Fiscalización en la pandemia

10 / Jul / 2020

Foto ASF-David ColEsta semana he tenido una reunión en París con motivo del lanzamiento del Manual de Integridad Pública de la OCDE, intervenimos representantes de alto nivel de 13 países, fundamentalmente de Iberoamérica. Al otro día, el miércoles tuvimos un último encuentro de un primer ciclo de Diálogo con Auditorías Locales, en las que la ASF les ha compartido sus experiencias durante el COVID-19, lo mismo que ellos con algunas intervenciones realmente relevantes.

Más tarde ese mismo día, tuvimos reunión con secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, esto es los responsables de la coordinación fiscal y los convenios de colaboración administrativa; posteriormente, ese mismo día con los rectores de las universidades públicas, el titular de la ANUIES, esto es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y la directora general de Educación Superior Universitaria, Carmen Rodríguez; por cierto, no salí de mi oficina, pues todas las reuniones se realizaron aprovechando las tecnologías de la información, cuyo uso se ha potenciado en todo el mundo y ha resultado muy provechoso. Aún ese día, reuniones de trabajo con los auditores especiales y los titulares de unidad de la ASF.

Las crisis son desgracias, más esta, porque ha costado numerosas vidas, pero también son oportunidades para crecer y hoy estamos potenciando tecnologías que han llegado para quedarse y optimizar el tiempo de trabajo.

La experiencia de esta pandemia está siendo fundamental para la fiscalización superior, por ejemplo, el personal de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, apoyado con sistemas, ya terminó el proyecto del buzón y las auditorías digitales.

Ya existe una iniciativa para considerar en el marco legal de la fiscalización, las auditorías digitales. La iniciativa fue suscrita por el titular de la Comisión de Vigilancia y sus integrantes de todas las corrientes partidarias presentes en el Congreso. Su aprobación marcará un nuevo hito para la fiscalización superior, como han señalado nuestros colegas de la OLACEF, la organización latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superior, en evento realizado la semana pasada.

Dudo que alguien haya estado preparado para enfrentar una pandemia de estas dimensiones, que por supuesto ha causado muchos daños a los ciudadanos y, sobre todo, ha cobrado la vida de miles de personas.

En este tema no hay recetas, ni modelos, menos entre naciones con diversidad cultural, con casos de pobreza extrema, de población rural e indígena o localidades –municipios– de alta marginalidad. Por supuesto el factor poblacional, el desarrollo de infraestructura, principalmente la sanitaria, educativa, etcétera. Cada nación encuentra sus propias soluciones. Desde los años setenta, para ocultar la cifra real de desempleo se inventó hablar de “población ocupada en el sector informal”, población sin prestaciones sociales, ni servicio médico. Valdría la pena revisar el libro de Hernando de Soto.

El impacto socioeconómico de una pandemia o cualquier otro desastre natural es mayor en donde la infraestructura es más frágil y la población más vulnerable.

Por ello la fiscalización superior, que debería ser una actividad esencial, como la seguridad pública, está encontrando caminos como las auditorías digitales, el tiempo real o concurrente, para vigilar, evitar y castigar abusos que se puedan presentar en la contingencia, como comprar caro y productos de mala calidad, privilegiar proveedores, no inventariar los bienes públicos adquiridos. Aun en la crisis son necesarios los estudios de mercado de lo que se va a adquirir, en suma, evitar que surjan más redes de corrupción y atacar las que existen.

David Colmenares Páramo



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