El uso de las ciencias en la Fiscalización Superior y el Combate a la Corrupción – Conferencia “Nueva visión de fiscalización”
23 / Ago / 2019
Consecuencias del desinterés
Hoy vuelven a surgir comentarios sobre la insuficiencia de recursos presupuestales para las finanzas estatales y municipales, las cuales dependen en más de un 90 por ciento en sus ingresos de las transferencias federales; por un lado, las participaciones que son ingresos de libre disposición, y de las aportaciones, subsidios y convenios que son recursos condicionados a un fin específico. Por cierto, los ejercicios correctos de todos esos recursos pueden ser revisados por la ASF.
Si revisamos las finanzas de cualquier estado, veremos que hay un contraste entre lo recaudado por ellos y lo efectivamente gastado, que no es producto del esfuerzo local, sino del esfuerzo de las autoridades recaudatorias del gobierno federal, concretamente del SAT, así como derivados del Pacto Fiscal.
Si fuéramos fantasmas que observáramos, sin que nos vean, nunca veríamos en los cuartos de guerra estatales discusiones sobre los métodos, resultados o dinámica recaudatoria para los impuestos locales, pero si escucharíamos las cuitas de los responsables del gasto sobre la insuficiencia presupuestaria, las exigencias de las diversas áreas de la administración por recursos, o como gestionarlos ante la instancia federal, pero no se hablaría de recaudación. Se puso de moda hablar de “cuanto bajar”, cuanta deuda se puede contratar, en qué condiciones se realizará la reestructura, no para resolver el problema sino para brincar los tiempos y pasarlo a las generaciones futuras.
En las estadísticas de la deuda subnacional, los periodos de pago de la deuda se prolongan en el tiempo. Son procesos de “mercado” muy costosos y hay muchos ejemplos de reestructuras muy manoseadas con comisiones altas, y por lo menos un caso donde el agente de la misma después fue secretario de Finanzas estatal.
La solución siempre tiene que ser resultado del esfuerzo recaudatorio de cada entidad federativa y municipio, así como de una política de gasto con disciplina presupuestal y transparente, pero eso parece que ha sido lo más difícil.
Cierto, existe una concentración del poder recaudatorio en las finanzas federales, parecería sensato regresarles algunas facultades, aunque cuando se ha hecho no las aprovechan, como es el caso del impuesto a la tenencia, casi la mitad de los estados ya no lo recaudan.
Tienen la ventaja que no todos aprovechan de la colaboración administrativa en materia fiscal.
Finalmente existe una concentración de la recaudación en unos cuantos estados. Por ejemplo, con las reformas de 1990 a la fórmula de distribución de participaciones se introdujo para el caso del Fondo de Fomento Municipal un incentivo a la dinámica recaudatoria de predial y agua.
En el caso del predial, la Ciudad de México (CDMX) recauda, en datos reconocidos por la autoridad federal, casi el 34 por ciento del total y junto con el Estado de México (Edomex), que tiene el 10 por ciento, y Jalisco y Nuevo León, casi el 60. Es más, en solo cien municipios se concentra más del 80 por ciento.
Cifra que en número de municipios es insignificante, ante la concentración de la realidad municipal en el sur-sureste; en cuanto al monto de ingresos estatales, la CDMX, Edomex, Nuevo León y Jalisco rebasan la mitad de la recaudación estatal de ingresos propios.
Hoy los estados tienen recursos de gasto por las transferencias federales y su esfuerzo propio es muy limitado, en la mitad de los estados es menor al 10 por ciento.
Esto se refleja en la fiscalización, las auditorías locales de estados que no recaudan ni el cinco por ciento de sus ingresos totales, de no existir los convenios con la ASF sólo revisarían ese porcentaje, de ahí la necesidad de federalizar la fiscalización superior, para potenciarla, esto es hacerla más eficiente, con una mejor coordinación y con un nivel más homogéneo entre las diversas entidades federativas, atendiendo su nivel de desarrollo.
David Colmenares Páramo
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Transiciones: la Guardia Nacional y la ASF
16 / Ago / 2019
Desde el inicio de mi gestión al frente de la ASF puse especial atención al enfoque preventivo, enfatizando más en la calidad de la fiscalización que en la cantidad de auditorías a practicar. Recuperar recursos y sancionar con rigor y oportunidad a quienes se tenga que castigar por incumplir la normatividad son consecuencia de la detección de irregularidades, que como facultad le corresponde a la ASF en el combate a la corrupción; ya que esta, así como la impunidad, son nuestros principales obstáculos, pues la falta de castigo para quienes han violado la ley genera un incentivo perverso para seguirla violando, afectando a las instituciones al seguir lucrando con los recursos públicos, que son de los ciudadanos.
La ASF es garante de la hacienda pública, de ahí nuestra intervención en los recientes sucesos, salvaguardando a la misma. De ahí la importancia de nuestra participación como coadyuvantes de la Fiscalía General, con la que hemos logrado una coordinación sin precedente.
En ese sentido, la creación de la Guardia Nacional, a través de un intenso trabajo legislativo, implica un proceso de transferencia de recursos de la Policía Federal, que desaparecerá para transformarse en Guardia Nacional. De ahí que con la nueva visión de la ASF, de ser una institución más orientada la prevención pero haciendo mejores auditorías, recuperando recursos desviados y en los casos que lo ameriten llegar a la denuncia de hechos.
Por ello se acaba de instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para dar seguimiento al proceso de transición y evitar cualquier desviación normativa o práctica indebida en el manejo de los recursos públicos. Esta tiene un enfoque preventivo, por lo que la ASF seguirá el proceso de transferencia en materia de recursos por parte de la Policía Federal, la Sedena y la Secretaría de Marina a la Guardia Nacional, lo cual formará parte de nuestro primer informe de resultados de la cuenta pública 2019.
La Guardia Nacional no será otra Policía Federal, sino una Policía Nacional que tendrá atribuciones en todo el territorio del país y en todas las materias de seguridad, fortalecidas con los convenios que establecerán con los gobiernos estatales y municipales, lo cual permitirá reforzar a aquellos estados y municipios en condiciones más desfavorables.
Para ello es clave el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública en todos sus ámbitos. El proceso de transferencia debe garantizar que los ajustes no reduzcan el desempeño de las funciones que actualmente se realizan en la materia. Por otra parte, en la revisión en proceso a la cuenta pública 2018, se incluyó la fiscalización en los aspectos técnicos del sistema de explotación de la información de inteligencia.
Este tipo de tareas preventivas de apoyo al desarrollo de mejores políticas públicas e incluso de política económica, es una tarea reforzada de la Auditoría Superior, en los ámbitos federal y estatal. Esto se realiza ya en otras materias, como en temas de la desaparición del Seguro Popular y su transferencia al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, un tema que hoy preocupa a los estados y que está en vías de resolverse previniendo futuras violaciones a la ley o la pérdida de recursos de salud para los más pobres de los pobres.
Es una fortaleza de las auditorías de desempeño, que mide el impacto social de las políticas públicas, así como del trabajo de nuestro centro de investigación.
Por otra parte, se está trabajando en propuestas de carácter legal que fortalezcan el desempeño institucional y el carácter nacional de la fiscalización a través de un proceso de federalización de los entes estatales, ajenos a las cuestiones políticas que limitan sus alcances.
David Colmenares Páramo
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