19 / Jun / 2020
Quería escribir sobre la reforma tributaria, pero antes comentar respecto a dos reformas importantes para la fiscalización superior, la primera es a la Ley de Fiscalización, esto es para prever las auditorías digitales. Al respecto, ya está en la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Vigilancia y 17 legisladores más, de todas las fuerzas parlamentarias. Esta reforma fortalecerá, junto con los avances ya presentes en inteligencia financiera, auditoría digital y análisis de grandes bases de datos, que se desarrollan exitosamente en la ASF y se usan en diferentes espacios.
Hace unos días un grupo parlamentario nos pide con razón, utilizar esa herramienta, por lo que seguramente votarán a favor de la iniciativa, esperamos sea aprobada próximamente por el pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente por el Senado de la República. Mientras estamos utilizando la tecnología que ya tenemos para el análisis de datos en grandes volúmenes, que nos permita minimizar el contacto físico entre los auditores y los entes auditados.
La otra reforma es de carácter constitucional, la cual pretende como alguien ha dicho, darle dientes a la Auditoría Superior, esto es que revisemos los hechos auditables en el momento que se dan o antes, como el caso de las compras de medicamentos y equipos para que la población está más protegida de las pandemias.
Hoy estamos por realizar, a través de convenios o protocolos especiales, auditorías preventivas o adelantadas, mientras seguimos con las auditorías programadas para la presentación de la Cuenta Pública 2019. La tecnología nos ayudará a revisar de manera adelantada recursos de lo que será la Cuenta Pública 2020, como las adquisidores de productos sanitarios.
Las reformas que entraron en vigor en 2016, incluyen la posibilidad de auditar, dice la ley en tiempo real, pero sólo cuando se presentan denuncias por el título cuarto. En los términos estrictos pedidos por la ley, en este caso ya ocurrió la falta, no es ex ante, sino ex post, igual que las auditorías que revisan las cuentas públicas posteriores a su presentación. Ahora bien, sobre los alcances del actual marco legal auditor, aunque iniciamos desde mucho antes la solicitud de información, el trabajo de fiscalización con la solicitud de información a los entes auditados, incluidos las entidades federativas y municipios, nos enfrentamos a la realidad del diferimiento de plazos, que instituciones como la Corte o el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el propio gobierno federal y las entidades federativas y municipales han impuesto, los cuales llevaron a la suspensión de plazos y términos.
En tanto realizamos otras tareas, como el seguimiento de las observaciones de la Cuenta Pública 2018 y anteriores, se ha cumplido con las notificaciones por parte de la Unidad Jurídica y en Gasto Federalizado se ha desarrollado la inteligencia artificial para hacer posible la auditoría digital.
Asimismo, ante la inexistencia del tiempo real, hemos acudido a una figura de auditorías preventivas o adelantadas, mediante convenios; al respecto, el año pasado lo hicimos con la Cámara de Senadores, en la transición de Policía Federal a Guardia Nacional, y ahora con la Secretaría de la Defensa, así como con Pemex y la Secretaría de Energía para Dos Bocas.
La mezcla de tecnología con tiempo real, es muy efectiva si queremos además tener resultados de manera oportuna.
Gracias a la reforma de 2015, hoy tenemos facultades importantes, por ejemplo, ya podemos revisar la deuda pública de estados y municipios, las participaciones; por primera vez ya revisamos a los 32 congresos locales. En la revisión de la cuenta 2019, revisaremos a Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y a Auditorías Superiores locales.
David Colmenares Páramo
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12 / Jun / 2020
Existen dos importantes sistemas de organización política en el mundo: los países federales y los unitarios o centralistas. En los primeros coexisten soberanías de diferentes órdenes de gobierno y en los segundos solo una. Los federales no llegan a 30, pero son los más grandes del mundo; los demás –la mayoría– son gobiernos unitarios. México es un país federal, lo que no significa sea descentralizado, particularmente han sido sensibles los temas tributario y presupuestal.
El acuerdo se materializó hace casi 40 años cuando el secretario de Hacienda era David Ibarra Muños y los estados cedieron facultades recaudatorias al gobierno federal, dejándoles la responsabilidad de recaudar para recibir después una parte de lo recaudado.
Se forma la recaudación federal participable, donde se agrupan todos los ingresos corrientes con los que se calculan las participaciones, y se hacen pagos provisionales, y las cifras definitivas son las de Cuenta Pública (CP) cuando es presentada a la Cámara de Diputados.
De los fondos, destaca el Fondo General de Participaciones, con 20 por ciento de la recaudación federal participable, del cual por lo menos cuatro puntos son transferidos a los municipios, esto es el 20 por ciento, aunque hay estados que participan con un poco más a sus municipios, de todos los fondos estatales y ellos reciben el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal.
Los recursos participables se distribuyen a través de fórmulas, donde nada tiene que ver el origen de la recaudación federal, que no la hacen los estados sino la autoridad federal a través del SAT. Al respecto, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal existe una Comisión de Vigilancia donde se verifican las cifras y la aplicación de las fórmulas donde participan las entidades federativas, comité que, por cierto, durante muchos fue coordinado por el hoy auditor especial de gasto federalizado en la ASF.
