¿Riesgos en las finanzas locales?

08 / Feb / 2019

Foto ASF-David Col

Al revisar las cifras de cierre del Presupuesto enero-diciembre de 2018, encontramos que se mantiene una tendencia ligera, pero constante, de crecimiento en los últimos cuatro años, tanto en las participaciones, que son recursos de libre disposición derivados del pacto fiscal que dio origen a la Ley de Coordinación Fiscal desde 1980, como en las aportaciones, que son transferencias condicionadas, al igual que las primeras, a fórmulas.

La distribución de las participaciones a los municipios corresponde a las secretarías de Finanzas estatales, de acuerdo con fórmulas determinadas por los congresos locales, cada una es diferente y su análisis lo ha realizado ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Algunas son buenas, otras no.

Es común escuchar, generalmente con un profundo desconocimiento, o para aprovechar la ingenuidad de los interlocutores, que las autoridades federales, e incluso las estatales, no les pagan a tiempo las participaciones, lo cual no siempre es verdad. En todos los años que recuerdo, Hacienda ha cumplido en tiempo y forma con el pago de las mismas, y las entidades federativas tienen un espacio para revisar las cifras de recaudación de los impuestos y derechos, que forman la recaudación participable, así como sus cálculos, que es el Comité de Vigilancia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Es cierto, en algunos estados no se las pagan a tiempo, como marca la ley, o nunca. Por ejemplo, quitándoles los ajustes cuatrimestrales o el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas –cuando se ha usado este mecanismo. En suma, aprovechándose del gran desconocimiento del Sistema de Coordinación se quedan con una parte de las participaciones que debieron pagar, esto ha sido particularmente relevante en estados del sur-sureste. Lo peor, ha sido sin consecuencias.

He tenido experiencias de todo tipo al respecto; por ejemplo, en municipios de la zona trique, en Oaxaca, piensan que las participaciones “son un regalo del señor gobernador”, o aquel presidente municipal que le quitaron en un lapso mil millones de pesos, pero lo convocan y le dan la décima parte y sale declarando loas sobre su “gobernador federalista”.

En 2018, las participaciones crecieron 3.9 por ciento respecto a lo programado, recursos cuyo destino se define en los congresos locales y que ya pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Las transferencias condicionadas a salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, infraestructura social y asistencia social, disminuyeron en menos de uno por ciento respecto de lo programado, que siempre ha auditado la Auditoría Superior.

El tema está en el destino del gasto de libre disposición, al que se suman los ingresos derivados de su propia recaudación, generalmente mínimos en la mayoría, aunque correctos en algunos estados y sobre todo en la Ciudad de México, que recauda más del 50 por ciento, los otros apenas un tres por ciento en promedio, en qué se gastan las participaciones, cómo la gastan y la corrupción.

Por otro lado, el Fondo de Estabilización (el FEIEF) está libre con cerca de 80 mil millones de pesos, cuando en 2009 la reducción de lo programado fue de 40 mil millones y el Fondo tenía 24 mil. Hoy no tienen problema, en casos de crisis fiscal.

El problema está en la dependencia del gasto de inversión, en rubros sustantivos como la obra pública, las compras y el gasto social, así como la participación social de a de veras.

La otra parte es revirtiendo el centralismo de las finanzas y las obras públicas, lo cual implica regresar facultades impositivas a los estados, fortalecer sus administraciones tributarias y federalizando la fiscalización a partir del trabajo de la Auditoría Superior.

Es necesario replantear, cómo se hizo en 2004, la coordinación hacendaria, dando un papel proactivo al Poder Legislativo.

David Colmenares Páramo



Salud y federalismo

05 / Feb / 2019

Foto ASF-David ColLa presentación del proyecto del Plan Nacional de Salud y, en unas semanas, del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, obligan a algunas reflexiones sobre la situación de la salud en México, donde 20 millones de mexicanos no tienen cobertura, cuando ésta, así como la educación, son pivotes para el desarrollo económico.

Su financiamiento asciende a un promedio del 6.0 por ciento del PIB, cerca de la tercera parte del mismo indicador en Estados Unidos e incluso inferior al de países latinoamericanos como Costa Rica, Brasil o Cuba.

Por habitante invertimos alrededor de 500 dólares, frente a un promedio de la OCDE de dos mil 594. Una referencia estadística importante es la del gasto de bolsillo, que es el gasto de los ciudadanos, que promedia 40 por ciento, mientras que el promedio en esa organización es de la mitad. El dato del gasto de bolsillo es un promedio, ya que en un país tan desigual en la distribución del ingreso y la riqueza y con niveles tan altos de subempleo, es totalmente diferente entre los deciles de ingresos.

Los genéricos han sido un salvavidas para la población de menores ingresos y las depauperadas clases medias, de ahí la necesidad de estimular su producción, más cuando hay un mercado especulativo y oligopólico en las medicinas para enfermedades catastróficas como la diabetes. En todos los casos, este gasto de los particulares puede resultar catastrófico para las finanzas familiares.

Más de la mitad de la población no está incorporada a los sistemas de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, y sólo les queda el Seguro Popular. Sin embargo, este ha sido limitado en su cobertura, calidad, eficacia y transparencia.

Es importante unificar los sistemas de salud, el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex, para hacerlo viable financieramente. Adicionalmente en los estados se realizan tres quintas partes del gasto nacional en salud, con una distribución desigual entre ellas.

