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El gran reto del federalismo mexicano es descentralizar con un reparto eficiente de facultades de ingreso y gasto
Mediáticamente se ha mencionado el desinterés fiscal de los municipios, la corrupción que existe en el manejo de los recursos…De los tres órdenes de gobierno, la figura municipal muchas veces ha sido marginada, quizás por la heterogeneidad de los dos mil 445 municipios que hay en el país; las 16 alcaldías no lo son porque tienen un régimen fiscal diferente. Al respecto se han dado avances en los temas fiscales; sin embargo, aún queda mucho por avanzar.
Cuando se crea la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, se establece que los municipios recibirán una participación de por lo menos el 20 por ciento de lo que reciben los estados, por el Fondo General de Participaciones que se paga a los estados, y el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal; posteriormente se reforma el artículo 115 que los considera como otro orden de gobierno y se les otorga la administración del impuesto predial, un impuesto patrimonial y relativamente fácil de recaudar, asimismo se dan nuevas facultades y responsabilidades al municipio. Más facultades, pero sin recursos, aunque el predial es una fuente con potencial recaudatorio importante.
En 1998 se crea el Ramo 33 y tres fondos de aportaciones se dirigen a los municipios, destacando el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FAIS) y el FORTAMUN, casi el 5.0 por ciento de la recaudación participable. Las aportaciones son condicionadas.
De ahí la importancia del relanzamiento del INAFED –el instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal– en un evento encabezado por la Secretaría de Gobernación, participando instituciones como el INEGI, el INAP y la ASF, entre otros.
Se ha hablado mucho de fortalecer al municipio; sin embargo, es poco lo que se hace por ellos, ya que seguimos atorados en un sistema federal en el discurso, pero centralizado en los hechos, particularmente en materia de finanzas públicas. La mayoría de los municipios del país se encuentran en situaciones de pobreza, donde más de la mitad de los mismos están en los estados del sur-sureste, la región más pobre del país.
Por ello, el gran reto del federalismo mexicano es descentralizar con un reparto eficiente de facultades de ingreso y gasto entre los tres órdenes de gobierno, que sean fiscal y socialmente fuertes, con recursos suficientes para atender las necesidades que la ciudadanía les demanda.
Desafortunadamente pocas entidades y gobiernos locales aprovechan sus escasas facultades recaudatorias; es el caso de los impuestos a la tenencia, hoy potestad estatal, y el predial a cargo de los municipios. Muchos no tienen un manejo adecuado y transparente en el gasto público y la incidencia de corrupción ha sido creciente.
Por el lado de la fiscalización, el universo auditable es limitado en cuanto a su número, pero importante respecto al monto de los recursos transferidos, como se refleja en los informes de resultados de la ASF y el que se presentará en unas semanas.
Mediáticamente se ha mencionado el desinterés fiscal de los municipios, la corrupción que existe en el manejo de los recursos, lo cual es cierto, pero también tiene que ver con los niveles de desarrollo o el status diferente, por ejemplo, de los 417 de usos y costumbres de Oaxaca.
En esa circunstancia, el INAFED tiene la gran oportunidad de contribuir al desarrollo municipal en coordinación con otras instancias, como el INDETEC y las organizaciones que agrupan a la mayoría de los municipios del país.
La Secretaría de Gobernación advirtió del riesgo en los pasivos laborales, derivados de la inestabilidad de los empleados por razones políticas, lo cual se traduce en pérdidas de capital humano con conocimientos. Finalmente es necesario revisar la LCF, creando una ley de coordinación hacendaria con mecanismos de coordinación entre el nivel subnacional y local, para fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones públicas estatales y municipales.
David Colmenares Páramo
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