29 / Jun / 2018
La coyuntura permite reflexionar sobre un tema que domina México: está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, y durante las campañas electorales que acaban de terminar, fue un tema de coincidencia entre los candidatos que serán votados. Combatirla es responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se multiplican los libros y ensayos en todos los ámbitos en contra de la corrupción; como muestra, recientemente el CIDE publicó una serie de libros sobre el tema, entre los que destacan dos: uno llamado Rendición de Cuentas, y otro, ¿Podemos reducir la corrupción en México? María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde acaban de publicar un libro –Dinero bajo la Mesa– sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, editado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción; la OCDE sacó su segundo Informe de Avances sobre la Implementación del Sistema Nacional de Fiscalización de México, en colaboración con la ASF, y está por salir un buen trabajo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, de Eliseo Rosales.
Desafortunadamente pocos son quienes abordan el tema preventivo de la corrupción; por ejemplo, la recurrencia en las observaciones de las auditorías realizadas a varios entes durante muchos años, siendo la mejor muestra de ello la que se hacía por el pago incorrecto de los sueldos de los trabajadores de la educación y salud, comisionados a las diferentes secciones sindicales. Al respecto, era evidente que se conjuntaban dos factores, el primero como parte del proceso de desconcentración de la administración de los recursos educativos, pactada en 1992, que llevó consigo el reconocimiento de los privilegios obtenidos por cada sección sindical, de acuerdo con una publicación de mayo del mismo año en el DOF. Todo se solventaba con el reintegro de los recursos que generalmente se hacía con recursos estatales.
Afortunadamente con la creación del FONE esto ha desaparecido, ya que las nóminas se elaboran de manera centralizada en la SEP.
Por ello, apostamos a que sea combatido con mayor eficacia con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional de Fiscalización, apoyados por otros instrumentos normativos como son los jurídicos de la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades, entre otras.
Nos falta completar al Sistema, hay espacios pendientes de cubrir, como el nombramiento de funcionarios centrales en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones, retrasados por cuestiones políticas, y aún falta un trabajo más profundo en el rediseño de procesos y acciones que frenen las malas prácticas en el ejercicio del gasto público.
Es un asunto presente en el mundo, en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en un trabajo de Transparencia Internacional –el Índice de Percepción de la Corrupción 2017– elaborado para 180 países, México ocupa el lugar 135. Según este Índice, los primeros cinco lugares los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, y los últimos, Yemen, Afganistán, Siria, Sudan del Sur y Somalia. Las diferencias están marcadas entre países con niveles de desarrollo importantes, con la satisfacción de las necesidades básicas de su población, destacando la educación y la alimentación; por otro lado, la pobreza, la guerra y la inestabilidad social. No podemos dejar de considerar las condiciones socioeconómicas al analizar el impacto de las políticas públicas y la recurrencia de la corrupción.
En la ASF trabajamos en mejorar el enfoque preventivo, capacitar mejor a nuestros auditores, establecer el servicio fiscalizador de carrera; en suma, en reestructurar la operación de la institución.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: CIDE corrupción FONE OCDE SEP Sistema Nacional Anticorrupción SNA
22 / Jun / 2018
El federalismo vive un debate viejo: centralización vs descentralización. Hay Estados federales o unitarios, pero ambos no son sinónimo de nada, ya que hay federalizados centralizados, como México, o unitarios descentralizados, como Chile.
Cuando hablamos de descentralización de las facultades tributarias o de las responsabilidades de gasto, tenemos antes que realizar una reflexión sobre los resultados de su gestión.
Sin embargo, para pensar en trasferir más responsabilidades a los estados, regresarles facultades recaudatorias o dejarles la responsabilidad de los recursos de inversión transferidos de manera condicionada, es necesario revisar cómo está el diagnóstico de la transparencia fiscal, la armonización contable, la rendición de cuentas y su status en la fiscalización superior.
Como se desprende de la fiscalización de los recursos públicos en el ámbito estatal, fiscalización realizada por la ASF, otras instancias del Sistema Nacional Anticorrupción generan información sobre temas como la opacidad en el uso de los recursos públicos por entidad federativa. Por ejemplo, en la evaluación del CONAC de la armonización contable, en el cuarto trimestre de 2017, encontramos que la calificación general promedio por tipo de ente público tiene hasta al final a los municipios mayores, con un 70 por ciento, los municipios menores, 64. Cifra que habría que valorar ya que me es difícil pensar en armonización en los municipios más pobres del país o los que se rigen por usos y costumbres.
A nivel estatal, con mayor índice de cumplimiento en el proceso de armonización contable, destacan Querétaro, CDMX, Durango y Campeche, que van del 79 al 99 por ciento, estando por debajo de la media estados como Oaxaca, con 42 por ciento, hasta llegar a Jalisco, Yucatán y Guerrero, con 14.7, 12.82 y 8.70 por ciento respectivamente.
A pesar de la existencia de un órgano garante de la transparencia en cada estado, para Transparencia Mexicana, con su índice de Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero (TAI) 2017, en la Opacidad por entidad federativa, la entidad mejor calificada es la CDMX y la peor es Querétaro: 85 vs 64 por ciento.
