Cumbre de Madrid

06 / Dic / 2019

Foto ASF-David ColEn este mes, se realizan las actividades de la Conferencia del Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 25), en Madrid, con la presencia de 50 jefes de Estado o de Gobierno y representantes de los principales organismos internacionales.

Como antecedente se tiene el Acuerdo de París, firmado en 2015, que tiene como objetivo, que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto de los niveles pre-industriales y en la medida de lo posible que no rebase los 1.5 grados.

En esta reunión ya se desprendieron algunas declaraciones sobresalientes como la de Pedro Sánchez, presidente de España: “hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niega la evidencia”; Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas: “estamos destruyendo los sistemas que nos mantienen con vida”; Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que anunció “la primera ley europea de transición hacia la neutralidad climática”. (Cabe hacer referencia que la Unión Europea considera que vivimos una emergencia climática) y la demócrata Nancy Pelosi, quien subraya el compromiso de las Cámaras de EU con la cumbre. Todas estas expresiones enmarcan la importancia del tema a nivel internacional.

En este tema México no ha sido ajeno, en 2012 se dieron los primeros pasos al aprobar la Ley General de Cambio Climático, la primera en su tipo en toda América Latina y la segunda ley sobre cambio climático a nivel mundial.

En 2015, se aprobó la Ley de Transición Energética, para garantizar que este sector incorpore las externalidades ambientales y de esta forma aprovechar los beneficios económicos y sociales del desarrollo de una economía baja en carbono, con dos metas: energías limpias y eficiencia energética.

En este mismo año, en México se a emitieron 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI).

Para 2016, México ratificó el Acuerdo de París, convirtiendo sus metas de reducciones de emisiones (22 por ciento al 2030 y 50 por ciento al 2050) en obligatorias.

La ASF también ha estado dando seguimiento al tema y en la revisión de la Cuenta Pública 2017, recomendó reformar la Ley General de Cambio Climático, para adicionar el monto prudencial óptimo de las reservas financieras para este fondo, con base en los compromisos adquiridos a nivel internacional para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Este fideicomiso al mes de septiembre de 2019 reportó disponibilidades de 81.2 millones de pesos.

Para la tercera etapa de la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF evaluó cinco programas presupuestarios enfocados en la regulación, inspección y vigilancia, vinculados con la estrategia transversal, a los que se asignaron recursos por 337.9 millones de pesos, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Por otra parte, en 2014, la ASF dio inició a su participación en la planeación y ejecución de la “Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas en Latinoamérica”.

En 2019, se comenzó con la segunda etapa de la auditoría, por medio de la asistencia al Taller Presencial de Planificación de la Auditoría Coordinada, realizado en Guatemala.

La etapa de consolidación se tiene programada para diciembre de 2020. Por lo que, una vez que se obtenga la información, se estará en posibilidades de presentar el panorama ambiental en el que se encuentra el país y evaluar su contribución de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad, y con ello contribuir al logro de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

David Colmenares Páramo



¿Y el esfuerzo recaudatorio local?

29 / Nov / 2019

Foto ASF-David ColLa construcción del llamado federalismo fiscal mexicano, después de avances graduales a través de tres reuniones nacionales fiscales, culminó en 1980, con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, al cual se adhirieron los estados voluntariamente, recibiendo a cambio de dejar en suspenso impuestos que la Constitución les permite, las llamadas PARTICIPACIONES, las cuales se distribuyen entre los estados a través de fórmulas que han cambiado a lo largo del tiempo, siendo una de sus reformas más importantes la de 1990, impulsada por una mayoría abrumadora de las entidades federativas, que buscaba reducir la inequidad por habitante, fórmula impulsada por los estados que recibían menos participaciones per cápita, a propuesta de Oaxaca y otros estados, así la fórmula ayudó a los estados de menor desarrollo relativo. Se incluyó el factor poblacional para un 45 por ciento de las mismas, el resto por los llamados impuestos asignables, como los impuestos especiales, tenencia e ISAN. Cabe acotar que cuando todo se distribuye por población, la misma se vuelve inequitativa y poco tiene que ver con el esfuerzo recaudatorio y fiscalizador de cada entidad federativa.

Esto funcionó hasta 2007, cuando a sugerencia de algún organismo internacional, se impulsó un cambio que buscó ayudar a las entidades con mayor población, particularmente el Estado de México, que hoy se acerca al 14 por ciento, relegando a la Ciudad de México, que apenas rebasa el ocho por ciento de porcentaje poblacional. Se disfrazó con tres indicadores: la población domiciliada, el PIBE y la dinámica recaudatoria de los impuestos estatales, factores que se anularon cuando se promediaron y “ponderaron” por el porcentaje poblacional, dándose una correlación casi perfecta entre el nuevo coeficiente del Fondo General de Participaciones y el porcentaje poblacional.

Los afectados: más de la mitad de los estados, principalmente Tabasco y la CDMX, y un gran beneficiario, el Estado de México.

