Fiscalización en la pandemia

10 / Jul / 2020

Esta semana he tenido una reunión en París con motivo del lanzamiento del Manual de Integridad Pública de la OCDE, intervenimos representantes de alto nivel de 13 países, fundamentalmente de Iberoamérica. Al otro día, el miércoles tuvimos un último encuentro de un primer ciclo de Diálogo con Auditorías Locales, en las que la ASF les ha compartido sus experiencias durante el COVID-19, lo mismo que ellos con algunas intervenciones realmente relevantes.

Más tarde ese mismo día, tuvimos reunión con secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, esto es los responsables de la coordinación fiscal y los convenios de colaboración administrativa; posteriormente, ese mismo día con los rectores de las universidades públicas, el titular de la ANUIES, esto es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y la directora general de Educación Superior Universitaria, Carmen Rodríguez; por cierto, no salí de mi oficina, pues todas las reuniones se realizaron aprovechando las tecnologías de la información, cuyo uso se ha potenciado en todo el mundo y ha resultado muy provechoso. Aún ese día, reuniones de trabajo con los auditores especiales y los titulares de unidad de la ASF.

Las crisis son desgracias, más esta, porque ha costado numerosas vidas, pero también son oportunidades para crecer y hoy estamos potenciando tecnologías que han llegado para quedarse y optimizar el tiempo de trabajo.

La experiencia de esta pandemia está siendo fundamental para la fiscalización superior, por ejemplo, el personal de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, apoyado con sistemas, ya terminó el proyecto del buzón y las auditorías digitales.

Ya existe una iniciativa para considerar en el marco legal de la fiscalización, las auditorías digitales. La iniciativa fue suscrita por el titular de la Comisión de Vigilancia y sus integrantes de todas las corrientes partidarias presentes en el Congreso. Su aprobación marcará un nuevo hito para la fiscalización superior, como han señalado nuestros colegas de la OLACEF, la organización latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superior, en evento realizado la semana pasada.

Dudo que alguien haya estado preparado para enfrentar una pandemia de estas dimensiones, que por supuesto ha causado muchos daños a los ciudadanos y, sobre todo, ha cobrado la vida de miles de personas.

En este tema no hay recetas, ni modelos, menos entre naciones con diversidad cultural, con casos de pobreza extrema, de población rural e indígena o localidades –municipios– de alta marginalidad. Por supuesto el factor poblacional, el desarrollo de infraestructura, principalmente la sanitaria, educativa, etcétera. Cada nación encuentra sus propias soluciones. Desde los años setenta, para ocultar la cifra real de desempleo se inventó hablar de “población ocupada en el sector informal”, población sin prestaciones sociales, ni servicio médico. Valdría la pena revisar el libro de Hernando de Soto.

El impacto socioeconómico de una pandemia o cualquier otro desastre natural es mayor en donde la infraestructura es más frágil y la población más vulnerable.

Por ello la fiscalización superior, que debería ser una actividad esencial, como la seguridad pública, está encontrando caminos como las auditorías digitales, el tiempo real o concurrente, para vigilar, evitar y castigar abusos que se puedan presentar en la contingencia, como comprar caro y productos de mala calidad, privilegiar proveedores, no inventariar los bienes públicos adquiridos. Aun en la crisis son necesarios los estudios de mercado de lo que se va a adquirir, en suma, evitar que surjan más redes de corrupción y atacar las que existen.

David Colmenares Páramo

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Aprovechar facultades recaudatorias

03 / Jul / 2020

Ya hemos comentado el desperdicio que hay del poder recaudatorio del impuesto predial, un impuesto patrimonial; simplemente administrándolo correctamente, no es necesario hacer revaluaciones confiscatorias, sino fortalecer los catastros y encontrar mecanismos para su cobro, incluyendo la posibilidad de convenios entre órdenes de gobierno.

Se han dado casos muy interesantes de incrementos muy simples, con un rebote en 1990, en los coeficientes del Fondo de Fomento Municipal. Un fondo que íntegramente se distribuye entre los municipios.

Generar más ingresos no significa crear nuevos impuestos, significa rediseñar los que ya existen y mejorar su administración.

Otro buen impuesto creado desde 1962, es el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos; se trata de un impuesto patrimonial, progresivo, no regresivo, que desafortunadamente se convirtió en un impuesto de venta política. Era un impuesto federal, pero como tal desaparece el primer día de 2012, establecido en la ley desde 2007, que daba a las entidades dos opciones: crear un impuesto estatal con características similares a la tenencia federal –que cobraban los estados quedándose con el 100 por ciento–, o empezar a trabajar en el ajuste de sus presupuestos. Por lo que al estar vinculado a los compromisos de las campañas políticas, se deterioró su potencial recaudatorio después de 2008.

Como se observa en la Ciudad de México, a pesar de haber pasado por una reducción, hoy sigue significando un monto parecido a la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y durante muchos años ambos significaron casi la mitad de los ingresos de la Ciudad, y éstos, los ingresos propios, equivalentes a las transferencias, entre otras cosas porque nunca recibieron los recursos del FAEB, como el resto de las entidades federativas. Hoy, consecuencia logia de la crisis, está un poco abajo, pero sigue siendo relevante.

Algunos estados tenían en 2007 un impuesto sobre tenencia a vehículos de más de 10 años de antigüedad, entre ellos algunos con parque vehicular muy antiguo.

Se trataba de 14 entidades federativas, incluyendo a los estados con mayor número de municipios y el entonces Distrito Federal.

Los estados, para no perder esta fuente de ingresos, empezaron a crear sus propios impuestos estatales. Siendo los primeros Guerrero y Aguascalientes con vigencia desde 2009, a tres años del primero de enero de 2012, luego en 2010 otros seis estados y así se fueron sumando; sin embargo, otras 14 entidades lo han ido derogando hasta la fecha. Hubo casos como el de Veracruz, que lo derogó, pero luego el propio Congreso “ante la crisis financiera internacional”, lo volvió a poner y lo volvieron a derogar: otro estado lo derogó y luego fue a pedir a las autoridades hacendarias un “apoyo” equivalente a la recaudación perdida…

Los grandes perdedores de esto fueron los municipios, que recibían por lo menos el 20 por ciento de la recaudación de la tenencia como un acto de colaboración administrativa, a la mayoría no se les consultó y menos se les compensó.

De acuerdo al estupendo libro que INDETEC acaba de publicar sobre este impuesto, 14 estados lo mantienen en vigor, pero algunos con subsidios o estímulos hasta del 100 por ciento; algunos para vehículos cuyo valor no exceda de 400 a 550 mil pesos, como Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro; 16 lo tienen derogado y la Ciudad con un subsidio estacionado en 250 mil pesos desde 2013, tiene ingresos significativos –lo que tenía antes de 2012–, lo mismo que Quintana Roo. Estado de México tiene buena recaudación, a pesar del subsidio.

En suma, es un buen impuesto a la riqueza, es progresivo, no genera inequidad, pero además es útil por razones de seguridad pública, esto es el control vehicular.

David Colmenares Páramo

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