En las reformas que vienen es importante su federalización, así como fortalecer la fiscalización.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación revisa en las entidades federativas el FASSA, que forma parte del Ramo 33, y el Seguro Popular, que es un subsidio a través del gasto federalizado.

Entre las principales observaciones al uso de los recursos del Seguro Popular están la falta de alineamiento normativo, inadecuado control administrativo, adquisición de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de servicios de salud –el Cauces– o adquiridos a precios superiores a los de referencia, retraso o no transferencia de los recursos por parte de las Secretarías de Finanzas estatales, subejercicios no devengados al término del ejercicio fiscal –que en 2016 llegaron al 23 por ciento–, transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, infraestructura insuficiente para brindar servicios de salud a la población, impuestos y cuotas retenidas y no enteradas a terceros institucionales, recursos aplicados a conceptos no autorizados, recursos insuficientes y poca transparencia ante la insuficiencia normativa.

En el caso del FASSA, las principales insuficiencias normativas son también su falta de alineamiento normativo; no precisa los conceptos de gasto, impuestos y cuotas no enterados a terceros institucionales; recursos aplicados a conceptos no autorizados; inadecuado control administrativo; transferencia retrasada de recursos por parte de las secretarías de Finanzas; carencias o deficiencias importantes de información, y otras de carácter administrativo.

En suma, las irregularidades en la gestión de ambos han afectado la cobertura y calidad de los servicios de salud estatales, que exige un replanteamiento, particularmente del Seguro Popular, como punto previo para poder avanzar en la unificación del sector salud.

David Colmenares Páramo



Ayudar al municipio

25 / Ene / 2019

Foto ASF-David ColEl gran reto del federalismo mexicano es descentralizar con un reparto eficiente de facultades de ingreso y gasto

Mediáticamente se ha mencionado el desinterés fiscal de los municipios, la corrupción que existe en el manejo de los recursos…De los tres órdenes de gobierno, la figura municipal muchas veces ha sido marginada, quizás por la heterogeneidad de los dos mil 445 municipios que hay en el país; las 16 alcaldías no lo son porque tienen un régimen fiscal diferente. Al respecto se han dado avances en los temas fiscales; sin embargo, aún queda mucho por avanzar.

Cuando se crea la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, se establece que los municipios recibirán una participación de por lo menos el 20 por ciento de lo que reciben los estados, por el Fondo General de Participaciones que se paga a los estados, y el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal; posteriormente se reforma el artículo 115 que los considera como otro orden de gobierno y se les otorga la administración del impuesto predial, un impuesto patrimonial y relativamente fácil de recaudar, asimismo se dan nuevas facultades y responsabilidades al municipio. Más facultades, pero sin recursos, aunque el predial es una fuente con potencial recaudatorio importante.

En 1998 se crea el Ramo 33 y tres fondos de aportaciones se dirigen a los municipios, destacando el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FAIS) y el FORTAMUN, casi el 5.0 por ciento de la recaudación participable. Las aportaciones son condicionadas.

De ahí la importancia del relanzamiento del INAFED –el instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal– en un evento encabezado por la Secretaría de Gobernación, participando instituciones como el INEGI, el INAP y la ASF, entre otros.

Se ha hablado mucho de fortalecer al municipio; sin embargo, es poco lo que se hace por ellos, ya que seguimos atorados en un sistema federal en el discurso, pero centralizado en los hechos, particularmente en materia de finanzas públicas. La mayoría de los municipios del país se encuentran en situaciones de pobreza, donde más de la mitad de los mismos están en los estados del sur-sureste, la región más pobre del país.

Por ello, el gran reto del federalismo mexicano es descentralizar con un reparto eficiente de facultades de ingreso y gasto entre los tres órdenes de gobierno, que sean fiscal y socialmente fuertes, con recursos suficientes para atender las necesidades que la ciudadanía les demanda.

Desafortunadamente pocas entidades y gobiernos locales aprovechan sus escasas facultades recaudatorias; es el caso de los impuestos a la tenencia, hoy potestad estatal, y el predial a cargo de los municipios. Muchos no tienen un manejo adecuado y transparente en el gasto público y la incidencia de corrupción ha sido creciente.

Por el lado de la fiscalización, el universo auditable es limitado en cuanto a su número, pero importante respecto al monto de los recursos transferidos, como se refleja en los informes de resultados de la ASF y el que se presentará en unas semanas.

Mediáticamente se ha mencionado el desinterés fiscal de los municipios, la corrupción que existe en el manejo de los recursos, lo cual es cierto, pero también tiene que ver con los niveles de desarrollo o el status diferente, por ejemplo, de los 417 de usos y costumbres de Oaxaca.

En esa circunstancia, el INAFED tiene la gran oportunidad de contribuir al desarrollo municipal en coordinación con otras instancias, como el INDETEC y las organizaciones que agrupan a la mayoría de los municipios del país.

La Secretaría de Gobernación advirtió del riesgo en los pasivos laborales, derivados de la inestabilidad de los empleados por razones políticas, lo cual se traduce en pérdidas de capital humano con conocimientos. Finalmente es necesario revisar la LCF, creando una ley de coordinación hacendaria con mecanismos de coordinación entre el nivel subnacional y local, para fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones públicas estatales y municipales.

David Colmenares Páramo