31 / Jul / 2020
La emergencia sanitaria por Covid-19 ha mostrado retos para los esquemas de gobernanza en todo el mundo ante una pandemia impredecible.
Ello ha requerido la reorganización de las agendas públicas y de gobierno en todos los ámbitos y los sectores. En esta crisis, las naciones se han enfocado en priorizar medidas multidisciplinarias y la asignación de recursos públicos emergentes para atender la pandemia.
Dentro de la complejidad de esta emergencia las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como instituciones vigilantes del buen uso de los recursos públicos, han dirigido sus acciones en promover su uso racional y ordenado, para que se utilicen de manera eficiente, eficaz, y efectiva en un marco de legalidad y transparencia.
El intercambio de información entre las EFS y la adopción de buenas prácticas internacionales se ha convertido en un elemento central. Por ello, en la Auditoría Superior de la Federación hemos emprendido una serie de acciones a nivel internacional, tanto en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) como en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), mismas que permiten fortalecer nuestras actividades.
La primera fue en el marco del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres de OLACEFS, el cual se constituyó en abril de 2019 y que ha ajustado sus alcances el mes pasado.
El grupo con 15 miembros regionales tenía inicialmente por objeto promover la cooperación entre las EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización de la gestión de desastres naturales, pues éstos eran los principales fenómenos imprevistos, de grandes dimensiones, con los cuales se enfrentaban las EFS integrantes de la OLACEFS –hablando de desastres–.
Sin embargo, la pandemia de Covid-19 puso un nuevo escenario en la realidad latinoamericana. Todos los países, los gobiernos y las entidades de fiscalización en este 2020, nos hemos enfrentado a un fenómeno sin precedentes. La magnitud de la pandemia de Covid-19 nos ha obligado a redireccionar nuestros esfuerzos, fortalecer nuestras capacidades, incluso hasta reinventar nuestras estrategias.
Por ello la ASF propuso un Adéndum a los términos de Referencia del Grupo, con el objeto de visibilizar la importancia de incluir expresamente a las epidemias y pandemias y así poder orientar las acciones del mismo en la busqueda de mecanismos y herramientas para las EFS de la región en su actuación durante y posterior a la crisis del Covid-19; y un Plan de Acción Regional en el cual se plantearon acciones específicas para impulsar diversas acciones que promuevan que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.
Ambos documentos fueron presentados y aprobados en la sesión del Consejo Directivo de OLACEFS del pasado 30 de junio de 2020. Además, en dicha reunión se acordó también la importancia del trabajo conjunto entre el Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres y el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción, para la realización de auditorías coordinadas en materia de compras públicas orientadas a establecer mecanismos para combatir la corrupción.
La segunda acción es relacionada con las actividades en la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). La ASF participó el pasado 23 de julio en la reunión de la Iniciativa PFAC COVID-19.
En la mencionada reunión se destacó el valor y el beneficio de la labor fiscalizadora ante la pandemia de Covid-19, la importancia del uso de las tecnologías para auditar a distancia por medios digitales y la relevancia de nuevas técnicas de auditoría, en pro de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, participaron en este esfuerzo entre otras Entidades de Fiscalización Superior la de Rusia, Francia, Austria, Brasil y Sudáfrica.
Estos espacios son relevantes, pues buscan crear resiliencia estratégica y cooperación a largo plazo para hacer frente a los desafíos de la pandemia.
David Colmenares Páramo
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24 / Jul / 2020
Un tema sin fin, ni comprensión, es el que se presenta estacionalmente respecto a las relaciones entre los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, entre los municipios y los gobiernos estatales y aún más, las discusiones y conflictos entre las llamadas agencias municipales o agencias auxiliares, contra las autoridades municipales. El caso es que solo tenemos tres órdenes de gobierno, al ser un país federal, pero los usos y costumbres empezaron en estados como Oaxaca y Puebla, a obligar a los municipios a compartir recursos con esas figuras que constitucionalmente no existen.
El problema se agrava cuando no hay, o los recursos extraordinarios no llegan, afortunadamente en su momento, con la llegada de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, surgen los fondos de estabilización, destacando para el pacto fiscal, el FEIEF, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas que ha permitido salvar las coyunturas financieras en tiempos de crisis, al compensar a las entidades federativas y por tanto a los municipios, de la reducción de las participaciones respecto a lo programado, tanto en 2009, como este año cuando al mes de julio ya son 40 mil millones menos, de las participaciones pagadas respecto a lo programado, por lo que el FEIEF ha tenido que pagar un poco más de 20 mil millones de pesos a las entidades federativas al mes de junio, y las 31 entidades deberán pagar a su vez, por lo menos el 20 por ciento de lo que reciben a los ayuntamientos.
El asunto es claro, pero mediáticamente se dice que el gobierno “recortó las participaciones”, lo cual no es cierto ya que están vinculadas al comportamiento de la recaudación de los impuestos coordinados, y esto ha pasado muchas veces, además en la coordinación los estados tienen un Comité de Vigilancia que sesiona mensualmente y revisa la metodología de cálculo de las mismas, sin que nunca se haya detectado un error que implicase responsabilidades.
Además, es un asunto fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, así como el pago de los estados a los municipios, donde sí se han encontrado irregularidades.
