21 / Ago / 2020
Se sigue hablando de revisar el pacto fiscal, de convocar a una “convención nacional fiscal” y lo único claro es que existe una terrible confusión; parece increíble que después de tantos años, incluso mediáticamente se planteen lugares comunes, pero una convención de las haciendas públicas no es un proceso sencillo, requiere mucho trabajo, muchos actores y voluntad para realizarla y lograr consensos que no dejen a ningún orden de gobierno disminuido en favor de los otros.
Los antecedentes son conocidos: tres convenciones nacionales fiscales y una única Convención Nacional Hacendaria en 2004.
No es un proceso sencillo, significa remodelar relaciones intergubernamentales, para apoyar el desarrollo de las generaciones futuras, y el desarrollo armónico de la nación.
Fue un proceso largo, de discusión y acuerdos políticos, con una gran voluntad de las partes para realizarla, siendo siempre el objetivo contar con tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, no avanzar en el desarrollo de uno, a costa de la debilidad del otro.
En la Declaratoria a la Nación, presentada al final de la Convención, se da cuenta de los 341 acuerdos de consenso, así como de las 50 acciones ejecutivas.
Se decía en el Manifiesto que “en la construcción de este federalismo renovado, se impone la necesidad de llevar a cabo una reforma hacendaria, que genere una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales; que se traduzca en más y mejores servicios para los ciudadanos; una reforma hacendaria que conlleve el fortalecimiento de sus haciendas públicas y la solidez financiera del país, condición necesaria para impulsar en forma sostenida el crecimiento económico, la inversión y el empleo, así como el desarrollo equilibrado de la nación; una reforma hacendaria que garantice la total transparencia en la ejecución de los recursos aportados por los contribuyentes…”
Los gobernadores hicieron el planteamiento inicial, cuyos propósitos están plasmados en la Declaración de Mazatlán, después el titular del Poder Ejecutivo federal y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas suscribieron la Declaración de Cuatro Ciénegas, “en la que manifestaron su voluntad para construir juntos, mediante amplios consensos y con pleno respeto a las atribuciones del Poder Legislativo federal y del Constituyente Permanente, una renovación del sistema federal mexicano, y de ahí el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, “acordaron convocar conjuntamente la celebración de la Primera Convención Nacional Hacendaria, que condujera a una reforma hacendaria fundamentada en una nueva corresponsabilidad política, económica y administrativa entre los órdenes de gobierno…”
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales fue fundamental.
La Convención Nacional Hacendaria requirió varios procesos: primero lograr el consenso para realizarla a partir de la propuesta de los gobernadores, elaborar un diagnóstico en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con el apoyo de INDETEC, el cual fuera aprobado por la UCEF y los secretarios de Finanzas de las entidades federativas. Asimismo, constituir el Consejo Directivo, que fue la máxima autoridad de la Convención, así fue el órgano decisorio de la misma: participaron en el mismo, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, tres secretarios de Estado, tres presidentes municipales, comenzando los trabajos en Juriquilla, Querétaro, el 5 de febrero de 2004.
Se crea una dirección ejecutiva y una coordinación técnica que fue INDETEC. Elegir un secretariado técnico integrado por el secretario de Hacienda y dos secretarios de Finanzas, los de Coahuila y Chihuahua.
Luego se definirían las mesas de trabajo que fueron siete…
David Colmenares Páramo
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14 / Ago / 2020
En los últimos meses las instituciones públicas se han enfrentado a escenarios complejos que las han obligado a reconfigurar su funcionamiento. Si bien la emergencia sanitaria ha constituido un reto, también ha construido oportunidades, para que los gobiernos, según sus atribuciones, refrenden su compromiso con los valores y principios que sustentan el modelo democrático, así como los de la transparencia y la rendición de cuentas.
A partir de estas y otras valoraciones, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se han generado nuevas estrategias dirigidas al fortalecimiento del quehacer cotidiano de la fiscalización a través de medidas que brindan mayor eficacia, eficiencia y celeridad, así como para salvaguardar la protección de la integridad del personal de la institución y asegurar la continuidad de las labores de auditoría.
En relación con el primer tema, la ASF ha centrado sus esfuerzos en concretar reformas al marco de la fiscalización, con un gran apoyo de la Cámara de Diputados, y en particular de la Comisión de Vigilancia: en primer lugar, respecto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para regular las auditorías digitales. Esta iniciativa plantea, en términos generales, la incorporación acelerada de las nuevas tecnologías en los procesos de fiscalización para maximizar su eficiencia. Ejemplos del tipo de proyectos que involucra esta estrategia son, en primer lugar, el Buzón Digital-ASF, que es un sistema de comunicación entre la ASF y las entidades fiscalizadas que permite el envío, firma y certificación de información a través de la herramienta denominada “Transfer ASF”; así como el Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SiCAF-ASF), que está pensado como un proyecto de plataforma nacional que sería administrada por la ASF para la gestión, seguimiento y control de obras públicas y adquisiciones, financiadas con recursos del gasto federalizado; finalmente el Sistema Integral de Citas, que facilitará el control y desahogo de las reuniones de confronta con los entes auditados, tanto remotas como presenciales.
