26 / Oct / 2018
Esta semana tuve la oportunidad de participar, a invitación de Luis Carlos Ugalde, en la presentación actualizada del libro de su autoría, La Negociación Política del Presupuesto: 1997-2018, actividad que ha tenido en el tiempo cambios de acuerdo con la circunstancia política y la evolución de la administración pública. Por lo menos hay tres etapas recientes, entre ellas la pasarela que por varios años hicieron los gobernadores en el Congreso, para continuar pidiendo más presupuesto.
La primera versión de su libro, que abarca de 1997 a 2012, ha sido muy útil para los estudiantes de economía o para aquellos interesados en saber, más allá de la técnica presupuestaria, cómo realmente se negocia un Presupuesto, en este caso el Presupuesto federal.
Estuvo compartiendo la mesa Mauricio Merino, cuyo interés y experiencia en este tema son reconocidos y respetados; fue un honor compartir con ellos la mesa.
En lo personal es un texto que he llevado a mis alumnos de Finanzas estatales en la UNAM, quienes la parte teórica y técnica del Presupuesto las complementan con la realidad de la negociación política del mismo. El Cartero de Neruda, aquella buena película italiana, cuyo actor principal –el cartero– fallece un día después de terminar la filmación, ante el reclamo de Don Pablo para usar un poema suyo para conquistar a una muchacha, le dijo: “Don Pablo, los poemas no son de quien los escribe, sino de quien los necesita”. Y ese es el caso de este interesante trabajo, que se vio fortalecido con 38 entrevistas a actores de las negociaciones, desde exfuncionarios públicos, gobernadores, senadores y diputados, todos ellos involucrados en las negociaciones del Presupuesto en los últimos años.
Una de las actividades más desconocidas por los ciudadanos, e incluso por la comunidad universitaria, son los mecanismos para la asignación presupuestaria y su negociación.
Importante es reconocer que del total del Presupuesto, sólo es susceptible de negociación el 10 por ciento, en promedio. El 90 por ciento es irreductible, esto significa que está ya comprometido, lo cual incluye, entre otros conceptos, los salarios, pago de deuda, subsidios a la educación media y superior. Asimismo el gasto no programable.
Dado el contexto normativo y las facultades acotadas por el tiempo –aún la auditoría en tiempo real no es una realidad– en la conformación del PEF no se han tomado en cuenta los resultados de la fiscalización de la ASF ni de los órganos evaluadores, como el Coneval, señala Luis Carlos.
El Ramo 23, como mecanismo de negociación del Presupuesto, es otro de los temas considerados, así como la asignación del gasto de inversión y proyectos de infraestructura. Un comentario adicional es que el gasto público en infraestructura, como ha señalado el CEESP, está en los niveles de los años cuarenta.
En cuanto al Ramo 23, la ASF pondrá especial atención a su composición y ejercicio, ya que el comportamiento observado en el periodo 2015-2017 es altamente riesgoso por las diferencias entre lo programado y lo ejercido, y por los niveles de discrecionalidad en su asignación y ejercicio.
Con el análisis del comportamiento del gasto del Ramo 23 en las asignaciones aprobadas, modificadas y ejercidas durante el periodo 2015-2017, se observa que los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación siempre son inferiores a lo ejercido.
Recursos sin reglas de operación, de los cuales el 50 por ciento son fondos de estabilización y en donde el Fondo de Fortalecimiento Financiero ocupa el 14 por ciento del presupuesto devengado total, con un crecimiento de más del mil por ciento de lo presupuestado. Esto hay que corregirlo.
David Colmenares Páramo
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19 / Oct / 2018
Hace dos días tuve oportunidad de participar como invitado en la instalación de dos comisiones importantes de la Cámara de Diputados, la de Transparencia y Anticorrupción, así como la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En el caso específico de la Comisión de Vigilancia, desde 1997 operó un mecanismo de contrapesos –como señala Luis Maldonado en la Memoria de actividades de la anterior comisión–, en el que los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, así como el de la Comisión de Vigilancia, recaían en figuras independientes del Poder Ejecutivo.
La configuración de cada comisión ofrece una nueva oportunidad para renovar el rol del Poder Legislativo en los procesos de rendición de cuentas y transparencia. Para la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto es la oportunidad de reforzar una interacción eficaz con la Comisión de Vigilancia, encabezada por el diputado Mario Alberto Rodríguez, el octavo desde que Fauzi Hamdan fuera el primero, hasta el anterior que fue Luis Maldonado.
Muy relevante fue la disposición manifestada por los nuevos integrantes de la comisión para el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, que opera al margen de cualquier distingo partidista o político, al ser un órgano técnico cuya función es combatir con eficacia la corrupción.
El éxito del trabajo conjunto de ambas instancias, garantiza el carácter técnico, la autonomía de gestión y el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que se verán reflejadas en la calidad de las auditorías que lleva a cabo en todos los poderes, en todos los órdenes de gobierno, en los organismos autónomos. De hecho, prácticamente ningún organismo público debe o debería ser inmune a la fiscalización de la Auditoría.
