11 / Ene / 2019
Esta semana ha estado en México José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE desde hace 14 años, cargo en el que ha sido reelecto en dos ocasiones. Llegó después de haber sido secretario de Hacienda, con una trayectoria profesional relevante, presentando resultados de sus actividades de apoyo para el desarrollo institucional, como es el caso de las compras consolidadas en el IMSS.
Es economista, durante un buen tiempo presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía de la UNAM, en la que desempeñó un papel relevante apoyando la especialización de los alumnos de la Facultad.
Esta semana tuvimos en la ASF la oportunidad de tener una reunión de trabajo muy relevante, con la participación del staff directivo de la sede en México de esta organización internacional y del personal directivo de la Auditoría Superior.
La OCDE, con la presidencia de José Ángel, ha dedicado una parte importante de su trabajo a apoyar las acciones de fortalecimiento institucional de nuestro país.
En su visita se destacó la relevancia de los estudios de la OCDE en favor del combate a la corrupción y buenas prácticas, como los referentes a las compras públicas del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE entre otras, con estupendos resultados particularmente en el caso del Seguro Social. Se mencionó el estudio que hizo recientemente sobre el gobierno de Oaxaca a solicitud de las autoridades estatales.
Se comentaron los beneficios que para la fiscalización en México, hasta el momento, ha tenido la cooperación entre ambas instituciones. En particular, se puso énfasis sobre el informe que emitió la OCDE respecto a la implementación de nuestro Sistema Nacional de Fiscalización y en particular sobre la ASF.
Se destacó el momento que vive México, el cual históricamente es inédito, en el que el mandato popular es claro: combate frontal a la corrupción.
En este escenario, la ASF juega un papel clave al ser la columna vertebral del combate a la corrupción en México dada su autonomía y su transversalidad en los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes.
Ante lo anterior, la responsabilidad y el reto para la ASF son de suma trascendencia, no deben presentarse esquemas de medias tintas y el que la hace la deberá de pagar, pero el que quiere hacer las cosas bien debe ver a la ASF como un aliado.
El control de la corrupción no sólo es parte de las instituciones de gobierno, los casos multinacionales y el pago “de cuota” por parte de las empresas también deben ser frenados fortaleciendo las compras públicas consolidadas, aprovechando las mejores prácticas y la disponibilidad de capacidades, y reconociendo las disparidades estatales.
Por esto el reto en las entidades federativas y municipios es mayúsculo, dado que es en estos órdenes de gobierno donde se han dado grandes abusos en el pasado reciente, de ahí la importancia de la presencia de la ASF en la actividad preventiva y de capacitación con los nuevos alcaldes y gobiernos estatales.
Además de lograr que entidades federativas y municipios hagan un uso correcto de los recursos públicos, se deben alinear correctamente los incentivos para empoderarlos y que logren potencializar la captación de recursos propios.
Es por esto que la OCDE y la ASF harán sinergia permanente para implementar en México las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción.
De fracasar en lograr resultados públicamente perceptibles en el corto plazo, la ciudadanía no recuperará la confianza en el servicio público.
Me invitó y acepte a participar en la Alianza de Auditores de la OCDE, que se compone de auditores superiores y auditores internos, estos últimos de los ámbitos público y privado, de una gran cantidad de países.
Para una buena fiscalización de recursos se requiere un buen conocimiento de los procesos, que trabaje en el ex ante “lo que busco” y no en el ex post “lo que encuentro”.
David Colmenares Páramo
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14 / Dic / 2018
En esta semana Coneval presentó “Pobreza y derechos sociales en México”, obra coeditada con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que revisa cuáles son los principales desafíos, las limitaciones y las oportunidades que habría que considerar en la medición de la pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos.
La investigación se desarrolló a partir del vínculo normativo entre medición de la pobreza y los derechos sociales señalados en el artículo 6º de la Ley General de Desarrollo Social, donde se menciona que estos derecho son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, la cual nos recuerda el estupendo trabajo de Coplamar, que hablaba de las necesidades esenciales en México y la Geografía de la Marginalidad.
El INEGI dio a conocer el PIBE 2017, donde se puede observar que cinco entidades tienen el 45 por ciento del mismo: CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, históricamente los estados con mayores niveles de desarrollo.
Tlaxcala, Colima, Nayarit, Baja California Sur y Zacatecas apenas significan el 3.6 por ciento del PIBE nacional, es importante comentar que Baja California Sur fue el estado que mayor crecimiento tuvo respecto al año anterior, con un 11.4 por ciento, y los tres estados con mayor marginación, Guerrero con cero crecimiento, mientras que el PIBE de Chiapas y Oaxaca cayó alrededor del 3.0 por ciento; estos mismos también presentan las tasas de informalidad más altas del país, por encima del 78 por ciento.
