28 / Ago / 2020
Durante el invierno de 2003 se llevó a cabo un gran esfuerzo para preparar el Diagnóstico Preliminar de la CNH, aprobado por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en las oficinas del INDETEC en Guadalajara, a principios de 2004. Se hizo un repaso importante sobre los grandes temas que se abordarían en las mesas de trabajo de la Convención, “que condujera a una reforma hacendaria fundamentada en una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los órdenes de gobierno, orientada a incrementar la recaudación y la autonomía en esta materia; mejorar la distribución de los recursos y de la inversión pública, que evitara que se profundizaran las diferencias entre las regiones con mayor o menor grado de desarrollo, todo ello sin trastocar la estabilidad de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno”.
Así, el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios acordaron convocar conjuntamente a la primera Convención Nacional Hacendaria, heredera de las tres primeras convenciones nacionales fiscales, el 5 de febrero de 2004 en Juriquilla, Querétaro, con la participación de los titulares de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno.
Fueron siete las mesas de análisis y propuestas: gasto público; ingresos; deuda pública; patrimonio público; modernización y simplificación de la administración hacendaria; colaboración y coordinación intergubernamentales; y transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Se formularon los programas generales de trabajo de las mesas y se instalaron 26 comisiones técnicas, para analizar y dictaminar las propuestas presentadas por los coadyuvantes, mismas que fueron presentadas al Consejo Directivo de la Primera CNH para traducirse en propuestas definitivas.
Como resultado del análisis del Diagnóstico, destacaban entre otros temas, la insuficiencia de recursos públicos para atender el impacto sobre la población de situaciones de pobreza y pobreza extrema, una marcada desigualdad en la distribución histórica del gasto público, que privilegió en el norte las actividades más productivas, dejando actividades primarias en el sur del país.
Esto es, los contribuyentes más importantes no estaban en el sur, por eso se crea el sistema nacional de participaciones para reducir las brechas en la distribución de las participaciones, que aún hoy mantienen desigualdades importantes, pero se han dado avances también. De esta manera, una capacidad recaudatoria insuficiente y además el poco interés por recaudar, generaron una fuerte dependencia de los recursos transferidos de origen federal, con excepciones por supuesto notables, principalmente en la Ciudad de México.
Era evidente que estaba disminuida la capacidad de respuesta de los gobiernos y neutralizado los esfuerzos regionales de desarrollo, al existir esta dependencia, no solo por las tendencias centralistas del sistema nacional de coordinación fiscal, sino por la apatía recaudatoria de algunas entidades y municipios, también por supuesto por las condiciones de pobreza y el bajo potencial recaudatorio en los municipios más pobres del país.
Por otra parte, las dimensiones de la carga fiscal del país, en relación con el tamaño de su economía, continúan siendo de las más bajas entre países de desarrollo similar al nuestro, en la OCDE e incluso en América Latina, incluso afectando las finanzas de Pemex. Tanto que a fines de 2006 se hizo un intento por cambiar su régimen fiscal.
Resulta prioritario atacar la evasión y elusión fiscales, así como algunos elementos que hacen compleja la administración y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Cambiar las fórmulas es un proceso lento, como sucedió en 1990 y siempre habrá ganadores y perdedores en un sistema de suma cero, que solo se abate con esfuerzos recaudatorios compartidos… al tres.
David Colmenares Páramo
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21 / Ago / 2020
Se sigue hablando de revisar el pacto fiscal, de convocar a una “convención nacional fiscal” y lo único claro es que existe una terrible confusión; parece increíble que después de tantos años, incluso mediáticamente se planteen lugares comunes, pero una convención de las haciendas públicas no es un proceso sencillo, requiere mucho trabajo, muchos actores y voluntad para realizarla y lograr consensos que no dejen a ningún orden de gobierno disminuido en favor de los otros.
Los antecedentes son conocidos: tres convenciones nacionales fiscales y una única Convención Nacional Hacendaria en 2004.
No es un proceso sencillo, significa remodelar relaciones intergubernamentales, para apoyar el desarrollo de las generaciones futuras, y el desarrollo armónico de la nación.
Fue un proceso largo, de discusión y acuerdos políticos, con una gran voluntad de las partes para realizarla, siendo siempre el objetivo contar con tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, no avanzar en el desarrollo de uno, a costa de la debilidad del otro.
En la Declaratoria a la Nación, presentada al final de la Convención, se da cuenta de los 341 acuerdos de consenso, así como de las 50 acciones ejecutivas.
Se decía en el Manifiesto que “en la construcción de este federalismo renovado, se impone la necesidad de llevar a cabo una reforma hacendaria, que genere una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales; que se traduzca en más y mejores servicios para los ciudadanos; una reforma hacendaria que conlleve el fortalecimiento de sus haciendas públicas y la solidez financiera del país, condición necesaria para impulsar en forma sostenida el crecimiento económico, la inversión y el empleo, así como el desarrollo equilibrado de la nación; una reforma hacendaria que garantice la total transparencia en la ejecución de los recursos aportados por los contribuyentes…”
Los gobernadores hicieron el planteamiento inicial, cuyos propósitos están plasmados en la Declaración de Mazatlán, después el titular del Poder Ejecutivo federal y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas suscribieron la Declaración de Cuatro Ciénegas, “en la que manifestaron su voluntad para construir juntos, mediante amplios consensos y con pleno respeto a las atribuciones del Poder Legislativo federal y del Constituyente Permanente, una renovación del sistema federal mexicano, y de ahí el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, “acordaron convocar conjuntamente la celebración de la Primera Convención Nacional Hacendaria, que condujera a una reforma hacendaria fundamentada en una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los órdenes de gobierno…”
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales fue fundamental.