En la parte recaudatoria pocas entidades federativas asumen su responsabilidad fiscal, esto sin olvidar reconocer el bajo potencial recaudatorio de los impuestos locales, pero con ellos algunos recaudan más del 15 por ciento de sus ingresos propios y otros apenas el dos o tres por ciento.
Me han preguntado si es válida la intención de transferir, regresándoles más facultades impositivas a los estados, si las que tienen las desaprovechan o inclusive ellos mismos las anulan, como es el caso del impuesto a la tenencia. Las entidades que asumen su responsabilidad fiscal están recuperando la recaudación de antes de 2012, otras ni siquiera lo legislaron por razones estrictamente políticas. Lo cual es un tremendo error por la parte de la gobernanza estatal.
Debemos reconocer que vivimos en una jungla legislativa, por ello es necesaria la homologación jurídica, así como la armonización contable de los estados, como condición necesaria para tener mejores resultados en la fiscalización y surja una nueva responsabilidad. Un ejemplo es el Compranet, que sólo aplica para los recursos federales, pero en el caso de los órdenes locales se rigen por sus propias normas de adquisiciones, las cuales pueden tener incentivos para direccionar los resultados.
Si queremos aspirar a un orden federal serio, cuya premisa sea la descentralización, tendremos que mostrar en los estados y municipios, además de responsabilidad en el manejo de sus finanzas públicas, el fortalecimiento a la transparencia y avanzar aún más en la armonización contable, así como considerar el tema de la homologación jurídica, tarea que llevaremos a cabo con la reestructuración de la ASF.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Federalismo
15 / Jun / 2018
Por razones de trabajo no pude asistir al evento sobre el federalismo que organizó ayer el CIDE, y al que amablemente me invitó su director, el maestro López Ayllón.
El federalismo es un asunto que con el tiempo se ha convertido en un lugar común. Es una forma de organización del Estado en la que se conjuntan una serie de soberanías, que ceden una parte de la misma para dar forma a la soberanía nacional. Ya unidos como país es muy difícil la separación, puesto que el poder central recurre incluso a la fuerza para evitar que se separe de la Federación alguna de sus partes.
Desde que se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hacia los años ochenta, era evidente que se daba un paso atrás para poder eliminar la jungla fiscal, mejorar la recaudación tributaria y crear un sistema impositivo nacional. Con ello se desaparecieron cientos de impuestos estatales y federales al consumo y el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, creando el IVA y la Ley de Coordinación Fiscal a partir de 1980, cambiando la forma de participación de los impuestos federales, de impuesto por impuesto, a la creación de una figura, esto es la recaudación federal participable, a partir de un porcentaje de la misma que compensase la recaudación que ya no podrían cobrar directamente los estados. Son las llamadas participaciones.
La centralización de la recaudación podría considerarse un acto centralista, un paso atrás, pero resolvía el problema de la doble tributación. En un principio los estados recaudaban el IVA; sin embargo, en algún momento, aprovechando la recaudación a través del sistema bancario, se centralizó en el gobierno federal a través de la Subsecretaría de Ingresos, de donde surgiría el SAT hace un poco más de 20 años, creándose con el tiempo la figura de la colaboración administrativa, junto con un sistema de incentivos al esfuerzo recaudatorio de los estados.
Un tema central es que con la controversia entre los conceptos resarcitorio –a los estados que pierden recursos al transferir una parte a los estados menos favorecidos– y el compensatorio –para tender a igualar los recursos por habitante– se dio una competencia entre los estados con mayor potencial recaudatorio por su grado de desarrollo y los de menores recursos, con población rural y urbana en condiciones de pobreza.
El Ramo 28 es donde se registran las participaciones, que forman parte del gasto no programable, al igual que el servicio de la deuda pública federal, y son recursos propios de los estados y municipios.
Cuando se agrupan en un mismo ramo presupuestal una serie de conceptos que ya existían –como era el caso del gasto en educación básica, desconcentrado en 1992, o el del fondo de aportaciones de salud unos años después, así como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (nieto del Programa Nacional de Solidaridad)– se crea el Ramo 33, pero se trata de recursos condicionados que nunca pierden su naturaleza de federales, por ello los fiscaliza la Auditoría Superior de la Federación.
En 2004, se convoca a partir de una iniciativa de la Conago a la primera Convención Nacional Hacendaria, con más de 300 resultados por consenso; pero en el caso de los que tenían que llegar a la Cámara de Diputados, estos no avanzaron dada la proximidad del proceso electoral de 2006.
Estamos preparando en la Auditoría Superior de la Federación un proyecto de Ley de Coordinación Hacendaria, o como se le llegó a llamar del Gasto Federalizado, que al incluir los conceptos del Pacto Fiscal –Ramo 28– y del gasto condicionado –Ramo33– daría lugar a la sustitución de la Ley de Coordinación Fiscal por un ordenamiento integral.
Es un momento adecuado para someter el federalismo a revisión; la descentración o centralización, a debate, la distribución de potestades y responsabilidades de gasto. Esto es, convocar a una nueva Convención Nacional Hacendaria.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: CIDE Federalismo Ley de Coordinación Fiscal Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
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