Descoordinación o diálogo

17 / Abr / 2020

Foto ASF-David ColEn 1980 entró en vigencia con la introducción del IVA, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al cual los estados se adhirieron mediante Convenio, y se crea la Ley de Coordinación Fiscal, que ha tenido varias reformas, especialmente en lo referente a las fórmulas de distribución de las participaciones derivadas de la recaudación federal, que se pagan a los estados, al dejar éstos en suspenso, impuestos que la Constitución no les prohíbe, para que los recaude el poder central. Éste, insisto, les participa de un porcentaje de lo que recauda. Lo anterior eliminó la doble tributación, centralizó por supuesto la recaudación, se eliminó lo que se conocía como la “jungla fiscal”, pero lo más importante fue que así se podría compensar a los estados cuyo nivel de subdesarrollo y de pobreza, les impedía poder financiar su propio desarrollo.

Surge el concepto de recaudación federal participable, base para pagar las participaciones a los estados y municipios, a través de fórmulas que por lo menos en 1990 fueron consensadas con los estados. Antes de ese año se presentaban asimetrías tremendas, por ejemplo, el diferencial per cápita entre el estado que más recibía y el que menos era casi de nueve a uno, dado que la distribución era inercial.

Fue hasta 1989 cuando empezaron los cambios, con una propuesta de Zacatecas para distribuir todas las participaciones por habitante, desapareció el Fondo Financiero Complementario, en un proceso gradual, pero la mayoría de los estados como Oaxaca, observaron que en la transición sus ingresos sufrían “un efecto de columpio”, por lo que prepararon una propuesta de nueva fórmula, impulsada y defendida por la mayoría de los estados, apoyada por la Secretaría de Hacienda, y después de 12 reuniones nacionales y muchas más del grupo de trabajo para la revisión de la fórmula que encabezaba Oaxaca, igual que la Comisión Permanente, se logró a través de un consenso mayoritario, la aprobación de las fórmulas que incluían mecanismos de compensación para los estados no ganadores, que operó al cien por ciento hasta 2007.

En ese proceso el país se dividió, por un lado, los estados que se asumían perdedores porque su PIB era mayor que lo que recibían y alegaban la necesidad de que las fórmulas fueron “resarcitorias”; enfrente la mayoría de los estados del sur y el centro del país, que querían mecanismos que hicieran más justo el sistema de distribución de recursos, esto es, se redujera el diferencial per cápita en la distribución. Por supuesto éstos fueron la mayoría.

En 2008 entró una nueva reforma en las fórmulas de distribución, todo por población domiciliada, sin consulta previa, con varios perdedores, especialmente la CDMX y Tabasco, pero también Chiapas y Nuevo León entre otros 16 perdedores. Se interpuso una controversia constitucional por la Ciudad e incluso un acuerdo de inconstitucionalidad de la Cámara de Diputados, pero nadie planteó la descoordinación.

Ésta no es sencilla, el descoordinado tendría, por ejemplo, que construir su propio sistema fiscal; sin embargo, tendría que negociar con los congresos locales, con las organizaciones empresariales y sociales, un nuevo sistema estatal que sustituya a las participaciones y se correría el riesgo del retorno de la doble tributación.

Hoy hay estados que sí están haciendo esfuerzos recaudatorios importantes, pero son los menos, su dependencia de las transferencias en promedio es extrema, ahí está el ejemplo de la tenencia y el predial en la experiencia municipal.

Otro tema sería la deuda estatal, concentrada en pocas entidades: la mitad en cinco y tres cuartas partes en diez. En algunas, el servicio de la misma es muy alto, para algunos, alrededor de cinco mil millones de pesos anuales y no es un problema de reestructuración.

Un punto relevante sería el papel del municipio que hoy recibe por lo menos el 20 por ciento de las participaciones estatales.

David Colmenares Páramo



Finanzas locales, su seguro

13 / Abr / 2020

Foto ASF-David ColHoy a la presencia del inicio de una crisis económica mundial, generada en el exterior, como ha sido el caso de otras como la de 2009 cuando la crisis financiera nos llegó como crisis fiscal con afectaciones importantes a las finanzas públicas. Paralelamente se dio la pandemia del H1M1. Mucho se escribió sobre el tema, uno de los impactos, por ejemplo, se dio con la caída de las participaciones respecto a lo estimado, caída que rebasó los 40 mil millones de pesos, que en el caso de estados y municipios, pudo ser compensada con dos mecanismos, uno el uso del FEIEF, esto es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que solo tenía 24 mil millones de pesos ese año y se recurrió a una “potenciación” para compensar el resto. Esto es, se concretó un acuerdo de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y se contrató deuda a nombre de todos los estados, que dos años después fue pagada en su totalidad.

Hoy este Fondo tiene alrededor de 60 mil millones de pesos y esto facilita el que las finanzas de estos dos órdenes de gobierno, cuya dependencia de las transferencias federales, es más que evidente, puedan sortear la crisis de ese momento.

Claro, los problemas estructurales de la dependencia fiscal de estados y municipios aún se viven hoy. Como he comentado, alrededor del 90 por ciento de sus ingresos provienen de transferencias federales, con las asimetrías naturales de un País tan desigual como el nuestro.

Adicionalmente hoy más que nunca tenemos que vigilar que los recursos se gasten con eficacia y probidad, a eso apuestan los avances en las nuevas tecnologías, que ya permiten que la ASF pueda hacer auditorías electrónicas, que tengamos la información disponible y a tiempo en medios electrónicos, que podamos contar con el tiempo real y que debido a la propia crisis, estamos cambiando nuestros métodos de trabajo y comunicación.

