Impuesto ecológico en los estados

15 / Feb / 2019

Foto ASF-David ColUn dilema que hay que resolver es cómo mejorar los ingresos propios de las entidades federativas, en virtud de la evidente dependencia de las trasferencias federales, unas de libre disposición, que son las participaciones, ingresos propios derivados de la adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en 1980, y otras transferencias condicionadas.

Lo real es que casi 40 años después el riesgo de una crisis fiscal en los estados sigue latente, en virtud del bajo nivel recaudatorio de la mayoría de ellos, hay excepciones muy honrosas en seis o siete entidades, sin embargo, la mayoría depende de las transferencias. El mejor ejemplo es lo que pasó a fines del año anterior, cuando varias pidieron anticipos de recursos, en emergencia financiera. No era frecuente y puedo decir que yo no vi durante más de 12 años de participar de ambos lados en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, como estado y como funcionario federal, solicitudes de emergencia para pagar incluso gasto corriente.

Es notoria la concentración de potencial recaudatorio en el nivel central, mayor que el de la mayoría de los países que formamos parte de la OCDE, donde hay naciones federales y centrales o unitarias.

Se les han transferido algunas responsabilidades recaudatorias, como han sido los impuestos a la nómina, los de anuncios, los de hospedaje, derechos de bebidas alcohólicas y el impuesto a la tenencia.

Se crearon impuestos cedulares que no fueron aprovechados, excepto por dos o tres estados, al no ser acreditables, como lo pidió Nuevo León hace diez años, y lo más relevante, el impuesto a la tenencia, que ya cobraban como un acto de colaboración administrativa, pero que a partir de 2012 ya era potestad de los estados el crear un impuesto con características similares o reducir su gasto…

Inicialmente 26 legislaron. Sin embargo, muchos lo desaparecieron por razones político-electorales y luego sus gobernadores andaban pidiendo “apoyos financieros extraordinarios” por montos equivalentes a lo que dejaron de cobrar al eliminar este impuesto, que era fácil de cobrar y que como contribuyentes estábamos acostumbrados a pagar.

Algunos como Nuevo León o la CDMX, hicieron concesiones; sin embargo, hoy reciben importantes recursos por la recaudación del impuesto a la tenencia, pero un gran número está sin esos ingresos y la época de las transferencias “sin destino” ya se acabaron.

Tendrán que planear bien su gasto, aprovechar las fuentes impositivas de que disponen, homologar el impuesto a la tenencia respecto al que está más alto, incentivar el cobro del impuesto predial por parte de los municipios y desarrollar la imaginación para crear nuevos impuestos que no contravengan el pacto fiscal.

Por ello es plausible la resolución de la Suprema Corte, al reconocer el cobro de impuestos ecológicos a las empresas en el estado de Zacatecas, que podrán también cobrar los demás estados. Un buen logro.

Evidentemente trataron de impedirlo algunas empresas mineras y cerveceras, por el tema de la remediación ambiental, por extracción de materiales, por emisión de gases a la atmósfera, contaminación al suelo, subsuelo y agua, y al depósito o almacenamiento de residuos. Pero la Corte ya falló positivamente. Según Moody’s, significan casi el 10 por ciento de sus ingresos propios, estiman mil 300 millones de pesos que son importantes para una economía local. Según esto, los ingresos propios de Zacatecas, en 2017, significaron el 7.4 por ciento de sus ingresos totales, por debajo de la media nacional.

El incremento por estos ingresos puede significar más de la mitad de lo recaudado en 2018. Otro dato importante a considerar son los 11 mil millones de pesos de participaciones estimadas para este año en ese estado.

Deben aprovechar sus facultades y no depender sólo del esfuerzo recaudatorio del SAT.

David Colmenares Páramo



¿Riesgos en las finanzas locales?

08 / Feb / 2019

Foto ASF-David Col

Al revisar las cifras de cierre del Presupuesto enero-diciembre de 2018, encontramos que se mantiene una tendencia ligera, pero constante, de crecimiento en los últimos cuatro años, tanto en las participaciones, que son recursos de libre disposición derivados del pacto fiscal que dio origen a la Ley de Coordinación Fiscal desde 1980, como en las aportaciones, que son transferencias condicionadas, al igual que las primeras, a fórmulas.

La distribución de las participaciones a los municipios corresponde a las secretarías de Finanzas estatales, de acuerdo con fórmulas determinadas por los congresos locales, cada una es diferente y su análisis lo ha realizado ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Algunas son buenas, otras no.

Es común escuchar, generalmente con un profundo desconocimiento, o para aprovechar la ingenuidad de los interlocutores, que las autoridades federales, e incluso las estatales, no les pagan a tiempo las participaciones, lo cual no siempre es verdad. En todos los años que recuerdo, Hacienda ha cumplido en tiempo y forma con el pago de las mismas, y las entidades federativas tienen un espacio para revisar las cifras de recaudación de los impuestos y derechos, que forman la recaudación participable, así como sus cálculos, que es el Comité de Vigilancia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Es cierto, en algunos estados no se las pagan a tiempo, como marca la ley, o nunca. Por ejemplo, quitándoles los ajustes cuatrimestrales o el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas –cuando se ha usado este mecanismo. En suma, aprovechándose del gran desconocimiento del Sistema de Coordinación se quedan con una parte de las participaciones que debieron pagar, esto ha sido particularmente relevante en estados del sur-sureste. Lo peor, ha sido sin consecuencias.

