS PARTES, tomando en consideración el reconocimiento de que las normas de la INTOSAI constituyen un punto de referencia para el establecimiento de un Marco de Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, aprueban la adopción, en lo general y en lo conducente, de dichas normas en los niveles 1 y 2, a saber:

  • ISSAI 1 – Declaración de Lima.
  • ISSAI 10 – Declaración de México sobre Independencia.
  • ISSAI 11 – Pautas Básicas y Buenas Prácticas de la INTOSAI relacionadas con la Independencia de las EFS.
  • ISSAI 20 – Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas.
  • ISSAI 21 – Principios de Transparencia y Responsabilidad – Principios y Buenas Prácticas.
  • ISSAI 30 – Código de Ética.
  • ISSAI 40 – Control de Calidad para las EFS.

Cabe señalar que, en consideración de la divergencia de los mandatos legales otorgados a los miembros del Sistema, para su adopción específica, se llevará a cabo una labor de adaptación de los textos referidos.

Dicha labor de adaptación, tendrá como finalidad identificar aquellas normas profesionales que sean consecuentes con las disposiciones legales que regulan las atribuciones y facultades de cada una de LAS PARTES, para que de manera posterior y siempre que resulte procedente se promueva la integración de un marco normativo homogéneo en materia de auditoría y fiscalización.

Creación de capacidades

LAS PARTES impulsarán la creación de capacidades de su personal auditor, considerando éstas como las habilidades, los conocimientos y la forma de trabajar que hacen que una organización sea efectiva. Crear capacidades significa desarrollar cada uno de estos elementos, utilizando como cimiento las fortalezas existentes y enfrentando las lagunas y deficiencias.

Para lo anterior, LAS PARTES fomentarán el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.

Intercambio de información y trabajo conjunto

LAS PARTES propiciarán el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, con sujeción a lo establecido por las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, las entidades de fiscalización superior locales y los órganos estatales de control, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, impulsarán la identificación  de áreas comunes de auditoría y fiscalización para que, en su caso, contribuyan a la  definición de sus respectivos programas anuales de trabajo.

Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la fiscalización.

LAS PARTES, fomentarán la revisión de los ordenamientos legales que regulan su actuación, para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos.

Mayor impacto en el combate a la corrupción.

LAS PARTES, promoverán la elaboración y adopción de un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección, disuasión y sanción de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Fortalecimiento del papel de la fiscalización en la promoción, determinación y fincamiento de responsabilidades a servidores públicos.

Los integrantes de la ASOFIS promoverán la determinación y fincamiento de responsabilidades a los funcionarios públicos, a fin de contribuir a la mejora gubernamental y la rendición cuentas a nivel nacional, bajo el principio de que debe haber consecuencias para quien deje de cumplir con su responsabilidad pública.

Con los Ejes temáticos anteriores, se privilegiará entre LAS PARTES, lo siguiente:

  • La coordinación de trabajo efectiva.
  • El fortalecimiento institucional.
  • Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia.
  • Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos tanto federales como locales.
  • Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuyan a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos.
  • Máxima publicidad en los resultados de la fiscalización.

CUARTA.- LAS PARTES acuerdan celebrar reuniones periódicas, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en este instrumento.

QUINTA.- Las presentes Bases podrán ser modificadas o adicionadas de común acuerdo por LAS PARTES a cuyo efecto las modificaciones y adiciones respectivas surtirán efecto a partir de la fecha en que se suscriba el documento correspondiente.

SEXTA.- La vigencia de las presentes Bases iniciará a partir de la fecha de su firma y su duración será indefinida, y podrán darse por terminadas anticipadamente por cualquiera de LAS PARTES, previo aviso que por escrito se realice con quince días de anticipación.

SÉPTIMA.- LAS PARTES convienen que las BASES son producto de la buena fe, por lo que cualquier duda sobre la interpretación que se derive de las mismas, respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta de común acuerdo.

De igual forma, los asuntos relacionados con el objeto de las presentes BASES que no se encuentren expresamente previstos en éstas, serán resueltos de común acuerdo y las decisiones que se tomen en este sentido, deberán hacerse por escrito, anexándose como parte integral de las mismas.

Enterados los que intervienen de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en cuatro tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce. Los titulares suscriben estas Bases en representación de las instituciones a las que pertenecen, por lo que su sustitución o cambio no afecta la validez ni vigencia de las mismas.


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Mensaje del auditor sobre las iniciativas en materia de rendición de cuentas

14 / Sep / 2012

RED POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

13 de septiembre de 2012

Dr. Mauricio Merino, Dra. Lourdes Morales, Dr. Sergio López Ayllón, Coordinadores de la Red por la Rendición de Cuentas

Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Agradezco la invitación de la que ha sido objeto la Auditoría Superior de la Federación para participar en este evento.

Como ustedes saben, la institución que tengo el honor de encabezar es integrante de la Red por la Rendición de Cuentas. La decisión de formar parte de este esfuerzo colectivo, tiene que ver con la complejidad de los temas que involucran el trabajo de la ASF. Por ejemplo, la corrupción y la mejora de la gestión gubernamental son asuntos complejos; se requieren diferentes perspectivas para poder entenderlos y buscar su solución.