Acabo de hablar con muchos colegas latinoamericanos, los problemas son comunes y los avances para avanzar también, simplemente algunos tenemos avances más importantes.

Ya he comentado el buzón electrónico, las auditorias adelantadas, la coordinación con la Fiscalía General – digo mejor, porque no existía-, el trabajo sin contratar despachos para las auditorias, etcétera.

La vigilancia del gasto, es hoy todavía más importante, para evitar que en estos momentos se materialicen tentaciones de corrupción.

Un tema que viene al cuento es que se quejan estas empresas del retraso en los pagos por parte de los gobiernos locales, al respecto hay experiencias internacionales para garantizar `lazos de pago correctos, más o menos dos meses, el pago transparente y sin recorte, así como la caridad del proceso de contratación.

Ello impacta, por supuesto, en nuestro grado de competitividad, por ejemplo, México ha mejorado su índice de competitividad mundial en los últimos años, de una muestra de 140 países seleccionados. Según informes del Foro Económico mundial, y del Banco Mundial en su estudio de DOING BUSINES 2019.

Hoy estamos ante una emergencia nacional y mundial, y se entiende que no se apliquen los procedimientos tradicionales, esto es que no se realicen licitaciones, la vida de la población así lo requiere y en la ASF lo tenemos claro, y lo consideraremos así en el momento de la fiscalización.

Dentro del entramado institucional de rendición de cuentas de nuestro país, la ASF tiene una posición privilegiada que le permite brindar una perspectiva global sobre la operación del aparato gubernamental en los tres órdenes de gobierno, respecto a diversas materias, entre las que se encuentra la calidad de las contrataciones públicas y hoy es una prioridad apoyar las finanzas municipales.

David Colmenates Páramo



¿Y los municipios?

03 / Abr / 2020

Foto ASF-David ColUn tema recurrente, que no es nuevo, es el de cómo fortalecer las finanzas estatales y municipales, por un lado, con un mejor reparto de las responsabilidades recaudatorias en materia fiscal, de asumir por parte de los tres órdenes de gobierno su responsabilidad fiscal y ponerse a recaudar lo que la Ley les permite; ya que en los órdenes estatal y local la mayoría no asume como tarea prioritaria la recaudación de impuestos. Por supuesto que son varios los que sí se ocupan de la tarea recaudatoria, pero más le apuestan a lo que alguien llegó a llamar “el padrotismo fiscal”.

Pero también tienen ambos órdenes de gobierno que gastar bien, con eficiencia, con probidad, transparencia y responsabilidad en lo que la sociedad necesita. Hablar de una descoordinación del pacto fiscal de los ochentas, como han señalado algunos gobernadores, no es un algo sencillo, ni viable para todos, cuando sabemos que el desarrollo desigual hace que pocos estados tienen el potencial productivo y recaudatorio para ser autosuficientes, no solo por sus débiles administraciones fiscales, también porque por lo menos entre seis y ocho están agobiados por fuertes cargas financieras de deudas elevadas y fuertes pasivos con acreedores locales, heredadas, por cierto.

No es secreta la fuerte dependencia fiscal de los estados, un promedio del 90 por ciento, hay algunos que no llegan al cinco por ciento de ingresos propios, gastan fundamentalmente con recursos de transferencias federales, sean las participaciones o las aportaciones que representan los mayores porcentajes.

Cierto también que es necesario replantear el Pacto Fiscal, que se hizo desde los ochentas para, a través de la centralización de facultades recaudatorias, hacer dependientes a los estados. Hubo épocas como cuando en 1990 para 1991 se cambia la fórmula de distribución de participaciones por acuerdo y consenso de las entidades federativas, fórmulas impulsadas por los estados de menores ingresos, particularmente Oaxaca.

En 2004 se realizó la primera Convención Nacional Hacendaria o de las Haciendas Públicas con más de 300 acuerdos por consenso, pero con la ausencia en las votaciones de los congresos estatales y el Federal, este último muy participativo, pero sin asumir compromisos.

Desde la Cámara de Diputados se ha planteado desde 2019 una nueva Convención, la cual es necesaria, pero en este momento, inoportuna, dada la crisis mundial con secuelas fuertes sobre el continente, incluido México.

Pero sí se puede avanzar en revisar la situación de las finanzas municipales, que reciben un poco más del cinco por ciento de las participaciones, muchas veces jineteadas, escamoteadas y no pagadas por los gobiernos estatales, no todos por supuesto, pero sí hay casos que la memoria no deja olvidar.

Su situación es muy precaria, por ejemplo, en cuatro estados del sureste: Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas, una zona fiscal se encuentra la mayoría de los mismos, la mayoría son rurales, por ejemplo, el 96.7 de Oaxaca, el 86 por ciento de Puebla, el 77 por ciento de Veracruz y el 78 por ciento de Chiapas.

Recordemos cómo en 2009, cuando la crisis financiera importada, se descubrieron las omisiones de dos calificadoras –vean en Netflix La Gran Apuesta– se aprovechó el FEIEF, esto es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, pero como la caída llegó casi a los 50 mil millones de pesos, se tuvo que “potenciar” el mismo, esto es, contratar un préstamo por parte de todos los estados, que no es una mala opción en este momento.

Por otro lado recordemos que el año pasado se compensa la caída de participaciones respecto a lo estimado con recursos de este Fondo, casi 40 mil millones, de los cuales, correspondían, por lo menos, el 20 por ciento a los municipios. Estamos revisando si se les pagó porque en 2009 muchos estados no lo hicieron.

David Colmenares Páramo