La revisión del Fonden

05 / Jun / 2020

Hace unos días participé en sesión del Parlamento Abierto a invitación del presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, y de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Intervinieron los coordinadores de los grupos parlamentarios. El tema fue el Fonden, así como su futuro.

En cuanto al Fonden, que es tema de esta colaboración, el mismo fue diseñado en 1996, según relata Fausto Hernández Trillo, con el fin de reconstruir infraestructura pública y vivienda de población marginada. Posteriormente, Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos, lo presentó a los funcionarios fiscales en San Carlos, Sinaloa, y empezó a operar en 1999.

Es un fideicomiso que –su futuro es lo que se está analizando– ha tenido aciertos, pero también dificultades y defectos, y con esta apertura del Congreso, es el momento de corregirlos, ya sea en el mismo Fondo o creando “un nuevo Fonden” con nuevas reglas de operación, cuyos recursos sean administrados con transparencia y rendición de cuentas.

En cinco estados se ha concentrado más de la mitad de los recursos de reconstrucción, entre ellos están los que tienen mayores niveles de pobreza y que fiscalmente no han sido favorecidos, ya que durante años se privilegiaron las inversiones en infraestructura en el norte y en algunos estados de centro; por lo tanto, los grandes contribuyentes están en otro lado, no en el sureste.

Al respecto, se dio una concentración en los domicilios fiscales de las grandes empresas, en el Valle de México, Nuevo León y Jalisco, dejando a estos estados con pocas posibilidades para hacer reservas fiscales para enfrentar los fenómenos naturales. La idea de crear el Fonden fue oportuna; sin embargo, ha operado con una estructura de pari passus, difícil para los estados más afectados por los desastres naturales.

La recurrencia de desastres naturales por estado se ha concentrado en cinco: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, poco más de la mitad.

La estructura del pari passu ha sido regresiva; recuerdo que la aportación municipal llegó al 70 por ciento en algún momento, y para los estados del 60 por ciento, lo que se igualó en 2001, al 50–50; hoy se habla de que el gobierno federal pone la mitad y los estados la otra parte, es lo mismo. Sin embargo, la estructura financiera debería estar vinculada al peso fiscal entre los tres órdenes de gobierno.

Como es claro, varias entidades federativas literalmente no podían aportar su parte y dependiendo de la capacidad negociadora de sus autoridades, éstas conseguían recursos de alguna dependencia federal, que finalmente era para la aportación estatal al Fonden, y por otro lado, al no poder el estado depositar su pari passu, los delegados estatales tuvieron problemas con los gobernadores, e incluso se endeudaron para poder liberar los recursos federales; ante ello, en Banobras se crean los “bonos cupón cero”, una presión adicional y costosa para las haciendas estatales. Se les decía que solo pagarían intereses sin poder adelantar el pago.

Otra oportunidad de esta revisión que está haciendo la Cámara de Diputados, es que debe ampliar su cobertura, para incluir las epidemias y pandemias, como se incluyeron en su momento las sequías y los incendios forestales.

Asimismo, es necesario mejorar las reglas de operación, la complementariedad e integración de los fondos y aprovechar los mecanismos que garanticen la disponibilidad de los recursos más allá de la base anual, toda vez que la ocurrencia de los fenómenos es aleatoria. Finalmente, fortalecer la fiscalización superior, tarea por supuesto de la ASF y de la sociedad.

David Colmenares Páramo

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