Con cifras del informe que la autoridad fiscalizadora presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en febrero, correspondiente a la CP 2018, ya que son revisiones ex post o posteriores a la presentación de las cuentas públicas, esto es, son revisiones de hechos pasados, de ahí la necesidad para que la ASF revise en tiempo real, con un enfoque preventivo y correctivo, algo que empezamos a hacer con convenios no de acompañamiento, sino de revisión adelantada en proyectos importantes como el nuevo aeropuerto, el proyecto de Dos Bocas y hemos actuado así con la Guardia Nacional. Y procuramos hacerlo con el sector salud.
En el último año de la administración anterior, el gasto federalizado significó el 35 por ciento del gasto neto federal, del cual las transferencias condicionadas representaron el 20 y las participaciones, el 15 por ciento.
Ese año se hicieron mil 332 auditorías al gasto federalizado, más de 70 por ciento del total de las revisiones de la ASF, de las cuales 820 correspondieron al gasto programable, esto es aportaciones, convenios, subsidios y a programas extra presupuestarios, así como 312 a las participaciones y 200 al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. En este momento, están en proceso las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2019, con un ajuste debido a los meses en que han dejado de correr los plazos legales, pero con grandes avances como la planeación estratégica, las auditorías digitales a través del buzón electrónico, y el avance tecnológico de la ASF, que le permitirán cumplir con los tiempos de la planeación estratégica, con auditorías más precisas, oportunas y con mejores resultados en la lucha contra la corrupción.
Además, con una gran coordinación con la Fiscalía General de la Republica, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
David Colmenares Páramo
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05 / Jun / 2020
Hace unos días participé en sesión del Parlamento Abierto a invitación del presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, y de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Intervinieron los coordinadores de los grupos parlamentarios. El tema fue el Fonden, así como su futuro.
En cuanto al Fonden, que es tema de esta colaboración, el mismo fue diseñado en 1996, según relata Fausto Hernández Trillo, con el fin de reconstruir infraestructura pública y vivienda de población marginada. Posteriormente, Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos, lo presentó a los funcionarios fiscales en San Carlos, Sinaloa, y empezó a operar en 1999.
Es un fideicomiso que –su futuro es lo que se está analizando– ha tenido aciertos, pero también dificultades y defectos, y con esta apertura del Congreso, es el momento de corregirlos, ya sea en el mismo Fondo o creando “un nuevo Fonden” con nuevas reglas de operación, cuyos recursos sean administrados con transparencia y rendición de cuentas.
En cinco estados se ha concentrado más de la mitad de los recursos de reconstrucción, entre ellos están los que tienen mayores niveles de pobreza y que fiscalmente no han sido favorecidos, ya que durante años se privilegiaron las inversiones en infraestructura en el norte y en algunos estados de centro; por lo tanto, los grandes contribuyentes están en otro lado, no en el sureste.
Al respecto, se dio una concentración en los domicilios fiscales de las grandes empresas, en el Valle de México, Nuevo León y Jalisco, dejando a estos estados con pocas posibilidades para hacer reservas fiscales para enfrentar los fenómenos naturales. La idea de crear el Fonden fue oportuna; sin embargo, ha operado con una estructura de pari passus, difícil para los estados más afectados por los desastres naturales.
La recurrencia de desastres naturales por estado se ha concentrado en cinco: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, poco más de la mitad.
La estructura del pari passu ha sido regresiva; recuerdo que la aportación municipal llegó al 70 por ciento en algún momento, y para los estados del 60 por ciento, lo que se igualó en 2001, al 50–50; hoy se habla de que el gobierno federal pone la mitad y los estados la otra parte, es lo mismo. Sin embargo, la estructura financiera debería estar vinculada al peso fiscal entre los tres órdenes de gobierno.
Como es claro, varias entidades federativas literalmente no podían aportar su parte y dependiendo de la capacidad negociadora de sus autoridades, éstas conseguían recursos de alguna dependencia federal, que finalmente era para la aportación estatal al Fonden, y por otro lado, al no poder el estado depositar su pari passu, los delegados estatales tuvieron problemas con los gobernadores, e incluso se endeudaron para poder liberar los recursos federales; ante ello, en Banobras se crean los “bonos cupón cero”, una presión adicional y costosa para las haciendas estatales. Se les decía que solo pagarían intereses sin poder adelantar el pago.
Otra oportunidad de esta revisión que está haciendo la Cámara de Diputados, es que debe ampliar su cobertura, para incluir las epidemias y pandemias, como se incluyeron en su momento las sequías y los incendios forestales.
Asimismo, es necesario mejorar las reglas de operación, la complementariedad e integración de los fondos y aprovechar los mecanismos que garanticen la disponibilidad de los recursos más allá de la base anual, toda vez que la ocurrencia de los fenómenos es aleatoria. Finalmente, fortalecer la fiscalización superior, tarea por supuesto de la ASF y de la sociedad.
David Colmenares Páramo
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Quería escribir sobre la reforma tributaria, pero antes comentar respecto a dos reformas importantes para la fiscalización superior, la primera es a la Ley de Fiscalización, esto es para prever las auditorías digitales. Al respecto, ya está en la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Vigilancia y 17 legisladores más, de todas las fuerzas parlamentarias. Esta reforma fortalecerá, junto con los avances ya presentes en inteligencia financiera, auditoría digital y análisis de grandes bases de datos, que se desarrollan exitosamente en la ASF y se usan en diferentes espacios.
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