La Convención Nacional Hacendaria requirió varios procesos: primero lograr el consenso para realizarla a partir de la propuesta de los gobernadores, elaborar un diagnóstico en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con el apoyo de INDETEC, el cual fuera aprobado por la UCEF y los secretarios de Finanzas de las entidades federativas. Asimismo, constituir el Consejo Directivo, que fue la máxima autoridad de la Convención, así fue el órgano decisorio de la misma: participaron en el mismo, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, tres secretarios de Estado, tres presidentes municipales, comenzando los trabajos en Juriquilla, Querétaro, el 5 de febrero de 2004.
Se crea una dirección ejecutiva y una coordinación técnica que fue INDETEC. Elegir un secretariado técnico integrado por el secretario de Hacienda y dos secretarios de Finanzas, los de Coahuila y Chihuahua.
Luego se definirían las mesas de trabajo que fueron siete…
David Colmenares Páramo
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14 / Ago / 2020
En los últimos meses las instituciones públicas se han enfrentado a escenarios complejos que las han obligado a reconfigurar su funcionamiento. Si bien la emergencia sanitaria ha constituido un reto, también ha construido oportunidades, para que los gobiernos, según sus atribuciones, refrenden su compromiso con los valores y principios que sustentan el modelo democrático, así como los de la transparencia y la rendición de cuentas.
A partir de estas y otras valoraciones, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se han generado nuevas estrategias dirigidas al fortalecimiento del quehacer cotidiano de la fiscalización a través de medidas que brindan mayor eficacia, eficiencia y celeridad, así como para salvaguardar la protección de la integridad del personal de la institución y asegurar la continuidad de las labores de auditoría.
En relación con el primer tema, la ASF ha centrado sus esfuerzos en concretar reformas al marco de la fiscalización, con un gran apoyo de la Cámara de Diputados, y en particular de la Comisión de Vigilancia: en primer lugar, respecto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para regular las auditorías digitales. Esta iniciativa plantea, en términos generales, la incorporación acelerada de las nuevas tecnologías en los procesos de fiscalización para maximizar su eficiencia. Ejemplos del tipo de proyectos que involucra esta estrategia son, en primer lugar, el Buzón Digital-ASF, que es un sistema de comunicación entre la ASF y las entidades fiscalizadas que permite el envío, firma y certificación de información a través de la herramienta denominada “Transfer ASF”; así como el Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SiCAF-ASF), que está pensado como un proyecto de plataforma nacional que sería administrada por la ASF para la gestión, seguimiento y control de obras públicas y adquisiciones, financiadas con recursos del gasto federalizado; finalmente el Sistema Integral de Citas, que facilitará el control y desahogo de las reuniones de confronta con los entes auditados, tanto remotas como presenciales.
Aunado a lo anterior, se realizaron ajustes al Programa Anual de Auditorías sobre la Cuenta Pública 2019, para la incorporación de revisiones estratégicas relacionadas, principalmente, en el sector salud y los grandes proyectos de obra pública, incluso con una figura de auditoria adelantada. Por el lado de desempeño es evidente que la pandemia nos agarró con una infraestructura históricamente descuidada, hospitales sin médicos, ni equipamiento, construidos sin planeación, con recursos de los excedentes petroleros, que se pagaron hasta 2008. Los resultados de estas auditorías permitirán determinar cuál era la situación del sistema nacional de salud, previa a la pandemia, en aspectos específicos y relevantes para la adecuada atención de la emergencia.
De manera complementaria, se llevó a cabo la integración de una serie de recomendaciones de carácter general, sobre la reacción gubernamental ante eventos catastróficos, desastres o emergencias sociales. Estas recomendaciones fueron el resultado de la experiencia de la ASF en materia de fiscalización de desastres naturales, entre otros elementos.
En materia de colaboración interinstitucional, en el ámbito nacional, la ASF se ha centrado en la celebración de encuentros con auditores locales, como un espacio para compartir experiencias y desafíos sobre la fiscalización en tiempos de la Covid-19. En el plano internacional, la ASF ha colaborado, principalmente, con el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD) de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Ficsalizadoras Superiores (OLACEFS).
David Colmenares Páramo
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Durante el invierno de 2003 se llevó a cabo un gran esfuerzo para preparar el Diagnóstico Preliminar de la CNH, aprobado por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en las oficinas del INDETEC en Guadalajara, a principios de 2004. Se hizo un repaso importante sobre los grandes temas que se abordarían en las mesas de trabajo de la Convención, “que condujera a una reforma hacendaria fundamentada en una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los órdenes de gobierno, orientada a incrementar la recaudación y la autonomía en esta materia; mejorar la distribución de los recursos y de la inversión pública, que evitara que se profundizaran las diferencias entre las regiones con mayor o menor grado de desarrollo, todo ello sin trastocar la estabilidad de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno”.
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