08 / Jun / 2018
El crecimiento de la deuda de estados y municipios se triplica de 2006 a 2013, esto es, pasó de 160 mil millones a 483 mil millones de pesos como consecuencia de la crisis financiera de 2009, que se convirtió en una crisis fiscal de donde se derivó que las participaciones se mantuvieran por debajo de su nivel en términos reales, de 2008 a 2013, a lo que se sumó el bajo potencial recaudatorio de los impuestos locales y el desinterés en muchos estados y municipios para aplicar políticas de gasto eficientes y transparentes.
El problema de la deuda es que se paga o se reprograma para que se pague años después, con lo que mantiene la restricción de recursos para la inversión y el gasto social. En 2017, tres quintas partes de la nueva deuda de ese año se destinó para reprogramar, esto es para ganar tiempo, bajar servicio en el corto plazo, pero al final con un incremento en su costo. Reprogramar hacia adelante la deuda que ya existía localmente, implica que esta ya no crezca como lo estuvo haciendo de hasta 2014, cuando creció un promedio de más de 50 mil millones de pesos por año. Pero en los últimos tres años se ha logrado disminuir ese crecimiento, lo cual se puede explicar por la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera y su sistema de semáforos, que en su segunda versión corrige algunos criterios de la primera. Por otra parte está disminuyendo la capacidad de endeudamiento, derivado de que su principal garantía de pago son las participaciones, y aunque en los últimos años estas han crecido por arriba de lo programado, aún no han recuperado poder adquisitivo real.
Desde 2013, la deuda respecto de las participaciones fue de 91 por ciento, y en los últimos cinco años esta cifra está en descenso, hoy está alrededor del 78 por ciento, proporción inferior al 2011 pero aún lejos de la relación de 2006, cuando fue de 49 por ciento.
Las fuentes de endeudamiento se clasifica en varias ventanillas: la banca múltiple, la banca de desarrollo, las emisiones bursátiles, los fideicomisos y los PPS, como los más importantes mecanismos para obtener recursos de forma extraordinaria.
Las emisiones bursátiles no son comunes en todos los estados, pero para 2017 existen tres donde la composición de su deuda sobresale con más de 30 por ciento: Oaxaca, con 48 por ciento, y Chihuahua y Chiapas con 36 por ciento. En este modelo permite comprometer ingresos futuros para ejercer en el presente, estas emisiones causaron grandes descontentos en algunos estados.
Para 2017, el promedio de la deuda con relación a las participaciones en los estados fue de 79.3 por ciento, pero en Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila equivale a más del 200 por ciento con respecto a sus participaciones.
Otro aspecto importante es que, en promedio, los plazos de vencimiento de estas deudas están en 14 años; es decir, se requieren más de dos administraciones de gobierno estatal para poder cumplir los compromisos que al día de hoy se tienen, siendo Quintana Roo y Nuevo León los estados con plazos de más de 20 años.
Por lo anterior es que la revisión de la deuda estatal, del impacto presupuestal de su servicio, implica que se requiera de un nuevo análisis del pacto fiscal para mantener el desarrollo sin la dependencia fiscal del esfuerzo federal, a fin de poder crecer y evitar desenlaces de las finanzas públicas y sus consecuencias, como el desempleo, la pobreza y la elevación de los índices de delincuencia.
La ASF, con sus nuevas atribuciones hacia estados y municipios, busca prevenir este futuro, así como dar seguimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, esto es revisar, ahora sí en tiempo real, las participaciones y la deuda, así como fortalecer transparencia y armonización contable.
David Rogelio Colmenares Páramo
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01 / Jun / 2018
A pesar de avances en cuanto al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aún los rezagos sociales son importantes, de forma tal que como ha señalado la OCDE, somos el segundo país más desigual entre sus miembros, quizás sólo somos superados por Chile, donde “el milagro económico” sólo fue para unos cuantos.
Se ha reducido, como ha señalado Coneval, la pobreza extrema y la pobreza en general de 46 por ciento, en 2010, a 43.6 por ciento, en 2016, no obstante, el número de pobres aumentó por el crecimiento natural de la población, de 52.8 millones de pobres a 53.4 millones hacia 2016. La desigualdad persiste como estuvo de moda comentarlo cuando el estudio de OXFAM.
La existencia de varios Méxicos se diversifica, ya que mientras en algunos estados la pobreza porcentual se ha reducido, como en las dos Baja Californias, con niveles de 22 por ciento de su población en situación de pobreza, o Quintana Roo, de 35.9 a 28.8 por ciento; en el otro extremo de la estructura de la desigualdad, en Veracruz el porcentaje de su población en niveles de pobreza pasó de 58 por ciento, en 2014, a 62 por ciento, en 2016, Oaxaca de 66 a 71 por ciento, o Chiapas de 76 a 77 por ciento.
La consecuencia de estos niveles de pobreza tiene como resultado la existencia de la estructura nacional de la desigualdad, en comparación con su nivel en otros países, no sólo de la OCDE, sino de otros con nivel de desarrollo similar al nuestro.
