La educación, retos y oportunidades

07 / Ene / 2014

La educación ocupa un lugar relevante en la agenda pública nacional. Existe un consenso entre gobernantes, académicos y ciudadanos respecto a que México no podrá alcanzar un estadio superior de desarrollo si no se mejora sustancialmente el sistema educativo en todos sus niveles, y se aprovechan de mejor forma los recursos destinados a ese rubro.

La educación y la creación de capacidades están encaminadas a formar capital humano que cuente con los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión o disciplina, y que sea capaz de resolver problemas y colaborar en su entorno. Existe otro ámbito en el proceso educativo que tiene una influencia definitiva en el comportamiento de las personas: la transmisión de valores, guías de conducta deseables. La escuela se constituye en un espacio donde permea la ética, cristalizada en la enseñanza de normas y comportamientos para una mejor convivencia social.

Este tema es muy complejo por sus múltiples dimensiones, procesos y por la vasta cantidad de recursos materiales y humanos que se le destinan. La constante evaluación del sistema es premisa clave para insertar a la educación como motor del desarrollo.

Por ello, la evaluación de este sector ha sido una prioridad en las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación. Con una perspectiva multidimensional y multidisciplinaría, se han practicado auditorías a todo el sistema en nuestro país. Las revisiones efectuadas nos ofrecen una visión panorámica.

En cuanto a la educación superior, el sistema se ha caracterizado por la complejidad y diversidad de sus componentes. Su problemática es el resultado, en buena medida, de sus dimensiones y heterogeneidad. Algunos de estos problemas se han originado por la dificultad de lograr una coordinación efectiva en la aplicación de las políticas nacionales, estatales e institucionales, y otros, por la discrepancia entre las costumbres, intereses, visiones y reglas que siguen los diferentes actores del sistema.

Es necesario atender la demanda de la educación superior universitaria y tecnológica en la medida en que lo necesite la modernización de la sociedad, asegurando oportunidades de ingreso a los estudiantes que proceden de las regiones y grupos sociales más desfavorecidos y que cuenten con las aptitudes para cursar estudios especializados. Si por una parte se requiere el aumento de recursos públicos destinados a educación media superior y superior, y la diversificación de fuentes de financiamiento, también es necesaria una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.

Por lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que es una importante fuente de recursos para la educación en estados y municipios, los resultados de auditoría muestran que existe un marco normativo desactualizado, insuficiente y ambiguo.

Se recomienda efectuar una evaluación de la normativa con base en las observaciones de la fiscalización, actualizar indicadores de desempeño, mejorar su implementación, supervisar su cumplimiento y retroalimentar la toma de decisiones; transparentar los conceptos de gasto y la fórmula de distribución del fondo, a fin de eliminar asimetrías; y revisar que los comisionados en labores sindicales se ajusten a lo pactado en los convenios.

Desafortunadamente, las revisiones realizadas por las contralorías y los órganos de fiscalización estatales no han tenido el alcance requerido para contribuir a la mejora de la gestión e impacto social de los fondos federales transferidos en materia de educación.

En este escenario, cobra relevancia la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual tiene como objetivo que tanto las contralorías estatales como los órganos de fiscalización superior de los Congresos Locales, junto con la ASF, la Secretaría de Función Pública y los órganos internos de control de las instancias federales, realicen sus funciones de manera coordinada, bajo los mismos estándares profesionales y con principios éticos similares.

La educación en México requiere una visión integral de su problemática que posibilite analizar cada elemento como parte de un todo. La fiscalización superior con un enfoque proactivo debe contribuir a tal propósito.


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¿Y la fiscalización en los estados?

Un país con la diversidad geográfica, poblacional, cultural y de niveles de desarrollo que tiene el nuestro debería -asimismo- presentar una amplia variedad de facetas desde el punto de vista de los gobiernos estatales.

Los manejos irregulares en distintas administraciones de las entidades federativas han acaparado una parte considerable en el debate nacional. Más allá de los potenciales efectos lesivos que esto tiene en la hacienda pública, es necesario reflexionar sobre la desmoralización que esta situación causa al ciudadano, al generarle la precepción de que el Estado y el ejercicio gubernamental representan un poder desbordado, abusivo y cortoplacista que no tiene nada que ver con el bien común o los intereses de los gobernados.