El valor de la red radica en la diversidad de opiniones y puntos de vista. La contribución de la Auditoría Superior de la Federación descansa en su calidad de organismo del Estado, que ha consolidado su posición ante la opinión pública en los últimos años.

Esto se debe, sin lugar a dudas, a un esfuerzo continuo de privilegiar el trabajo profesional y de hacer respetar su autonomía técnica y de gestión, al margen de presiones partidistas. Para ser independientes y autónomos hay que serlo y parecerlo. Con esta visión, esperamos que nuestras aportaciones hayan sido y sigan siendo de utilidad para la Red.

Todos los que contribuimos en los trabajos de la Red, debemos sentirnos satisfechos: es un hecho incontrovertible el peso que han tenido sus empeños en las discusiones y proyectos legislativos que actualmente forman parte de la agenda nacional. Felicidades Mauricio, Lourdes y Sergio.

De manera inicial, deseo señalar que cualquier esfuerzo en la arena pública que se ocupe de temas vinculados con la rendición de cuentas, es positivo. Recordemos que mucho de lo alcanzado en nuestro país, en materia de transparencia y rendición de cuentas, se ha generado en el contexto de una presión de la opinión pública por contar con gobiernos más abiertos y eficientes.

Creo que la labor de la Red es generar una corriente de opinión en donde se subraye la importancia de dos elementos fundamentales: (1) que la política pública parta de un diagnóstico adecuado y (2) que se evite la fragmentación de esfuerzos.

En particular, haré referencia a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para modificar tanto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como al proyecto para establecer una Comisión Nacional Anticorrupción.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental plantea dos objetivos principales: (1) establecer reglas de transparencia para la información financiera generada durante el proceso presupuestario, desde la elaboración de los presupuestos hasta la rendición de cuentas, y (2) armonizar la presentación de la información financiera en los tres órdenes de gobiernos, con el fin de publicar documentos homogéneos que permitan analizar y comparar el desempeño de los entes públicos.

Cabe mencionar que varios de sus artículos son muy semejantes a lo que contienen diversas disposiciones vigentes. Menciono algunos aspectos específicos:

  • La transparencia del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a los estados y municipios, (referidos actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).
  • La presentación específica de la transparencia de los pagos de servicios personales realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), (regulados actualmente por el Presupuesto de Egresos de la Federación)
  • La obligatoriedad de los gobiernos estatales y municipales, respecto a mantener registros específicos de estos recursos, que se encuentren debidamente actualizados, identificados y controlados, (señalados también en el Presupuesto de Egresos de la Federación)
  • Así como, abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos; (igualmente contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación)

Esto es, habría que evitar la duplicidad de conceptos regulados en otros ordenamientos legales por lo cual, se debe llevar a cabo un análisis para armonizar todas las disposiciones.

Adicionalmente, se incorporaron en la Iniciativa, elementos normativos que por su naturaleza corresponden a la gestión operativa de los fondos y programas financiados con los recursos públicos, sobre todo, en el caso del gasto federalizado.

Consideramos que la operación de los fondos, debe establecerse en un ordenamiento legal diferente, incluso a la propia Ley de Coordinación Fiscal, como podría ser una Ley para el Gasto Federalizado. Este proyecto, de hecho, ha sido propuesto por la ASF, como una de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización.

La Iniciativa del Ejecutivo, contiene aspectos que en principio son positivos, y abren la oportunidad de profundizar en ellos. Se percibe además la inquietud de legislar en materia de Gasto Federalizado, para lo que es claro, hay que reforzar los mecanismos de contabilidad gubernamental.

Finalmente, es de relevancia señalar que con el fin de impulsar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley General de Contabilidad Gubernamental a partir de la fiscalización de la próxima Cuenta Pública, la ASF participará en la fiscalización de este proceso, mediante la aplicación de auditorías al mismo, lo que permitirá no solo la identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad en cuanto a la adopción e implementación de la citada Ley, así como las demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sino en su caso, la aplicación de las sanciones correspondientes.

No obstante, con base en el conocimiento que tenemos respecto a la implementación de dicha Ley, sería conveniente que en sus reformas se considere una ampliación al plazo de cumplimiento de dicho ordenamiento legal.

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Por otra parte, en lo que toca a la propuesta de crear la Comisión Nacional Anticorrupción, lo primero que hay que decir es que aún no está del todo claro los alcances que tendrá esta entidad.

Sin embargo, considero que es de utilidad hacer una revisión de las propuestas presentadas por la Red a los partidos políticos, sobre los temas potencialmente vinculados con la corrupción y el sistema de sanciones,  y a partir de ahí, sugerir las características que deberían privilegiarse en este nuevo órgano, con el fin de evitar nuevamente la fragmentación.

Las conclusiones de la Red, implícitamente nos hacen ver que la corrupción es una consecuencia, no es la causa del problema. Los elementos que la generan son diversos y complejos, y las soluciones que se propone deben estar interconectadas entre sí.