He tenido experiencias de todo tipo al respecto; por ejemplo, en municipios de la zona trique, en Oaxaca, piensan que las participaciones “son un regalo del señor gobernador”, o aquel presidente municipal que le quitaron en un lapso mil millones de pesos, pero lo convocan y le dan la décima parte y sale declarando loas sobre su “gobernador federalista”.

En 2018, las participaciones crecieron 3.9 por ciento respecto a lo programado, recursos cuyo destino se define en los congresos locales y que ya pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Las transferencias condicionadas a salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, infraestructura social y asistencia social, disminuyeron en menos de uno por ciento respecto de lo programado, que siempre ha auditado la Auditoría Superior.

El tema está en el destino del gasto de libre disposición, al que se suman los ingresos derivados de su propia recaudación, generalmente mínimos en la mayoría, aunque correctos en algunos estados y sobre todo en la Ciudad de México, que recauda más del 50 por ciento, los otros apenas un tres por ciento en promedio, en qué se gastan las participaciones, cómo la gastan y la corrupción.

Por otro lado, el Fondo de Estabilización (el FEIEF) está libre con cerca de 80 mil millones de pesos, cuando en 2009 la reducción de lo programado fue de 40 mil millones y el Fondo tenía 24 mil. Hoy no tienen problema, en casos de crisis fiscal.

El problema está en la dependencia del gasto de inversión, en rubros sustantivos como la obra pública, las compras y el gasto social, así como la participación social de a de veras.

La otra parte es revirtiendo el centralismo de las finanzas y las obras públicas, lo cual implica regresar facultades impositivas a los estados, fortalecer sus administraciones tributarias y federalizando la fiscalización a partir del trabajo de la Auditoría Superior.

Es necesario replantear, cómo se hizo en 2004, la coordinación hacendaria, dando un papel proactivo al Poder Legislativo.

David Colmenares Páramo



Salud y federalismo

05 / Feb / 2019

Foto ASF-David ColLa presentación del proyecto del Plan Nacional de Salud y, en unas semanas, del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, obligan a algunas reflexiones sobre la situación de la salud en México, donde 20 millones de mexicanos no tienen cobertura, cuando ésta, así como la educación, son pivotes para el desarrollo económico.

Su financiamiento asciende a un promedio del 6.0 por ciento del PIB, cerca de la tercera parte del mismo indicador en Estados Unidos e incluso inferior al de países latinoamericanos como Costa Rica, Brasil o Cuba.

Por habitante invertimos alrededor de 500 dólares, frente a un promedio de la OCDE de dos mil 594. Una referencia estadística importante es la del gasto de bolsillo, que es el gasto de los ciudadanos, que promedia 40 por ciento, mientras que el promedio en esa organización es de la mitad. El dato del gasto de bolsillo es un promedio, ya que en un país tan desigual en la distribución del ingreso y la riqueza y con niveles tan altos de subempleo, es totalmente diferente entre los deciles de ingresos.

Los genéricos han sido un salvavidas para la población de menores ingresos y las depauperadas clases medias, de ahí la necesidad de estimular su producción, más cuando hay un mercado especulativo y oligopólico en las medicinas para enfermedades catastróficas como la diabetes. En todos los casos, este gasto de los particulares puede resultar catastrófico para las finanzas familiares.

Más de la mitad de la población no está incorporada a los sistemas de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, y sólo les queda el Seguro Popular. Sin embargo, este ha sido limitado en su cobertura, calidad, eficacia y transparencia.

Es importante unificar los sistemas de salud, el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex, para hacerlo viable financieramente. Adicionalmente en los estados se realizan tres quintas partes del gasto nacional en salud, con una distribución desigual entre ellas.

En las reformas que vienen es importante su federalización, así como fortalecer la fiscalización.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación revisa en las entidades federativas el FASSA, que forma parte del Ramo 33, y el Seguro Popular, que es un subsidio a través del gasto federalizado.

Entre las principales observaciones al uso de los recursos del Seguro Popular están la falta de alineamiento normativo, inadecuado control administrativo, adquisición de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de servicios de salud –el Cauces– o adquiridos a precios superiores a los de referencia, retraso o no transferencia de los recursos por parte de las Secretarías de Finanzas estatales, subejercicios no devengados al término del ejercicio fiscal –que en 2016 llegaron al 23 por ciento–, transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, infraestructura insuficiente para brindar servicios de salud a la población, impuestos y cuotas retenidas y no enteradas a terceros institucionales, recursos aplicados a conceptos no autorizados, recursos insuficientes y poca transparencia ante la insuficiencia normativa.

En el caso del FASSA, las principales insuficiencias normativas son también su falta de alineamiento normativo; no precisa los conceptos de gasto, impuestos y cuotas no enterados a terceros institucionales; recursos aplicados a conceptos no autorizados; inadecuado control administrativo; transferencia retrasada de recursos por parte de las secretarías de Finanzas; carencias o deficiencias importantes de información, y otras de carácter administrativo.

En suma, las irregularidades en la gestión de ambos han afectado la cobertura y calidad de los servicios de salud estatales, que exige un replanteamiento, particularmente del Seguro Popular, como punto previo para poder avanzar en la unificación del sector salud.

David Colmenares Páramo