27 / Sep / 2019
Hablar de una descoordinación del pacto fiscal de los ochentas, como han señalado algunos gobernadores, no es algo sencillo, ni viable para todos, cuando sabemos que el desarrollo desigual hace que, pocos estados son los que tienen el potencial productivo y recaudatorio para ser autosuficientes, no solo por sus débiles administraciones fiscales, repito no todos, sino que por lo menos entre seis y ocho están agobiados por cargas financieras de deudas elevadas y fuertes pasivos con acreedores locales, heredados por cierto de los anteriores gobiernos, pero hoy son de ellos.
Tendrán que pagar muchas de las fallas y corruptelas de sus antecesores, como en el gobierno federal. Es la causa de deudas pendientes e improductivas.
Ya se han hecho intentos para considerar la descoordinación, como Veracruz en los primeros años del siglo, cuya conclusión fue clara, inviable, y este estado, a pesar de sus pésimos y muchas veces corruptos gobiernos, con pocas excepciones, está entre los tres que más participaciones reciben y más con el reparto poblacional; o cuando revisé a petición de Puebla, siendo funcionario federal, dejar al IVA a los estados y eliminar el sistema de participaciones. La conclusión no era viable, ya que el daño a Oaxaca o a Zacatecas, sería terrible y una invitación a dejar el pacto federal o crear fondos compensatorios como en España, esto es crear estados de primera, segunda o hasta tercera. Imposible.
Sí se deben revisar las fórmulas de reparto, como la actual que solo se reparte por población domiciliada, perjudicando a muchos como Tabasco, Chiapas y la CDMX, pero benefició desde 2008 a una sola entidad, que hoy recibe más del 13 por ciento de las participaciones y el ex DF solo el ocho y Tabasco va al precipicio, ha perdido desde hace más de 10 años más de 30 mil millones de pesos.
Hay que fortalecer la colaboración administrativa, recaudar mejor las facultades chiquitas que tienen y atacar desde un inicio la corrupción y el mal uso del gasto público.
A los muy endeudados que les gusta reestructurar, esto es refinanciar hacia el futuro para brincar sus tiempos, han fortalecido no sus finanzas sino las de las consultoras; de algunas por supuesto. Esto es, más deudas.
Aun así, queda claro que, los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes para financiar las necesidades de infraestructura y gasto social de las entidades federativas y de las autoridades municipales.
Un recuento en la agenda histórica del federalismo dice que no hemos mejorado mucho, lo que implica que se abran espacios de corrupción, como lo fue en su momento el Ramo 23, que al tener pocos recursos para infraestructura las entidades recurrían a la federación con altos costos para los ciudadanos.
Estoy convencido de que el fortalecimiento del federalismo fiscal requiere de un mejor reparto de las facultades recaudatorias, condicionado a mejores prácticas en el gasto público. Si no, repetiremos las malas prácticas en el ejercicio del gasto público, debilidad presupuestaria, un mal llamado federalismo fiscal.
Más que cambiar el Sistema de Coordinación hay que mejorarlo y hacer como plantea Ramirez Cuellar, una convención hacendaria, donde el diseño de los impuestos es vital, así como revisar los gastos fiscales.
La ASF ha presentado una serie de estudios señalando la necesidad de un rediseño en la normativa de las transferencias federales, más aún cuando con las nuevas potestades, y los convenios que se tienen con muchas instancias, podemos conocer el universo completo, cómo se ejercen los recursos de cualquier ente y así determinar tiros de precisión en tiempo real, que nos permitan una fiscalización más eficiente y preventiva.
Final: sí revisar las fórmulas pero que cada quien haga su parte, aprovechen el sistema de coordinación.
David Colmenares Páramo
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20 / Sep / 2019
Se ha hablado de inconformidad de algunos gobernadores por el proyecto de presupuesto, incluso se habla de que quieren reformar la Ley de Coordinación Fiscal para obtener un mejor reparto de las participaciones”. Lo anterior de acuerdo a información de un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En algunos medios se habla de recortes en las aportaciones y las participaciones, ramos 33 y 28 del PPEF, de manera equivocada.
Se trata de dos ramos presupuestales de naturaleza distinta, que ya la opinión pública diferencia con claridad, no está por demás precisar que, en el caso de las participaciones no se puede hablar de “recortes en el reparto” ya que las mismas son gasto no programable y por lo tanto se trata de una estimación, que está vinculada con el comportamiento de la recaudación. Desde que se firma el pacto fiscal en 1980 al entrar en vigor la Ley de Coordinacion Fiscal, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través de la adhesión de los estados, y cambia el sistema de reparto de los recursos pagados por esta vía a las entidades federativas, el resultado es una fuerte dependencia de la recaudación federal.
Las participaciones, como producto de la adhesión al SNCF, son como una contraprestación, ya que los estados dejan en suspenso, es decir, ya no cobran impuestos que la Constitución no les prohíbe, dejándolo en manos de la hacienda federal, a cambio de recibir una parte de lo recaudado, esto es participaciones.
La estimación del Proyecto, 20 mil millones de pesos, un 0.9 por ciento menor a lo aprobado en 2019, pero es eso, una estimación que puede subir o bajar, en función del comportamiento de la recaudación participable. Esto resulta claro pero a veces pareciera que no.
La recaudación es la variable determinante, y en ello influye el comportamiento económico nacional, así como el entorno internacional, la inflación y sobre todo el esfuerzo recaudatorio federal.