Aunado a lo anterior, se realizaron ajustes al Programa Anual de Auditorías sobre la Cuenta Pública 2019, para la incorporación de revisiones estratégicas relacionadas, principalmente, en el sector salud y los grandes proyectos de obra pública, incluso con una figura de auditoria adelantada. Por el lado de desempeño es evidente que la pandemia nos agarró con una infraestructura históricamente descuidada, hospitales sin médicos, ni equipamiento, construidos sin planeación, con recursos de los excedentes petroleros, que se pagaron hasta 2008. Los resultados de estas auditorías permitirán determinar cuál era la situación del sistema nacional de salud, previa a la pandemia, en aspectos específicos y relevantes para la adecuada atención de la emergencia.
De manera complementaria, se llevó a cabo la integración de una serie de recomendaciones de carácter general, sobre la reacción gubernamental ante eventos catastróficos, desastres o emergencias sociales. Estas recomendaciones fueron el resultado de la experiencia de la ASF en materia de fiscalización de desastres naturales, entre otros elementos.
En materia de colaboración interinstitucional, en el ámbito nacional, la ASF se ha centrado en la celebración de encuentros con auditores locales, como un espacio para compartir experiencias y desafíos sobre la fiscalización en tiempos de la Covid-19. En el plano internacional, la ASF ha colaborado, principalmente, con el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD) de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Ficsalizadoras Superiores (OLACEFS).
David Colmenares Páramo
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07 / Ago / 2020
La rendición de cuentas, como principio rector y componente básico de todo sistema de gobierno democrático, está sustentada en la obligación legal de que toda autoridad informe y justifique el ejercicio de sus atribuciones, que respondan a las nuevas necesidades de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Este arreglo democrático implica la existencia de instituciones con amplias capacidades y facultades de vigilancia de la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos.
En el caso del Estado mexicano, esta labor la lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en el año 2000 a través de la emisión de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; regulación que ha sido reformada por completo en tres ocasiones a lo largo de 20 años. Sin embargo, es claro que aún existen espacios de mejora en materia normativa.
En la Constitución de 1824 se sentaron las bases efectivas para la conformación de una instancia de máxima autoridad en materia de auditoría pública, y en 1857 fue cuando, en la nueva Constitución, se redefinió a la Contaduría Mayor de Hacienda como un órgano dependiente del Poder Legislativo Federal encargado de glosar y revisar el presupuesto público; en 1904 se explicitaron los conceptos de autonomía y profesionalización.
Por otra parte, fue hasta la Constitución que actualmente nos rige (1917) cuando se precisaron las facultades de la Contaduría Mayor respecto a la revisión de la Cuenta Pública. Posteriormente, en 1999, a través de otra reforma al texto constitucional, se incorporaron los principios de autonomía técnica y de gestión.
Dicha reforma fue la antesala para la creación de la ASF en el 2000. Cabe resaltar que, conforme a dicha ley, actualmente abrogada, la atribución principal de la ASF consistía en la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo cual debía informarse anualmente a la Cámara de Diputados, especificamente ante la Comisión de Vigilancia.
En el 2008, gracias a otra reforma constitucional que implicó la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2009, se ampliaron y fortalecieron las atribuciones de la ASF. Esa Ley le otorgó la atribución de fiscalizar de forma directa los recursos federales que ejerza cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, los estados, municipios y el gobierno del Distrito Federal, incluyendo los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos.
La reforma más reciente al marco legal que rige la fiscalización federal fue publicada en mayo de 2015, y tuvo como eje principal el combate a la corrupción. En ella se normó la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se dieron nuevas facultades como la revisión de las participaciones federales.
Todo ello de cara a la sociedad en un proceso abierto de rendición de cuentas a través de sus informes de auditoría y la presentación de denuncias por faltas administrativas graves o de carácter penal, según corresponda a los elementos que arrojen sus resultados.
Hoy la pandemia ha mostrado algunos hitos de oportunidad, como es el caso de las auditorías en tiempo real, que analicen en forma simultánea al ejercicio del recurso público cuando se ejerce, así como el de las auditorías digitales que permitan el uso de las nuevas tecnologías en materia de big data e inteligencia artificial, que permitirán superar y remontar los obstáculos de la suspensión de plazos, ampliar los universos auditables, revisar a entidades que han sido “paraísos de la opacidad”, entre otros.
David Colmenares Páramo
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Se sigue hablando de revisar el pacto fiscal, de convocar a una “convención nacional fiscal” y lo único claro es que existe una terrible confusión; parece increíble que después de tantos años, incluso mediáticamente se planteen lugares comunes, pero una convención de las haciendas públicas no es un proceso sencillo, requiere mucho trabajo, muchos actores y voluntad para realizarla y lograr consensos que no dejen a ningún orden de gobierno disminuido en favor de los otros.
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