21 / May / 2018
Ya he comentado que por lo menos en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, de las auditorías que hace la ASF, el 75 por ciento de las mismas se realizan en el ámbito estatal y municipal. Sin embargo, los resultados no han sido tan efectivos, lo que no es forzosamente en su origen o sólo un problema jurídico, sino que deriva de la calidad de las auditorías. Nuevamente lo del tema preventivo y hacer menos con mejores resultados.
Entre las nuevas responsabilidades que tiene la Auditoría Superior, además de verificar en tiempo real y poder revisar las auditorías de años anteriores, destaca poder auditar las participaciones de los estados y los municipios. Claro, conforme crecen los ingresos propios se audita en mayor proporción a los que dependen más de las transferencias federales y no atienden su responsabilidad recaudatoria.
Por eso resulta interesante conocer la capacidad de los estados para generar ingresos propios, por impuestos, cuya media en 2016 fue de cinco por ciento. Así la CDMX recaudó sólo por impuestos el 24 por ciento de sus ingresos totales, casi cinco veces más que el promedio y lo que las once entidades con menor recaudación o pereza recaudatoria. Nuevo León seguía con el 9.58 por ciento, Quintana Roo con el nueve, y Querétaro con el ocho. Destaca el siete por ciento de Campeche, gracias a políticas eficientes en materia de administración tributaria, pero hasta atrás, con menos del uno por ciento, entran Tlaxcala, Michoacán y Zacatecas.
El promedio de participación de los gastos de servicios personales ese mismo año, fue de 20 por ciento, pero como es un promedio destacan Veracruz, con el 43 por ciento; Michoacán, 42; Tamaulipas, 36; Durango, 35, y Coahuila, Tabasco, Jalisco, Puebla y Zacatecas, entre 30 y 33 por ciento. Tabasco, a pesar de ser un estado golpeado fuertemente por el cambio de fórmulas de distribución de participaciones, que reparte todo por población domiciliada, en lugar de bajar tiene más empleados que en 2008. Pronto este estado recibirá apenas el dos por ciento de las mismas, cuando tenía más del 4.6 por ciento hasta 2007; mientras que Oaxaca, sólo por su población, recibirá casi el doble: 3.6 por ciento, que es su porcentaje de población domiciliada. Finalmente, los que, si recaudan, como Nuevo León, la CDMX y Chihuahua, sólo gastan en sueldos y salarios 16 por ciento. Aguascalientes e Hidalgo, menos del cinco por ciento.
Pretendo señalar cómo la recaudación de ingresos por impuestos locales es insuficiente para pagar los servicios personales. Sólo hay tres que sí podrían hacerlo, además de la CDMX, Quintana Roo y Querétaro.
Así vemos que las participaciones que hoy ya puede auditar la ASF, son insuficientes dado el esquema actual de la coordinación fiscal. Pero también es cierto que una parte importante de los estados no tiene interés en recaudar, sólo en gastar lo que recauda el gobierno federal a través del SAT y no todos son eficientes en la colaboración administrativa.
Esto significa que las participaciones, el Ramo 28 del PEF, se usan fundamentalmente para gasto corriente, para atender a los organismos descentralizados y a los poderes, para dar las aportaciones estatales a las universidades públicas, así como al sistema de educación media. Igual pasa con lo que se paga a los organismos autónomos, los órganos de transparencia, los consejos electorales, etcétera. De ahí su tentación para malgastar las transferencias condicionadas indebidamente.
Por ello, la inversión estatal con recursos propios prácticamente no existe, excepto en los que captan más recursos propios. El promedio de inversión estatal es menor al siete por ciento, de acuerdo con sus propios informes presupuestarios, incluyendo transferencias federales, como FONREGION.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Participaciones Ramo 28
11 / May / 2018
Una parte importante de nuestro arreglo fiscal es que los municipios reciben, desde 1980, participaciones derivadas de la recaudación centralizada de los llamados impuestos federales coordinados, que se les pagan a través de las secretarías de finanzas de los estados. La Ley de Coordinación Fiscal establece tiempos para el pago completo, oportuno y en efectivo de las participaciones de los estados hacia los municipios, a más tardar a los cinco días, si no se pagan intereses. Sin embargo, lo cierto es que muchas veces se les pagan incompletas e incluso no se les pagan.
Muchos estados les hacen sus guardaditos, lo que está fuera de la ley, les pagan menos de lo que debe ser, no les pagan los ajustes cuatrimestrales ni los fondos de estabilización, etcétera.
Sólo un caso de reclamo de los municipios ha prosperado, cuando el presidente de Acapulco, que era Zeferino Torreblanca, lo promovió contra el gobierno de Guerrero, que les retenía el 15 por ciento de las participaciones para pagarlas al finalizar el año. Ganaron la controversia, pero el gobernador que la pago fue ¡Zeferino Torreblanca!
La historia comienza con la definición de las fórmulas con las que se les distribuyen las participaciones, las cuales son aprobadas por los congresos locales a propuesta de los gobiernos estatales. Las mismas son muy heterogéneas, algunas utilizan los componentes de la fórmula federal de 2008, particularmente población. Sin embargo, uno de los defectos de la fórmula federal basado en la población domiciliada, es que no incluye ningún incentivo a la recaudación de ingresos propios del municipio, particularmente en el caso del impuesto predial. Las fórmulas, suponiendo que se aplican correctamente –que no es así–, no ayudan a los municipios con altos niveles de población flotante, como son los turísticos, los puertos o los de la frontera norte, y aunque no los tiene, la CDMX.