Al inicio de los años 90 se dio una fuerte discusión entre los estados: aquellos que defendían que las participaciones compensasen la capacidad contributiva de cada estado y los que consideraban –la mayoría- que era un instrumento de los pocos estados federales en el Mundo para compensar las diferencias en los niveles de desarrollo y en las haciendas públicas estatales, esto es que apostaban a la equidad en el reparto de los recursos.
En 1990 se materializó una primera diferencia, cuando se cambia la fórmula de distribución de participaciones, ganando el principio de equidad, pero añadiendo incentivos al esfuerzo recaudatorio en cada entidad federativa y en la recaudación en el predial municipal.
Cuando cambia la fórmula que se aprobó por consenso, algunos estados que no estuvieron de acuerdo fueron algunos del Norte y otros como el DF y el Estado de México, incluso Tabasco y Chiapas, que todavía disfrutaban del privilegio de haber sido estados petroleros. No obstante se agregaron fondos de compensación para los estados perdedores, que operaron con eficiencia hasta 2007, que por recomendación de un organismo internacional, se siguió el criterio de distribuir el cien por ciento en base a la población domiciliada, que provocó – el cambio de fórmula- estados muy perdedores y otros muy ganadores, por ejemplo, la CDMX y Tabasco han acumulado una pérdida de más de 30 mil millones de pesos cada uno, de 2008 a la fecha, ya que la implantación total de la fórmula es gradual y faltan aún algunos años para completar el ciclo.
Es cierto, hay que revisar la Ley de Coordinación Fiscal, crear una Ley del Gasto Federalizado o una de Ingreso Gasto, que integre los recursos condicionados y los de libre disponibilidad con reglas de operación diferentes.
Pero no podemos hablar de que se recorten o meter tijera a las participaciones, cuando es gasto programable y depende de lo señalado.
David Colmenares Páramo
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13 / Sep / 2019
Esta semana ante la Comisión Bicamaral se comentó lo referente a la importancia de la Ley de Disciplina Financiera, uno de los pivotes para revisar el comportamiento de las finanzas estatales y municipales. Hace dos años se reformó después de que nació sin ser suficientemente madura; por ejemplo, cuando se refería a las obligaciones de corto plazo de los estados. Clasificaba en la deuda de corto plazo, esto es la que se tiene con proveedores y contratistas, como más solventes a Veracruz y Chihuahua, respecto de la CDMX, cuando es la única entidad federativa que recauda de ingresos propios más de lo que recibe de transferencias, inclusive es la única que cuenta con un fondo de contingencia para emergencias.
Se corrigió y entraron otros cambios, el más importante es que son sujetas al principio de anualidad, por lo que tienen que reintegrar a la TESOFE los recursos federales no ejercidos en los tiempos que marca la ley. Emilio Barriga propone un fondo con todos esos reintegros y que se haga concursable. Debe ser claro que con el reintegro no pierde el gobierno o los gobiernos, sino la gente que necesita de esos recursos.
Era evidente que urgía esta ley, dada la situación presupuestaria de los estados. En los últimos años se dio un crecimiento desmesurado de la deuda estatal, a fines de 2006 la acumulada de estados y municipios era de 160 mil millones de pesos, hoy está en el umbral de los 600 mil millones: pero está concentrada en pocas entidades federativas, sólo cinco registran el 53 por ciento de la deuda de ese orden de gobierno, si se suman cinco más llegamos al ochenta, aproximadamente.
El monto puede ser un dato importante, no nos dice mucho sino lo comparamos con otros indicadores, los clásicos fueron la relación con el PIB, con relación a las participaciones, esto es los recursos de libre disposición, los plazos y las tasas de interés. El tema de los PPS o APPS es interesante porque no se acumula a las obligaciones financieras, igual que los bonos cupón cero, lo que aumentaría los compromisos de algunos estados. Para los proyectos contratados bajo este esquema hoy sólo se consideran la inversión por infraestructura.
En la Cámara de Senadores se trabaja en un proyecto de reformas adicionales a la ley.
Los pagos del servicio de la deuda son muy altos, casi 70 mil millones anuales en el orden subnacional, hay algunos como Veracruz que pagan alrededor de cinco mil millones anuales, lo que multiplicado por seis años es un boquete importantísimo para su hacienda pública, sin desglosar cuánto es de amortización y cuánto de intereses, lo que rebasa los recursos totales de muchos estados pequeños.
Por otra parte, es necesario mencionar que hoy que se ha ampliado el universo auditable, la tecnología nos permite auditar con mayor eficiencia y certidumbre y la Ley de Disciplina Financiera es un instrumento relevante.
Hay muchas preocupaciones hoy en estados y municipios, en relación al tema fiscal; sin embargo, también es cierto que no recaudan lo que pueden y deben, prefieren esperar mayores participaciones y ya la deuda no es opción. Hoy el esfuerzo debe ser compartido, por ejemplo, con los ingresos propios que algunos estados han potenciado, la mayoría apenas llega al cinco por ciento de sus ingresos totales.
Su mayor desperdicio es el impuesto a la tenencia, que por razones político-electorales la mitad la eliminó; sin embargo, para la otra mitad significa un ingreso importante, así como para sus municipios.
Por lo anterior la seguridad presupuestaria de los estados es incierta, por ello el año pasado algunos de ellos tuvieron que recibir anticipos de participaciones para cerrar su ejercicio fiscal, pero son recursos que tienen que amortizarse en el mismo ejercicio fiscal, claro con un costo financiero establecido en la ley, como comenté en mi colaboración anterior.
David Colmenares Páramo
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