Para conocer su impacto sobre la fiscalización, es suficiente revisar el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, que es uno de los fondos de aportaciones condicionadas del Ramo 33, cuya fiscalización es exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Este Fondo es para combatir la pobreza y es el nieto del Ramo 26, que era el Programa Nacional de Solidaridad de la época del presidente Salinas. La mitad del mismo se concentra en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, entidades federativas donde encuentran mil 198 municipios, la mitad de los que hay en el país, lo que emparenta municipalismo con pobreza.
La fiscalización a los municipios se atomiza, la Auditoría Superior sólo puede revisar menos de 150 al año, el resto es de las auditorías superiores de los estados, algunas de las cuales tienen insuficiencia presupuestal.
Además, es claro que la desigualdad y la pobreza se estacionan en los estados menos favorecidos, donde dentro existen nortes y sures, medidos por la distribución del ingreso y la riqueza.
Entra también el tema de las participaciones, el principal ingreso corriente de los estados, el cual, como ya comenté en El Financiero, se destina fundamentalmente a gasto corriente, incluyendo la quinta parte que corresponde a las participaciones municipales. Por eso el énfasis que se pone en la ASF para revidar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución de recursos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, y su pago oportuno y completo, para evitar los abusos que históricamente se han hecho por parte de algunos gobiernos estatales.
Aquí el dilema es cómo lograr desarrollo, cómo fortalecer fiscalmente a estados, pero más al municipio. Algunas ideas apuntan a tener un gasto social regional y sectorial mejor focalizado, revisar los destinos programados de los fondos de aportaciones, los subsidios y los convenios, así como la gran cantidad de programas sociales, que no sólo deben de contener el avance de los indicadores de las necesidades esenciales, sino promover la inversión social, mejorar el salario real, avanzar en la armonización contable, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas de disciplina y de política fiscal.
En suma, la desigualdad implica un reto para la mejor fiscalización del gasto público.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: Desigualdad FISM Pobreza
25 / May / 2018
Como he comentado, la Auditoría Superior de la Federación es una institución fuerte, con un prestigio institucional destacado; sin embargo, existen áreas de mejora y en estos días hemos explorado algunos de los espacios importantes, como la coordinación intergubernamental.
En los tres sistemas eje de las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas: el Anticorrupción, el de Fiscalización y el de Transparencia, en los que participa la ASF, la institución más importante en la lucha contra la corrupción, se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para hacer mejores auditorías, con resultados efectivos.
En el Sistema Nacional de Fiscalización, tanto la Auditoría, como la Secretaría de la Función Pública, desempeñan el papel de ejes rectores, en la coordinación respectiva con las auditorías superiores de los congresos locales, ASOFIS y las contralorías de los gobiernos estatales, respectivamente.
Los resultados que comentaré se dan antes de ejercer las nuevas facultades que tiene la Auditoría Superior, como fiscalizar participaciones y obligaciones financieras.
El tamaño del desafío es tal, que sólo considerando que las participaciones significan un monto mayor que las aportaciones del Ramo 33, con el hecho de que la diferencia es que más del 90 por cierto del gasto de las mismas, al tratarse recursos de libre disposición, se destinan al gasto corriente, fundamentalmente nóminas. Sólo alrededor del cinco por ciento se destina a inversión, otro tanto igual con la CDMX.
Para ello, considero indispensable robustecer vínculos e intercambios de experiencias entre el ente fiscalizador federal y quienes se ocupan de la gestión gubernamental en estados y municipios. Ya lo he mencionado, pero no está demás precisarlo: de las mil 865 auditorías que se realizaron en 2016, mil 390 correspondieron al gasto federalizado, esto es alrededor de tres cuartas partes, incluyendo las transferencias condicionadas, aun sin incluir la fiscalización a las participaciones, que implicarían más recursos humanos y presupuestales.
Todo mundo realiza auditorías en el ente fiscalizador, incluso en áreas de investigación. En el gasto federalizado existen las llamadas auditorías coordinadas, donde la entidad local realiza la auditoría y los pliegos los hace la ASF, con resultados que habrá que revisar. En algún momento surgió la idea de que, aumentando la cobertura de la fiscalización, se garantizaría un mejor uso de los recursos federales transferidos, en materias como educación, salud, seguridad y combate a la pobreza, entre otros. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes.
Como muestra, si revisamos las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, los PRAS, de 2008 a 2016, su total fue de 16 mil 58. De estos PRAS, tres quintas partes correspondieron a estados y municipios, mientras que el otro 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal, al Judicial, órganos autónomos e Instituciones Públicas de Educación Superior. Sin embargo, cantidad no significa calidad, ni mejores resultados. Es todo lo contrario, generalmente.
En el caso de los órdenes subnacional y local, quedan pendientes por concluir alrededor del 30 por ciento. Es importante señalar que se considera concluido un PRAS cuando ha quedado promovido ante la instancia de control competente, generalmente las contralorías estatales, pero en muchos casos queda pendiente que estas últimas, al término del procedimiento, emitan la resolución de cada uno de los asuntos turnados. Cuando ya hay resolución definitiva, sólo son procedentes 405 PRAS, los otros son no procedentes o quedan si resolución definitiva.
Para ello se acaba de realizar la Asamblea de la ASOFIS con todos los auditores estatales, y para apoyarlos tuvimos una participación en la reciente Conago.
David Rogelio Colmenares Páramo
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Etiquetas: ASF ASOFIS Coordinación intergubernamental Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas PRAS Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria Ramo 33 SNA SNT
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