La violencia fomenta la corrupción

30 / Nov / 2018

Foto ASF-David ColLa inseguridad y la violencia en contra de los alcaldes son obstáculos importantes en la lucha contra la corrupción. Fueron muchos los muertos en años recientes. La violencia en el proceso electoral, en el que además de la Presidencia de la República y de nueve gobernadores, cambiaron cerca de mil 451 presidentes municipales, sin considerar los 417 de usos y costumbres de Oaxaca. Los asesinatos de alcaldes se dan ya no sólo en municipios pequeños de alta marginalidad, enclavados en zonas donde la delincuencia tiene más fuerza que las instituciones, donde tiene capacidad para amedrentar o eliminar a las autoridades municipales que se resisten. Hoy ha sido generalizado.

Ha sido frecuente en los últimos años que esto suceda, particularmente en los estados del sur-sureste, donde se encuentran la mayor parte de municipios del país, la mayoría en situaciones de pobreza y asolados por la delincuencia, e incluso en Colima, Zacatecas y estados del norte como Tamaulipas y Durango.

Hoy ser alcalde en estos municipios es un riesgo, porque ante la mayor presión federal contra las bandas, estas han diversificado sus operaciones a lo local y ahora han encontrado nuevas oportunidades de negocio, como el asalto a los trenes, el contrabando, la extorsión a los negocios (incluso a los más pequeños), los secuestros y el robo de gasolina, en los que vuelven cómplices a los pobladores y a las autoridades municipales. Si alguien se opone, lo hacen a un lado.

Pero lo contrario de lo que ha pasado en el ámbito público, donde se ha buscado centralizar todo, la delincuencia se ha descentralizado, como ha señalado Alejandro Hope, buscando las razones de la siniestralidad entre los alcaldes.

La atomización municipal, así como la precariedad de sus fuentes fiscales a pesar del impuesto predial, hace que los recursos municipales sean insuficientes para contar con una policía medianamente capacitada y, por lo tanto, son objeto seguro de extorsión y manipulación.

Sabemos que muchos de los ediles han sido amenazados, exigiéndoles los recursos presupuestales que manejan, como son los fondos de aportaciones que vienen etiquetados o incluso de participaciones que son de libre disposición, así como recursos del gasto federalizado, que son estrictamente auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual en caso de detectar desvíos, pueden, más hoy, sancionar a las autoridades municipales que desvíen esos recursos; esto es, que los utilicen para algo para lo que no están destinados.

No respetan por lo general las normas presupuestales ni el destino de los recursos federalizados, no atienden la rendición de cuentas y cuando se enteran es porque ya tienen requerimientos personales para que reintegren esos recursos; no saben qué hacer y yo he visto llorar a algunos después de cinco años de no pelar el asunto.

Así, ante las amenazas, o renuncian o se juegan la vida, y vemos que ya son decenas los asesinados en los últimos años. No tienen recursos y si los desvían corren el riesgo de ser castigados, pero si no, pueden ser asesinados.

La oportunidad del cambio de gobierno, la legitimidad con que llega al poder y el discurso del Presidente electo en contra de la corrupción y la impunidad deberá ser exitosa, para que las autoridades municipales cumplan con sus responsabilidades en materia de aplicación correcta de los recursos, lo cual implica que la coordinación fiscal, el fortalecimiento del federalismo y la participación ciudadana impidan sucesos como los comentados.

Esperamos que la capacitación que se genere y en la que en la ASF se está trabajando –para generar códigos de ética precisos, mecanismos sencillos para la aplicación de los recursos y una revisión correcta de los programas sociales y del gasto federalizado al reducir la corrupción– límite la inseguridad.

México tiene una oportunidad que inicia el 1 de diciembre.

David Colmenares Páramo



¿Hacia la 2ª convención hacendaria?

23 / Nov / 2018

Foto ASF-David ColA Olguita por un año más…

Hace 14 años se realizó la primera Convención Nacional de las Haciendas Públicas en Querétaro, convocada por las autoridades fiscales federales y estatales, con el fin de revisar los temas fundamentales que en ese momento preocupaban a las haciendas públicas estatales, municipales y federales. Hoy se inicia un Foro de Legisladores en Materia Hacendaria en el marco de una revisión rumbo a una Convención Hacendaria, con la participación de diputados federales y estatales.

Los antecedentes de la coordinación fiscal entre los órdenes federal y estatal son las Convenciones Naciones Fiscales de 1925, 1933 y 1947, y la primera Convención Hacendaria, en 2004.

Después de un largo proceso de concertación, a partir de una iniciativa de la Conago y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se lanzó la convocatoria en octubre de 2003 y en marzo del siguiente año dio inicio en Querétaro, con presencia de autoridades estatales, municipales y federales, de diputados, senadores, presidentes municipales y el Presidente de la República. El Poder Legislativo tuvo voz, pero no voto, por decisión de ellos mismos, en virtud de que muchos de los acuerdos tendrían que llegar al Congresos por la decisión final. Fueron más de 300 acuerdos por consenso.

Fueron siete mesas de trabajo: Gasto Público, Ingresos, Deuda Pública, Modernización y Simplificación Administrativa, Colaboración y Coordinación Intergubernamental, Transparencia y Fiscalización y la de Patrimonio Público.

Los avances derivados en materia de transparencia y rendición de cuentas, tuvieron su origen en las conclusiones de la CNH. Las resoluciones que merecían trato legislativo, no prosperaron.