El jefe de Gobierno de la CDMX que era el actual canciller presentó una controversia constitucional. La CDMX tuvo un eficiente tesorero todos esos años y logró recuperar incluso la recaudación de tenencia que rebasa ya los cinco mil millones de pesos. Sin embargo, la pérdida acumulada por este cambio ya rebasa para ambas entidades los 35 mil millones de pesos.

Volviendo a las participaciones, éstas ya tienen porcentajes que están en la ley y las autoridades hacendarias, antes y hoy las pagan puntualmente. Este año hay una caída en la recaudación federal participable, que afortunadamente para las haciendas estatales se está compensado con las reservas del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas creado cuando se aprueba la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, lo mismo sucede con las participaciones a los municipios.

Esto no tiene discusión y con el FEIEF no hay un impacto negativo.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la recaudación estatal y municipal, que a pesar de que efectivamente proviene de impuestos de bajo potencial recaudatorio, con la excepción del predial, no son bien cobrados por estos órdenes de gobierno, excepciones hay, estando muy por debajo de dicho potencial, particularmente el predial y los estados, la mayoría echaron a perder por demagogia el impuesto a la tenencia que les daba un mes de participaciones, afectando a su vez a los municipios.

Sí, mayores recursos, pero a cambio de un mejor esfuerzo fiscal y la asunción de la corresponsabilidad fiscal de municipios y estados.

Veamos, ¡solo cien municipios recaudan bien el predial! Prefieren, como me decían hace años presidentes municipales de Guerrero, que mejor presionaban al gobernador “que era de otro partido”, porque cobrar “tenía un costo político”.

David Colmenares Páramo



Política fiscal eficiente

22 / Nov / 2019

Foto ASF-David ColLa política de ingresos, así como el gasto público son elementos para un buen desarrollo en la gobernabilidad de un país, no hay mejores disciplinas financieras, que ingresos de calidad y un gasto público fuerte, eficiente, transparente, el cual debe ser un instrumento para el desarrollo, un auxiliar para combatir la desigualdad y apoyar el desarrollo regional, por supuesto que también debe contar con objetivos recaudatorios justos y eficientes. Existen fines extra fiscales, porque además es un instrumento de política económica, entre los que destaca el fortalecimiento del federalismo fiscal.

Tanto la gobernabilidad del país, como la superación de la crisis, pasan por tener haciendas públicas fuertes y sanas en los tres órdenes de gobierno, si los ingresos son insuficientes y los compromisos de gasto amplios, se recurre al endeudamiento, lo cual solo es una cura temporal.

México es una de las economías con más bajas cargas fiscales, lejos de Estados Unidos y Canadá. Además, tenemos una estructura tributaria con una gran concentración del poder recaudatorio, concentrado en un solo orden de gobierno, el cual absorbe el esfuerzo recaudatorio particularmente en los impuestos indirectos, así como en la seguridad social.

Hasta antes de esta crisis existía una gran dependencia de los ingresos provenientes del petróleo, tanto en la recaudación federal como en las participaciones. Desde 2015 se redujeron los ingresos por la exportación de hidrocarburos, pero se sustituyeron con el IEPS de gasolinas, que dejó de ser negativo desde fines de 2014 hasta la fecha, y fue la base para evitar una crisis mayor para las finanzas nacionales, así como un pivote para los estados y municipios.

A partir de ese año, existe ya un impuesto fijo, por litro de gasolina. Si los ingresos bajan respecto a lo estimado, es porque se consume menos.

Los temas fiscales han ocupado muchos espacios en diversos foros tanto nacionales como internacionales, destacando los eventos de la CEPAL, en donde ya se han presentado varias publicaciones relevantes. Destaca por supuesto la de las Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe, trabajo elaborado entre la OCDE, el CIAT, el BID y la CEPAL.

Hay un reto fundamental, que es el de lograr finanzas públicas sanas e igualdad en la distribución del gasto en las prioridades sociales; en el tiempo han destacado algunos datos como que la carga fiscal promedio de América Latina gira alrededor del 34 por ciento.

Por otra parte, el valor de los activos financieros ya superó en más de 10 veces el valor del PIB mundial, cuando hace 40 años apenas equivalía al mismo.

Hoy la estructura tributaria depende de los impuestos indirectos, a pesar de que también han crecido los impuestos directos y finalmente la evasión fiscal se mantiene a pesar de los adelantos en materia de tecnologías de la información aplicados a la administración tributaria, donde el SAT mexicano ha destacado en esta área.

Hay temas que siguen estando vigentes, como la erosión de la base tributaria; quitar esta alerta que realizan varias empresas es un gran desafío, lograr que el crecimiento económico sea incluyente, que coadyuve a evitar los niveles de pobreza y desigualdad, que vaya disminuyendo el peso de los impuestos indirectos, sin dejar la calidad de los servicios públicos, así como debemos combatir la corrupción, debemos fortalecer el tema tributario y eliminar las factureras.

Es obvio que las políticas fiscales contribuyen al desarrollo, algo que la ASF tiene presente en su evaluación de auditoría del desempeño en materia de gastos fiscales, entre otras.

David Colmenares Páramo