Estos documentos nos dan un marco de referencia de la estructura nacional de la desigualdad, así como de la prioridad para atender los derechos sociales de cada ciudadano. Sin embargo, las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados, por ello la elaboración del Presupuesto cobra gran importancia, con el fin de atender las verdaderas prioridades y para evitar vicios del pasado.
Esta semana el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló con razón, que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en “riesgo” la estabilidad de las finanzas públicas, que no habrá “bolsas” de recursos o partidas presupuestales a disposición de diputados o senadores, y que la distribución estará basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria.
Esto es que tiene que cambiar la negociación presupuestal, no más pasarelas de gobernadores o alcaldes. Para este proceso deben evitarse prácticas de discrecionalidad, opacidad y clientelismo en la asignación de recursos. Deberán atenderse la inversión en infraestructura, que está en los niveles de los años 40, y los programas sociales que generen empleo productivo.
En el caso de la coordinación fiscal deberá atenerse a prácticas de transparencia presupuestales, basadas en resultados y con una rendición de cuentas oportuna, considerando siempre el impacto presupuestal, ambiental, social y fiscal.
La ASF tiene facultades para auditar las participaciones, no sólo sobre como distribuyen las mismas a los municipios o alcaldías; podemos auditar rubros como los subsistemas estatales de educación básica, gastos como los de comunicación social, entidades desconcentradas de los gobiernos estatales. Esto es todo aquello en que se gasten las participaciones, que son ciertos ingresos propios de los estados; sin embargo, deben ser ejercidos correctamente.
El Presidente anunció que llegó a un acuerdo para que la Federación asuma el control de la salud en ocho estados del sur-sureste, que aumentará el presupuesto para salud en esas entidades, y que iniciará un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en hospitales públicos.
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Concluye la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII 2018) en Lima, Perú, organizada por la Contraloría de la República del Perú. Se destacó la necesidad de contar con una política de integridad y la ventaja de privilegiar una visión de prevención de la corrupción, respecto al costo de remediarla.
Antes es necesario precisar los orígenes de la corrupción, lo cual no es un tema sencillo. Por supuesto que no es un problema de idiosincrasia ni menos exclusivo de un país. Es un fenómeno mundial que tiene un origen multifactorial, y las causas tienen mucho que ver con las condiciones políticas, sociales y económicas.
La corrupción es hoy la preocupación más importante de los ciudadanos en el mundo. En el caso del Perú, más de la mitad de los ciudadanos le dan prioridad, incluso por encima del desempleo y la inseguridad, según datos de los organizadores de la conferencia.
Esto es una realidad en la región. Por ejemplo, en el Perú su anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, cayó por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Además han pasado o están en la cárcel Fujimori y su hija, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa, y le acaban de negar el asilo en Uruguay a Alan García.
La corrupción se ha convertido en un peligro para la democracia, ya que ha contaminado todos los espacios públicos, independientemente si el sistema es federal o unitario, no importa si es un país desarrollado o inmerso en la pobreza. La región latinoamericana ha sido inestable políticamente por la corrupción.
En México tenemos cinco jinetes del apocalipsis: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, que han rebasado los límites que los ciudadanos pueden tolerar, lo cual se manifestó en su voluntad de cambio.
El estudio de la desigualdad tiene aportaciones importantes, como las de OXFAM con el estudio de Gerardo Esquivel, o el informe sobre la impunidad que elabora la Universidad de las Américas Puebla.
La pobreza se ha profundizado, igual que la estructura de la desigualdad. La impunidad ante casos evidentes de corrupción es vista por los ciudadanos, por el pueblo, que observan que en otros países hay consecuencias.
El tema de la conferencia es la prevención, pero en los casos de corrupción la impunidad es inaceptable y se requieren resultados y castigos ejemplares.
Los niveles de impunidad y la violencia criminal no tienen precedentes; en las principales actividades públicas de los tres órdenes de gobierno encontramos prácticas corruptas, como en la reconstrucción de los sismos 2017. No es casual que, en el proceso electoral, los ciudadanos se hubieran manifestado por un cambio, convencidos de que la corrupción se debe combatir con eficacia. Quieren resultados.
LA CONFERENCIA
En el evento de Lima, Prevención contra la Corrupción: de un Estado reactivo a uno proactivo, participamos auditores o contralores superiores de los países miembros de la OLACEFS –la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores–, lo mismo que académicos y representantes de a la sociedad civil, del continente y de España.
En las plenarias se consideró oportuno analizar la integridad pública y la prevención de la corrupción; la inversión en políticas para el desarrollo, y la articulación de esfuerzos para prevenir la corrupción con periodistas, empresarios y ciudadanos.
Se abordaron temas vinculados a la promoción de la integridad en los gobiernos locales; la educación para la integridad, así como transparencia, gobernanza y rendición de cuentas. Otro tema fue la promoción de inversión en políticas de prevención para el desarrollo.
A principios del próximo año todos los auditores superiores de América Latina compartiremos experiencias sobre el caso Odebrecht.
David Colmenares Páramo
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