Sin embargo, ya pasaron 14 años

La Segunda Convención Hacendaria debe realizarse pronto, de ahí la importancia de la Convocaría de las Comisiones de Presupuesto Cuenta Pública, así como la de Hacienda, que han convocado al Foro de Legisladores en Materia Hacendaria en la Cámara de Diputados, con el fin de cumplir con la primera etapa de la Convención Hacendaria de los mismos. Buena iniciativa de las Comisiones mencionadas.

Un tema central es la dependencia de las transferencias condicionadas, esto es aportaciones, subsidios y convenios, ya que las no condicionadas –esto es, las participaciones–, son recursos propios de los estados. Sin embargo, después del 2009, se quedaron rezagadas por la crisis financiera y posteriormente por la caída en el precio del petróleo, lo que se compenso con deuda pública.

Es necesario revisar la distribución de competencias, regresando responsabilidades a las entidades federativas, siempre y cuando asuman su responsabilidad recaudatoria. No se trata de crear nuevos impuestos, se trata de cobrarlos mejor y evitar la evasión fiscal.

Quienes cuestionamos el centralismo tributario no podemos insistir si a la hora de las responsabilidades, algunos gobiernos estatales no responden, como es el caso de la tenencia o del predial, en el caso municipal.

Decía Servando Teresa de Mier que es normal “ser federal en el discurso, pero centralista en la realidad”, lo que ha pasado con nuestro sistema hacendario. La pereza fiscal limita la recaudación estatal y local, pero es claro que la gestión de recursos es limitada porque significa discrecionalidad.

En algunas entidades federativas se les esquilman los recursos de participaciones a los municipios, violando la Ley de Coordinación Fiscal, lo cual implica responsabilidades a la hora de fiscalizar.

Por ello la importancia de una nueva Convención de las Haciendas Públicas, que revise las responsabilidades de gasto, a la par de la distribución de facultades impositivas, la política de austeridad y el presupuesto basado en resultados.

Por ello, este Foro de Legisladores en Materia Hacendaria puede ser el principio de la nueva Convención.

David Colmenares Páramo



Recursos para desarrollo municipal

16 / Nov / 2018

Foto ASF-David ColEl combate a la pobreza y la desigualdad es preocupación creciente de la sociedad mexicana. Desafortunadamente la política y, sobre todo, la falta de recursos suficientes, han evitado que sigamos siendo uno de los países con indicadores que muestran todavía una carencia importante en pobreza y pobreza extrema. A ello sumamos la pereza fiscal de los municipales con posibilidades de estructura para recaudar.

Este Fondo, en su vertientes estatal y municipal, es un elemento recurrente en la conformación del Programa Anual de Auditorías de la ASF, ya que sus fines se vinculan directamente con las condiciones de bienestar de la población y con la cobertura de atención a renglones de infraestructura social básica, particularmente en aquellas zonas en donde se detectan los mayores déficits de atención en la materia.

Además de que constituye la principal fuente de los municipios para inversión en infraestructura social, ya que las participaciones que rebasan ligeramente el monto de este fondo, tienen como fin apoyar el desarrollo de la administración pública municipal, la cual se pulveriza en estados con mayores niveles de pobreza y mayor número de municipios.

En el combate contra la corrupción uno de los obstáculos a vencer son las cifras de la pobreza, la marginalidad y la dispersión municipal.

El reto crece, así tenemos que al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aún es inexistente o insuficiente para un gran número de mexicanos.

La existencia de varios Méxicos se mantiene, ya que mientras en algunos estados la pobreza se ha reducido, en otros el porcentaje de su población en niveles de pobreza creció a niveles mayores al 70 por ciento.

Un papel central en el combate a la pobreza es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que forma parte del Ramo 33.

Algunos de los antepasados del FAIS comienzan a fines de los años ochenta, cuando el fondo se llamó Solidaridad y Desarrollo Regional, el cual se dedicó a la infraestructura social municipal, infraestructura para el desarrollo social y a programas productivos para impulsar el desarrollo de las zonas rurales.

En el gobierno de Zedillo cambia su nombre por Superación de la Pobreza, con tres subfondos: Fondo de Infraestructura Municipal, Fondo de Prioridades Estatales y Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación. Dos años después se reducen a dos fondos; y después de otras denominaciones, en 1998 se crea el Ramo 33, como parte del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, creándose el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (el FAIS) con dos subfondos: el FISM, para la infraestructura social municipal, y el FISE, para infraestructura estatal.

Este Fondo del Ramo 33, para 2018, tiene programados 73 mil millones de pesos, un crecimiento promedio de 8.0 por ciento anual, equivale al 2.25 por ciento de la recaudación federal participable.

La mitad del FAIS se concentra en cinco entidades, las de mayores niveles de pobreza: Chiapas. Con 16.5 por ciento; Veracruz, 10.8; Oaxaca, 10.0; Guerrero, 8.4, y Puebla, 7.4 por ciento. Si vemos algunos de ellos tienen una macrocefalia de primer mundo, pero son estados con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa estos fondos a alrededor de 150 municipios, con la carga adicional de revisar las participaciones. Hasta 2016 y lo que va de la Cuenta Pública 2017, la recurrencia de las observaciones se concentran en subejercicios, falta de documentación comprobatoria, el no cumplimiento de los objetivos del fondo o transferencias a otras cuentas. Estamos trabajando para incluir y medir los impactos presupuestales, ambientales y sociales, temas que se están incluyendo a seis meses de la renovación institucional del órgano fiscalizador.

David Colmenares Páramo