25 / Feb / 2019
Esta semana se presentó el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del que dieron cuenta ayer El Financiero y otros medios de comunicación. Como era previsible genera interés en la opinión pública, que espera resultados. Se presentó ante la Comisión de Vigilancia, con la presencia de los integrantes de la misma, así como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del de la Comisión de Presupuesto.
Las representaciones de los diferentes partidos en la Comisión manifestaron su posición, así como las demandas que hacen a la ASF. Con este informe se cerró el ciclo de informes parciales, siendo el tercero presentado con el Informe Anual.
Generó por supuesto interés en los medios de comunicación. El Informe Ejecutivo se encuentra en la página web de la Auditoría, así como las mil 675 auditorías de las que se da cuenta, adicionalmente una versión ciudadana que en dos o tres cuartillas resume el contenido de cada una.
Una anotación importante, tenemos dos tipos básicos de auditoría, la de cumplimiento financiero y las de desempeño, esta última se realiza desde el año 2000. Para 2017 se programaron 150, las cuales se orientan a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto social y económico, y verificar si hubo beneficios para los ciudadanos
La revisión del gasto federalizado ha representado históricamente más del 70 por ciento de las auditorías, con un incremento a partir de las reformas de 2015, que dieron a la ASF facultades para revisar el uso y destino de las participaciones, de las cuales en un principio se revisaron las fórmulas de distribución de las mismas a los municipios por parte de los estados, encontrándose casos en que no se les pagan completas ni a tiempo ni en la forma como señala la Ley de Coordinación Fiscal. Hoy traemos resultados de estados que no lo hicieron y ya hay observaciones para los mismos.
Las auditorías del gasto federalizado programable fueron 960, destacando las del Ramo 33 y el 25, que fueron 506, 102 al seguro popular y algunas no financieras, como participación social, contraloría social y el sistema de evaluación del desempeño del gasto federalizado.
Dentro de este rubro destacan las transferencias condicionadas con un destino específico, entre los que están los recursos de educación, salud, seguridad, entre otros, así como el FORTAFIN del Ramo 23. El monto total observado al gasto federalizado es de 35 mil 768 millones de pesos, destacando el Ramo 23, concretamente el FORTAFIN, con siete mil 422 millones, tres mil 591 del FASSA y dos mil 149 del FONE. El Seguro Popular con mil 440.
Respecto al gasto no programable, esto es las participaciones, se realizaron 187 auditorías, de las cuales 33 fueron las mencionadas a su distribución, 32 a los estados y 121 a municipios. El monto observado fue de ocho mil 536 millones de pesos, siete mil 918 respecto al ejercicio de las participaciones. En total, con la suma de los programables y las no programables, son mil 147 auditorías.
A detalle se encuentra en la página de la Auditoría, que es una riqueza de información.
Hay por supuesto muchas más auditorías importantes, todas lo son, pero algunas serán más comentadas, como las referentes a Pemex, el NAIM, la CFE, la Reconstrucción, las de las estancias infantiles, el socavón, entre otras.
Lo mismo que las denuncias penales presentadas este año, las que están en revisión ya con la Fiscalía General, y las que se generen de esta cuenta pública.
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15 / Feb / 2019
Un dilema que hay que resolver es cómo mejorar los ingresos propios de las entidades federativas, en virtud de la evidente dependencia de las trasferencias federales, unas de libre disposición, que son las participaciones, ingresos propios derivados de la adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en 1980, y otras transferencias condicionadas.
Lo real es que casi 40 años después el riesgo de una crisis fiscal en los estados sigue latente, en virtud del bajo nivel recaudatorio de la mayoría de ellos, hay excepciones muy honrosas en seis o siete entidades, sin embargo, la mayoría depende de las transferencias. El mejor ejemplo es lo que pasó a fines del año anterior, cuando varias pidieron anticipos de recursos, en emergencia financiera. No era frecuente y puedo decir que yo no vi durante más de 12 años de participar de ambos lados en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, como estado y como funcionario federal, solicitudes de emergencia para pagar incluso gasto corriente.
Es notoria la concentración de potencial recaudatorio en el nivel central, mayor que el de la mayoría de los países que formamos parte de la OCDE, donde hay naciones federales y centrales o unitarias.
Se les han transferido algunas responsabilidades recaudatorias, como han sido los impuestos a la nómina, los de anuncios, los de hospedaje, derechos de bebidas alcohólicas y el impuesto a la tenencia.
Se crearon impuestos cedulares que no fueron aprovechados, excepto por dos o tres estados, al no ser acreditables, como lo pidió Nuevo León hace diez años, y lo más relevante, el impuesto a la tenencia, que ya cobraban como un acto de colaboración administrativa, pero que a partir de 2012 ya era potestad de los estados el crear un impuesto con características similares o reducir su gasto…
Inicialmente 26 legislaron. Sin embargo, muchos lo desaparecieron por razones político-electorales y luego sus gobernadores andaban pidiendo “apoyos financieros extraordinarios” por montos equivalentes a lo que dejaron de cobrar al eliminar este impuesto, que era fácil de cobrar y que como contribuyentes estábamos acostumbrados a pagar.
