Fiscalización con transparencia

30 / Ago / 2019

Foto ASF-David ColEn las conclusiones por unanimidad de la Primera Convención Nacional Hacendaria o de las Haciendas Públicas, realizada en 2004 con su sede principal en Querétaro, pero que estuvo en varias entidades, emergieron varios temas que hoy resultan relevantes: el de la armonización contable, la disciplina financiera, la rendición de cuentas y la transparencia, temas que tuve oportunidad de introducir ya en el Congreso Nacional de Economistas, que se realizó en Puebla en 2002. Temas que fueron abordados en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboraba desde 2003 en la coordinación con entidades federativas.

En la ASF, por ejemplo, es muy importante la atención que se brinda a las personas, ya que hay una preocupación de requerimientos informativos a la Auditoría Superior. Por ejemplo, en lo que va de 2019 se han recibido cerca de 800 solicitudes de información, de las cuales el 60 por ciento corresponde a actividades sustantivas, como informes, auditorías concluidas, pliegos de observaciones solventadas, procedimientos resarcitorios y denuncias.

Ha habido preocupación por realizar versiones ejecutivas de todas las auditorías desde hace un año, solicitud hecha por la Cámara de Diputados ante los comentarios de que muchas personas requieren una fácil comprensión de los mismos, en virtud de que la información que genera la ASF es socialmente útil y contribuye al combate a la corrupción.

Es positiva la iniciativa de las personas al solicitar información, porque ejercen un derecho humano, individual y colectivo, esa es la actitud activa del ciudadano; la de las instituciones de fiscalización superior es poner a disposición de las personas la información actualizada, veraz, oportuna y confiable de asuntos que a todos nos interesan.

El universo es amplio: cerca de 18 mil auditorías registradas, alrededor de 150 mil acciones determinadas, más de 20 mil pliegos de observaciones y 22 mil de responsabilidades sancionatorias.

Ejemplo de ello es la reciente verificación realizada por el órgano garante de la transparencia, en el cual se califica a la ASF con el cien por ciento del cumplimiento de sus obligaciones en la materia. El año pasado fueron más de mil cien requerimientos informativos.

Por otra parte, se está promoviendo que todos los órganos de fiscalización, incluyendo por supuesto a las auditorías superiores de los estados, tengan un piso homologado en materia normativa de obligaciones de transparencia, empezando por armonizar los informes que se presentan a los congresos respectivos, estandarizando la información, atendiendo, por supuesto, las diferencias sociodemográficas, económicas, incluso políticas en cada entidad federativa. Hay un tema que tenemos que abordar, el cual es la homologación de metodologías, como los mapas de riesgo y de mejora en la gestión pública, por poner un ejemplo.

Por otro lado, hay espacios internacionales de gobernanza y transparencia, lo que nos obliga a hacer ajustes normativos y propuestas de mejora, como es el caso del INTOSAI, que es la entidad internacional de auditores superiores, que sesionara a antes de que termines el año, lo cual redundara en compartir experiencias en materia de transparencia y rendición de cuentas, para adoptar mejores prácticas en la materia.

En la OLACEFS –la organización que agrupa a las entidades de fiscalización superior latinoamericanas– estamos trabajando en acciones de auditorías coordinadas y transparentes. Próximamente, junto con Ecuador, presentaremos nuestro programa de trabajo coordinado para el que fuimos electos, como presidencia del grupo de desastres naturales y la reconstrucción después de los mismos.

David Colmenares Páramo



El uso de las ciencias en la Fiscalización Superior y el Combate a la Corrupción – Conferencia “Nueva visión de fiscalización”

23 / Ago / 2019

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Consecuencias del desinterés

Foto ASF-David ColHoy vuelven a surgir comentarios sobre la insuficiencia de recursos presupuestales para las finanzas estatales y municipales, las cuales dependen en más de un 90 por ciento en sus ingresos de las transferencias federales; por un lado, las participaciones que son ingresos de libre disposición, y de las aportaciones, subsidios y convenios que son recursos condicionados a un fin específico. Por cierto, los ejercicios correctos de todos esos recursos pueden ser revisados por la ASF.

Si revisamos las finanzas de cualquier estado, veremos que hay un contraste entre lo recaudado por ellos y lo efectivamente gastado, que no es producto del esfuerzo local, sino del esfuerzo de las autoridades recaudatorias del gobierno federal, concretamente del SAT, así como derivados del Pacto Fiscal.

Si fuéramos fantasmas que observáramos, sin que nos vean, nunca veríamos en los cuartos de guerra estatales discusiones sobre los métodos, resultados o dinámica recaudatoria para los impuestos locales, pero si escucharíamos las cuitas de los responsables del gasto sobre la insuficiencia presupuestaria, las exigencias de las diversas áreas de la administración por recursos, o como gestionarlos ante la instancia federal, pero no se hablaría de recaudación. Se puso de moda hablar de “cuanto bajar”, cuanta deuda se puede contratar, en qué condiciones se realizará la reestructura, no para resolver el problema sino para brincar los tiempos y pasarlo a las generaciones futuras.

En las estadísticas de la deuda subnacional, los periodos de pago de la deuda se prolongan en el tiempo. Son procesos de “mercado” muy costosos y hay muchos ejemplos de reestructuras muy manoseadas con comisiones altas, y por lo menos un caso donde el agente de la misma después fue secretario de Finanzas estatal.

La solución siempre tiene que ser resultado del esfuerzo recaudatorio de cada entidad federativa y municipio, así como de una política de gasto con disciplina presupuestal y transparente, pero eso parece que ha sido lo más difícil.

Cierto, existe una concentración del poder recaudatorio en las finanzas federales, parecería sensato regresarles algunas facultades, aunque cuando se ha hecho no las aprovechan, como es el caso del impuesto a la tenencia, casi la mitad de los estados ya no lo recaudan.

Tienen la ventaja que no todos aprovechan de la colaboración administrativa en materia fiscal.

Finalmente existe una concentración de la recaudación en unos cuantos estados. Por ejemplo, con las reformas de 1990 a la fórmula de distribución de participaciones se introdujo para el caso del Fondo de Fomento Municipal un incentivo a la dinámica recaudatoria de predial y agua.

En el caso del predial, la Ciudad de México (CDMX) recauda, en datos reconocidos por la autoridad federal, casi el 34 por ciento del total y junto con el Estado de México (Edomex), que tiene el 10 por ciento, y Jalisco y Nuevo León, casi el 60. Es más, en solo cien municipios se concentra más del 80 por ciento.

Cifra que en número de municipios es insignificante, ante la concentración de la realidad municipal en el sur-sureste; en cuanto al monto de ingresos estatales, la CDMX, Edomex, Nuevo León y Jalisco rebasan la mitad de la recaudación estatal de ingresos propios.

Hoy los estados tienen recursos de gasto por las transferencias federales y su esfuerzo propio es muy limitado, en la mitad de los estados es menor al 10 por ciento.

Esto se refleja en la fiscalización, las auditorías locales de estados que no recaudan ni el cinco por ciento de sus ingresos totales, de no existir los convenios con la ASF sólo revisarían ese porcentaje, de ahí la necesidad de federalizar la fiscalización superior, para potenciarla, esto es hacerla más eficiente, con una mejor coordinación y con un nivel más homogéneo entre las diversas entidades federativas, atendiendo su nivel de desarrollo.

David Colmenares Páramo