Es importante tomar en cuenta a las condiciones estructurales que generan la corrupción y no enfocarse sólo al ataque de los actos consumados.

Vale la pena recordar que en el documento entregado por la Red a los partidos políticos se manejan los siguientes elementos:

Leo la cita: Otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público y crear un área especializada de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de delitos que menoscaben el patrimonio público o constituyan acciones u omisiones deliberadas en detrimento del ejercicio de la función pública. Esta área actuaría, en su caso, por iniciativa y con la coadyuvancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Así como, crear una instancia jurisdiccional especializada  para desahogar las responsabilidades administrativas.

Para encuadrar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en el contexto de las propuestas de la Red, evitando la fragmentación y generando incentivos positivos para una rendición de cuentas efectiva, que disminuya la presencia de la corrupción en la gestión pública, dicha Comisión debería convertirse en una instancia autónoma que, en su caso, investigara y persiguiera delitos vinculados con la corrupción, y que, al mismo tiempo, se hiciera cargo de las sanciones de responsabilidades administrativas en los tres niveles de gobierno.

Todos los órganos de fiscalización en el país y los institutos de transparencia deberían estar facultados para ser promoventes ante esta instancia.

En otras palabras, si la Comisión se convierte en la instancia en donde se concentra la parte de la sanción (penal y administrativa) dentro del ciclo de rendición de cuentas, se podría tener esperanzas de que el proyecto tenga una utilidad real para mejorar la manera en cómo opera el gobierno, en todo el país.

De entrada, con la poca información disponible, no encontramos que exista duplicidad ni injerencia con las funciones de la ASF.

No obstante, se requiere ser muy enfático para asegurar su marco legal que precise sus facultades y la blinde de presiones externas para evitar que se convierta en un ente de persecución al servicio de intereses partidistas; habría que definir los alcances de sus posibles labores de investigación.

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Estimados asistentes a este evento:

Si al final del camino las nuevas disposiciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, son planteadas adecuadamente dentro del marco de referencia de las propuestas de la Red, hay que estar conscientes de que no son la solución total, ni en el corto plazo, al problema que enfrentamos de una rendición de cuentas insuficiente y mal coordinada.

Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta.  Por ejemplo, resulta necesario analizar y debatir con mayor profundidad el modo en que los Órganos Internos de Control, responsables de la adecuada implementación y operación de los controles internos, quedarán organizados, en caso de que la Comisión Anticorrupción remplace a la Secretaría de la Función Pública, tal como se ha señalado en la prensa nacional.

Ya sea que dicha sustitución tenga lugar o no, estoy convencido de que la auditoría interna y el control interno deberá contar en el futuro, con un peso mucho mayor del que hasta ahora ha tenido, para hacer frente a las demandas ciudadanas de una gestión gubernamental sin incentivos para generar corrupción.

Cabe subrayar la relevancia que guarda un adecuado proceso de Evaluación de Riesgos de Corrupción al interior de cada entidad y dependencia del sector público, con objeto de reducir los índices de este lesivo fenómeno.

Todas las entidades y dependencias están expuestas a riesgos de corrupción, ya que este riesgo se asume en cualquier proceso que involucra a la interacción entre personas. La exposición al riesgo de corrupción de una entidad puede ser contrarrestada en la medida en que existan controles internos efectivos para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos corruptos, y según el grado en que exista una función educativa al interior de la entidad que reafirme la honestidad e integridad de aquellos involucrados en los procesos de la dependencia o entidad.

Con el fin de evitar la fragmentación entre el control interno, la auditoría interna y la fiscalización superior, considero que la iniciativa lanzada en el año 2010 por la ASF, denominada Sistema Nacional de Fiscalización, es de gran importancia para generar una misma visión profesional, con los mismos estándares, principios éticos y capacidades técnicas.

Por otra parte, en otro tema, como se ha señalado en múltiples ocasiones, por el diseño del marco legal, la información que presenta la ASF aún no es un insumo oportuno para los diputados en la asignación presupuestaria. Con este objetivo, entre otros, y resultante de la colaboración con el cuerpo legislativo, han sido aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados diversas modificaciones constitucionales —actualmente en curso en la Cámara de Senadores— para la ampliación y fortalecimiento de las facultades del órgano técnico fiscalizador.

Cabe mencionar, que estas modificaciones están en línea con las propuestas hechas por la Red a los partidos políticos.

Entre las principales modificaciones, están: reconocer a nivel constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización; iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; tener intervención, bajo ciertas condiciones especiales, durante el ejercicio en curso; presentar informes individuales conforme vayan concluyendo las auditorías, y presentar un Informe General Ejecutivo del Resultado el 31 de octubre, sobre la Cuenta Pública del año fiscal previo.

Finalmente, no debemos olvidar que una de las causas de los empeños para fortalecer la rendición de cuentas en México, es la percepción generalizada de que los gobiernos manejan mucho dinero sin dar resultados, que son ineficientes, que ocultan información y que están tentados a sacrificar el beneficio colectivo por el personal. Es nuestra obligación hacer algo para responder a esta realidad.

Por su atención, gracias


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