No es casual que, en todo el mundo, se reconozcan ciertos elementos como inherentes al buen gobierno: la transparencia y el libre acceso a la información de la gestión estatal; la existencia de instituciones independientes que tengan a su cargo la fiscalización de los recursos públicos; la competencia política entre grupos partidarios que los obliga a buscar un mejor desempeño para alcanzar el voto de la ciudadanía; la pluralidad en las instancias de representación popular que impide la enajenación del poder por parte de un grupo; la presencia vigilante de la sociedad organizada; un sector académico crítico y participativo en la cosa pública, medios de comunicación diversos y profesionales.

Mucho ha avanzado México por esta senda en el ámbito federal, y la Auditoría Superior de la Federación -en apenas una docena de años de existir- ha contribuido sustancialmente a la creación de un ambiente de mayor profesionalización y conciencia del servidor público respecto a sus deberes con la población.

En tanto órgano técnico de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación ha sido investida con el mandato de llevar a cabo un trabajo profesional y confiable para suministrar elementos de juicio válidos a una institución más abierta, diversa y participativa, en la que están presentes todas las corrientes políticas del país. Así, la democratización de México ha tenido un efecto muy favorable para la rendición de cuentas.

Adicionalmente, no debemos dejar de ver el peso que tiene la fiscalización superior en cuanto a establecer un mayor equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; es en este balance en el que reside la gobernabilidad del país y una interacción productiva entre las distintas instancias gubernamentales.

Esta situación, aun con sus límites, contrasta con la precariedad existente a nivel estatal en cuanto al desequilibrio de poderes, la falta de atención al ciudadano, las deficiencias en cuanto a la independencia de los órganos fiscalizadores respecto a los fiscalizados, el control ejercido sobre los medios de comunicación, la opacidad en el manejo de los dineros públicos, inclusive la falta de espacios para quienes reclaman una gestión más responsable.

Se ha dicho que a nivel federal uno de los problemas que enfrenta la rendición de cuentas es la atomización de las distintas partes que lo integran; sin embargo, a nivel estatal las partes muchas veces ni siquiera están en condiciones de funcionar, lo que genera una situación mucho más compleja.
Un político hábil es aquel que logra sortear los riesgos inherentes al ejercicio de sus funciones. En la arena donde se mueve no sólo impera la ley, sino que existen otras variables que debe manejar. Desde tiempos inmemorables una de las grandes preguntas de la ciencia política es cómo hacer para alcanzar y conservar el poder; tal vez una de las respuestas sea un respeto irrestricto a la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización efectiva en la gestión gubernamental.

En efecto, estos tres elementos proporcionan un blindaje permanente y prácticamente impenetrable a quienes ejercen un cargo que implique el manejo de recursos públicos, sobre todo cuando éstos deben abandonar el poder.

El descrédito y la calumnia son recursos de uso común en la lucha por el poder político, y resultan de gran efectividad cuando el destinatario de los mismos tiene un largo historial de manejos irregulares. Esos ataques son creíbles porque, investigando un poco, es relativamente fácil hallar pruebas.

En cambio, para un político profesional que ha respetado en su gestión la normativa correspondiente, las alegaciones infundadas, lejos de afectarle, refuerzan su imagen ante la opinión pública, que representa un elemento decisivo en cuanto a las aspiraciones y la carrera de alguien que busque posiciones superiores.

En este sentido, el político que haya sido escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones a nivel federal, cuenta con un aliado de mucho peso y prestigio para desafiar conflictos locales, puesto que estará investido de la autoridad moral y del respaldo de un ámbito confiable. Aun por mero instinto de supervivencia, apegarse a la ley resulta redituable.

La Auditoría Superior de la Federación busca ampliar el nivel de confiabilidad que se ha alcanzado a nivel federal a los órdenes estatal y municipal a través de iniciativas como el Sistema Nacional de Fiscalización, o la promulgación de una ley que regule el gasto federalizado. Es una labor que requerirá de cierto tiempo para consolidarse, pero que puede representar un importante recurso para abatir, de una vez por todas, algunas de las causas del atraso en la gestión gubernamental estatal y municipal.


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ASF puede fiscalizar recursos transferidos a los estados, incluido Tabasco

28 / May / 2013

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está facultada para revisar los recursos públicos que son transferidos a estados y municipios a través del gasto federalizado. El gasto federalizado está conformado por los fondos de aportaciones, así como por los subsidios y convenios de descentralización y reasignación, incluyendo los referentes al Estado de Tabasco.

Con base en el marco normativo que rige su actuación, la ASF está sujeta a los principios de anualidad y posterioridad, por lo que actualmente está auditando la Cuenta Pública de 2012 y presentará los resultados de sus revisiones en febrero de 2014.


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