Algunos como Nuevo León o la CDMX, hicieron concesiones; sin embargo, hoy reciben importantes recursos por la recaudación del impuesto a la tenencia, pero un gran número está sin esos ingresos y la época de las transferencias “sin destino” ya se acabaron.
Tendrán que planear bien su gasto, aprovechar las fuentes impositivas de que disponen, homologar el impuesto a la tenencia respecto al que está más alto, incentivar el cobro del impuesto predial por parte de los municipios y desarrollar la imaginación para crear nuevos impuestos que no contravengan el pacto fiscal.
Por ello es plausible la resolución de la Suprema Corte, al reconocer el cobro de impuestos ecológicos a las empresas en el estado de Zacatecas, que podrán también cobrar los demás estados. Un buen logro.
Evidentemente trataron de impedirlo algunas empresas mineras y cerveceras, por el tema de la remediación ambiental, por extracción de materiales, por emisión de gases a la atmósfera, contaminación al suelo, subsuelo y agua, y al depósito o almacenamiento de residuos. Pero la Corte ya falló positivamente. Según Moody’s, significan casi el 10 por ciento de sus ingresos propios, estiman mil 300 millones de pesos que son importantes para una economía local. Según esto, los ingresos propios de Zacatecas, en 2017, significaron el 7.4 por ciento de sus ingresos totales, por debajo de la media nacional.
El incremento por estos ingresos puede significar más de la mitad de lo recaudado en 2018. Otro dato importante a considerar son los 11 mil millones de pesos de participaciones estimadas para este año en ese estado.
Deben aprovechar sus facultades y no depender sólo del esfuerzo recaudatorio del SAT.
David Colmenares Páramo
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08 / Feb / 2019
Al revisar las cifras de cierre del Presupuesto enero-diciembre de 2018, encontramos que se mantiene una tendencia ligera, pero constante, de crecimiento en los últimos cuatro años, tanto en las participaciones, que son recursos de libre disposición derivados del pacto fiscal que dio origen a la Ley de Coordinación Fiscal desde 1980, como en las aportaciones, que son transferencias condicionadas, al igual que las primeras, a fórmulas.
La distribución de las participaciones a los municipios corresponde a las secretarías de Finanzas estatales, de acuerdo con fórmulas determinadas por los congresos locales, cada una es diferente y su análisis lo ha realizado ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Algunas son buenas, otras no.
Es común escuchar, generalmente con un profundo desconocimiento, o para aprovechar la ingenuidad de los interlocutores, que las autoridades federales, e incluso las estatales, no les pagan a tiempo las participaciones, lo cual no siempre es verdad. En todos los años que recuerdo, Hacienda ha cumplido en tiempo y forma con el pago de las mismas, y las entidades federativas tienen un espacio para revisar las cifras de recaudación de los impuestos y derechos, que forman la recaudación participable, así como sus cálculos, que es el Comité de Vigilancia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
Es cierto, en algunos estados no se las pagan a tiempo, como marca la ley, o nunca. Por ejemplo, quitándoles los ajustes cuatrimestrales o el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas –cuando se ha usado este mecanismo. En suma, aprovechándose del gran desconocimiento del Sistema de Coordinación se quedan con una parte de las participaciones que debieron pagar, esto ha sido particularmente relevante en estados del sur-sureste. Lo peor, ha sido sin consecuencias.
He tenido experiencias de todo tipo al respecto; por ejemplo, en municipios de la zona trique, en Oaxaca, piensan que las participaciones “son un regalo del señor gobernador”, o aquel presidente municipal que le quitaron en un lapso mil millones de pesos, pero lo convocan y le dan la décima parte y sale declarando loas sobre su “gobernador federalista”.
En 2018, las participaciones crecieron 3.9 por ciento respecto a lo programado, recursos cuyo destino se define en los congresos locales y que ya pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Las transferencias condicionadas a salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, infraestructura social y asistencia social, disminuyeron en menos de uno por ciento respecto de lo programado, que siempre ha auditado la Auditoría Superior.
El tema está en el destino del gasto de libre disposición, al que se suman los ingresos derivados de su propia recaudación, generalmente mínimos en la mayoría, aunque correctos en algunos estados y sobre todo en la Ciudad de México, que recauda más del 50 por ciento, los otros apenas un tres por ciento en promedio, en qué se gastan las participaciones, cómo la gastan y la corrupción.
Por otro lado, el Fondo de Estabilización (el FEIEF) está libre con cerca de 80 mil millones de pesos, cuando en 2009 la reducción de lo programado fue de 40 mil millones y el Fondo tenía 24 mil. Hoy no tienen problema, en casos de crisis fiscal.
El problema está en la dependencia del gasto de inversión, en rubros sustantivos como la obra pública, las compras y el gasto social, así como la participación social de a de veras.
La otra parte es revirtiendo el centralismo de las finanzas y las obras públicas, lo cual implica regresar facultades impositivas a los estados, fortalecer sus administraciones tributarias y federalizando la fiscalización a partir del trabajo de la Auditoría Superior.
Es necesario replantear, cómo se hizo en 2004, la coordinación hacendaria, dando un papel proactivo al Poder Legislativo.
David Colmenares Páramo
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