Es evidente que el gasto en fiscalización es una inversión cuando los resultados se reflejan en la recuperación de los recursos desviados o mal utilizados, pero sobre todo cuando a partir de las acciones del ente fiscalizador y las instancias judiciales, se inhiben las acciones de corrupción y desvío en el uso de los recursos públicos. Esto es a partir del enfoque preventivo.
Además, el propósito de esta coordinación, desde mi perspectiva, debe ser fortalecer los mecanismos que permitan que la información, productos y resultados de la labor de la ASF sean utilizados por la Cámara de Diputados como un recurso estratégico en las deliberaciones y toma de decisiones en distintas vertientes, destacando las presupuestales, iniciativas de ley o modificaciones legales.
De ahí la importancia de la fiscalización en tiempo real.
La lucha contra la corrupción tiene que tener resultados concretos, y en esto la relación con la Comisión de Vigilancia es definitiva, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, cubriendo los espacios vacíos como el de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Un tema relevante en este momento, así como una oportunidad para la fiscalización, es coadyuvar en la observancia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que aunque no forma parte del paquete normativo que sustenta el Sistema Anticorrupción, es un ordenamiento fundamental en el ambiente de control, así como lo es la Ley de Armonización Contable, ya que coadyuvan a una gestión más responsable y sostenible de las finanzas públicas.
Al respecto, un tema que deben tomar en cuenta las autoridades municipales en el ejercicio de los recursos de las transferencias federales, incluso las del llamado Ramo 33, el FAIS, el FORTAMUN y el FORTASEG, es que deberán aplicarse en su ejercicio oportuno a las reglas de la Ley de Disciplina Financiera, que los obliga a reintegrar a la TESOFE los recursos remanentes de las transferencias federales etiquetadas y comprometidas, y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas.
David Colmenares Páramo
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Etiquetas: CVASF
12 / Oct / 2018
Esta semana se ha desarrollado en Buenos Aires la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que preside la Auditoría Superior de la Federación de México. Con tal representación revisamos una agenda amplia, destacando la integridad en las compras públicas y la fiscalización superior de empresas del Estado y Asociaciones Público Privadas (APP), analizando riesgos y obstáculos.
Es necesario renovar la visión de la fiscalización superior en los países de la región, considerando las exigencias ciudadanas para contar con información sobre cómo utilizan los gobiernos los recursos públicos, partiendo de la base de las diferencias naturales de nuestros países, con niveles de desarrollo y estructura económica y política diferentes. En la lucha contra la corrupción es muy útil compartir experiencias y los riesgos a que nos enfrentamos.
Fue relevante la participación del presidente de la INTOSAI, nuestra organización internacional, presidida por el titular de los Emiratos Árabes Unidos.
Pudimos compartir con los colegas latinoamericanos el proceso de fortalecimiento y reestructuración que se ha emprendido al interior de la Auditoría Superior de la Federación. Ha llamado la atención el establecimiento del área encargada de darle seguimiento a las acciones de auditoría, separada de los equipos auditores, como una medida que reduce los riesgos de corrupción en el trabajo de fiscalización, que ha sido calificada por la OCDE como una buena práctica en materia de fiscalización. De la misma forma, ha generado una buena recepción el enfoque multidisciplinario que se imprime a las actividades sustantivas de la institución.
En las discusiones técnicas de la Asamblea se tocó el tema de compras públicas y el rol de las entidades fiscalizadoras superiores. Se ha subrayado la relevancia que tienen las adquisiciones en el sector público, como un medio para satisfacer las necesidades ciudadanas que sólo pueden ser atendidas por el Estado.
Al respecto, se puede destacar la necesidad de que las entidades fiscalizadoras superiores promuevan la implementación de procesos de planeación en las compras públicas, ya que sin una adecuada planeación, las compras estarán alejadas de los objetivos planteados. Otro aspecto relevante es la importancia del concepto de integridad en el ámbito de las compras públicas, lo que debe ser visto como un factor presente en la operación cotidiana de las instituciones.
Se puso énfasis en la necesidad de la profesionalización efectiva en el área de las compras gubernamentales, que el servicio fiscalizador o profesional de carrera no sea un concepto abstracto.
En la sesión de ayer consideramos el tema de las Asociaciones Público Privadas, presentadas por Uruguay. Quedan claras nuestras facultades para fiscalizarlas, aunque como en el caso mexicano se pueden presentar resistencias, pero lo cierto es que al generar obligaciones financieras automáticamente son sujetas de fiscalización.
Vimos la importancia de los lineamientos para la mejor práctica en la auditoría del financiamiento público/privado y concesiones, con sus diferentes etapas que van desde la definición del proyecto, su licitación, el contrato y la fase operativa, y los obstáculos, como la falta de determinación de riesgos financieros, deficiente control interno y de calidad del gasto público, contratos directos a consultorías, gestión y promoción de proyectos deficientes o inadecuados, y retraso en el avance de los proyectos.
En la experiencia de las APPS en la Comunidad Europea, se observa que no siempre se lograron sus beneficios potenciales de manera eficaz, hubo casos de análisis inadecuados y enfoques poco idóneos, y el marco institucional y jurídico aún no está adecuado correctamente.
David Colmenares Páramo
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