Es como la discusión del pacto fiscal, que ya he comentado en este espacio, se trata de un tema que tiene que ver no con los porcentajes de distribución del pastel participable, sino de facultades y responsabilidades, amén de que nuestro País es un mosaico de grandes diferencias entre los estados y las participaciones permiten reducir desigualdades entre los estados que forman la federación.
En enero, el FEIEF tenía 64 mil millones de pesos, sin embargo, la pérdida acumulada de participaciones hasta el mes de junio fue de 28 mil millones respecto de lo estimado. Por lo que, para compensar esa caída de la recaudación participable, se recurre al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas.
En virtud de que las participaciones pagadas al mes de junio fueron inferiores a 28 mil millones de pesos, el 7 por ciento inferior a lo estimado, se acaban de pagar, con cargo al FEIEF, 20 mil millones de pesos, esto es el 75 por ciento de la caída en las participaciones. Trimestralmente se hace el corte y si se mantiene la reducción, se paga el 75 por ciento de la pérdida; si al terminar el año se mantiene la misma, se completa la compensación al cien por ciento. Hoy se planea que la compensación sea mensual.
El tamaño de la recesión inducida, por la pandemia, no podría compensarse SOLO con el FEIEF por lo que desde Hacienda se ha buscado con los estados, un mecanismo para obtener 70 mil millones de pesos y quedaría una reserva mínima de 30 mil millones para 2021.
Un mecanismo usado con éxito y con menores recursos en 2009, fue la “potenciación” del FEIEF, contratando un crédito con la banca de desarrollo, en el marco de la coordinación fiscal, avalado por todos los estados.
David Colmenares Páramo
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17 / Jul / 2020
Las auditorías de desempeño son un instrumento preventivo de la corrupción, al revisar y analizar las diferentes políticas públicas; sus evaluaciones consisten en una revisión objetiva y confiable que nos permite conocer si las mismas, incluidas la política económica y la política social, funcionan con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía. La ASF cuenta desde 2001 con una Auditoría Especial de Desempeño, que opera de acuerdo a los estándares definidos por la INTOSAI, esto es con base en una revisión objetiva y confiable que permita conocer si las políticas gubernamentales de los tres órdenes de gobierno en un país federal como el nuestro, en función de los principios básicos de eficacia, eficiencia y economía.
De ahí la oportunidad que tuve de participar en el conversatorio sobre perspectivas y retos de la evaluación del desempeño en el contexto de Covid-19, organizado por la Comisión de Vigilancia y la UEC, esto es la Unidad de Evaluación y Control.
Interesantes las presentaciones de las dos panelistas, Gabriela Pérez Yarahuán, del CREAR-LAC, y la maestra Ivory Villanueva Lomelí, de la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID. Igual que la del diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, y la moderación de David Villanueva Lomelí, titular de la UEC.
Las auditorías de desempeño de la ASF han estado en línea con los estándares definidos por el INTOSAI, que en suma consisten en una revisión objetiva y confiable que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.
Para mejorar las políticas públicas se requiere una valoración objetiva del impacto de los programas, proyectos y acciones gubernamentales, en el contexto de las metas establecidas en la normativa y los documentos de planeación nacionales y locales.
La pandemia hizo evidente las debilidades de las políticas públicas en nuestro país desde su creación, como altos índices de pobreza, más de la mitad de los municipios con marginalización alta, ubicados fundamentalmente en el sureste; desempleo, disfrazado desde los ochenta con el eufemismo de “ocupados en el sector informal”, la vigencia histórica de una estructura nacional de la desigualdad derivado de políticas económicas preocupadas más por la contención social, que por la solución de la desigualdad, la marginalidad y la pobreza, como en algún momento en los congresos del Colegio Nacional de Economistas de los ochenta, se hizo evidente. Bajos niveles recaudatorios en las haciendas estatales y municipales y en la colaboración administrativa en materia fiscal, principalmente en relación a las auditorías fiscales.
Las auditorías de desempeño no son vinculantes, sin embargo, la atención a las observaciones de las mismas, sobre temas estratégicos como las política y operación de los sistemas nacionales y regionales de salud, evitarían que en las transiciones se hereden chatarras estructurales, como fue el caso de los hospitales, muchos construidos con los llamados excedentes petroleros.
Existen ya mecanismos para vincular al desempeño con cumplimiento financiero, uno de esos mecanismos son las auditorías integrales, conjuntas sin confundir sus ámbitos de revisión, entre cumplimiento financiero y desempeño.
Es evidente que en una situación de emergencia sanitaria como la que enfrentamos, por ejemplo, el Fonden no contemple como desastre a la misma. Por ello la propuesta que hemos presentado en otros foros de la propia Cámara de Diputados, respecto a la incorporación en ese Fondo de las pandemias y epidemias, como ya se hizo con las inundaciones y los incendios forestales en otro tiempo.
La tecnología nos empieza a ayudar con mayor intensidad, la fiscalización superior se fortalece con el uso de big data, las auditorías digitales, la georreferenciación, etcétera.
David Colmenares Páramo
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La emergencia sanitaria por Covid-19 ha mostrado retos para los esquemas de gobernanza en todo el mundo ante una pandemia impredecible.
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