Se han dado, como ya mencioné, muchos casos de abuso por parte de los estados en el pago de las transferencias a los municipios, pero también es cierto que la mayoría de los mismos no usan los recursos adecuadamente. En épocas de incremento de las participaciones por razones de coyuntura, como fue el caso de los llamados excedentes petroleros, o cuando recibieron recursos derivados de la privatización de la banca nacionalizada, empezaron a contratar más gente, pero es una política equivocada porque son ingresos extraordinarios, a veces de única vez, y después el peso de sus nóminas es muy alto y no lo pueden sostener e incumplen con sus obligaciones tributarias. Además, no pueden prestar con eficiencia los servicios públicos, como la recolección de basura.
Sin embargo, ese es el mal menor. El mayor es el del desvió de los recursos a abusos de las autoridades, esto es a la corrupción.
Estamos entonces frente a dos males: el que las autoridades estatales realizan al no pagarles completas sus participaciones, y al no cumplir con sus obligaciones recaudatorias; esto es, no ejercen los recursos con probidad ni transparencia.
En el primer caso es necesario revisar las fórmulas estatales, la mayoría no han sido revisadas desde su creación y son muy deficientes u opacas.
Hay casos extremos: Chihuahua distribuye las participaciones a los municipios con base en los porcentajes de participación que anualmente fija el Congreso, si revisamos hacia atrás, pasó lo mismo, es muy opaca; el caso de San Luis Potosí, todos los fondos se distribuyen con base en el 95 por ciento de la población.
Es interesante revisar un primer análisis sobre las fórmulas estatales de distribución de participaciones a los municipios, que a principios de este año elaboró la Auditoría Superior de la Federación.
Hoy, recordemos, la ASF audita ya las participaciones pagadas a estados y municipios. Todo un reto.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Ley de Coordinación Fiscal
04 / May / 2018
La coordinación intergubernamental es toral en la lucha contra la corrupción. Básicamente se requiere entre las entidades de fiscalización locales, los contralores de los gobiernos estatales y los organismos garantes de la transparencia del todo el país. Al respecto, ayer participe en la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas, del Sistema Nacional de Transparencia, del cual forma parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este es un tema, el de la transparencia, que surge a partir de los estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre transparencia fiscal al inicio de este siglo, y es tomado por la UCEF de Hacienda en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboró de 2003 a 2007. Por otra parte, durante la Convención Nacional Hacendaria de 2004, fue un tema central, donde se lograron acuerdos por unanimidad, así como respecto a la armonización contable.
Un tema central parte del enfoque preventivo conque la transparencia apoya el combate a la corrupción.
Hace dos días recibimos en la ASF a la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, encabezados por la Secretaría de la Función Pública, con la que revisamos e inauguramos una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones, con la ASF y las ASOFIS. La Secretaría de la Función Pública y la ASF somos el eje central del Sistema Nacional de Fiscalización. Nunca se había dado una reunión de esta naturaleza con los contralores de los estados, que poco eran recibidos en la Auditoría. Fuimos los anfitriones, pero el evento lo encabezó la Secretaría.
Los contralores señalaron, entre otros aspectos, ciertos temas ya considerados desde mis propuestas a la Comisión de Vigilancia cuando iniciaba el proceso de selección del auditor, que culminó de una forma sin precedente, al elegirme prácticamente por unanimidad. Este es el del fortalecimiento de la coordinación intergubernamental. Comentaron el tema de los subejercicios, las observaciones estridentes y sin resultados, reforzar los incentivos a los municipios para cumplir con las normativas, trabajar de manera coordinada en el control interno, etcétera.
La secretaria de la Función Pública, la maestra Arely Gómez, habló de modificaciones legales, entre otros temas.
Es muy importante este trabajo coordinado entre las dos cabezas del Sistema Nacional de Fiscalización, y la reunión marcó un hito por el número de contralores que asistieron al evento en la sala de trabajo de las auditorías.
Es fundamental que ambas instituciones, como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, han adquirido experiencias valiosas sobre los retos que significa sus participaciones activa en esta nueva etapa de la coordinación intergubernamental. Por supuesto que tenemos claras las brechas que aún existen en la operación de los sistemas estatales anticorrupción.
Por otra parte, hace unos días convocamos a los auditores superiores de los estados, para proponerles un sistema de trabajo más eficiente, más participativo y en un ejercicio de verdad federalista, de pares, no de subordinación, como ha existido hasta la fecha con las ASOFIS.
Generalmente los órganos estatales de control son los facilitadores y representantes en el desahogo de las auditorías que realiza la ASF, así como en el proceso de solventación de observaciones.
Ya organizamos el trabajo con los contralores de los órganos autónomos para que puedan formar parte del Sistema.
Nos hemos reunido con todas las instancias fundamentales para la coordinación, hitos como la reunión de trabajo en la Comisión de Vigilancia y la revisión de las áreas de oportunidad de la UEC, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que ha estado ya en la Auditoría, también creando una nueva relación.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación Coordinación intergubernamental FMI Fondo Monetario Internacional Sistema Nacional de Transparencia SNF SNT subejercicios
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