15 / Mar / 2019
Esta semana, al participar en el Foro Internacional Mejores Prácticas de Materia de Fiscalización, evento coordinado por la diputada Aleida Alavez, miembro de la Comisión de Vigilancia, con intervenciones del presidente de la Comisión, Mario Alberto Rodríguez, hice comentarios sobre el interés que muchos hemos advertido desde hace algunos años, sobre cómo fortalecer la autonomía e independencia, así como la operación de las auditorías superiores de fiscalización de los estados, que son y pueden ser más eficientes en el combate a la corrupción, a través de la vigilancia del gasto público, los ingresos y la deuda de estados y municipios, sobre todo con una estrecha coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
Las autoridades superiores de los congresos locales y la Auditoría Superior de la Federación constituyeron, desde 1983, la ASOFIS, que es el la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y control Gubernamental. Con las reformas de 2015 se da base legal a su existencia y así ambas forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización, con la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de las entidades federativas.
La ASF participa así en los tres sistemas, pero para fortalecer su participación necesitamos mejorar la percepción de los entes fiscalizadores locales ante los ciudadanos, esto es entidades de fiscalización locales fuertes, con autonomía de gestión, con independencia de las autoridades estatales, lo que incluye la autonomía presupuestal, que es fundamental para ello.
Su tiempo de permanencia es de periodos no menores de siete años de acuerdo con el artículo 116, fracción segunda, de nuestra Constitución Política. En seis estados el tiempo es de ocho años, pero en otros renuncian o los presionan para que se vayan antes de tiempo, cuando cambian los gobiernos estatales y hay métodos de todos los colores. Hay casos diferentes, los menos, donde los auditores superiores se han mantenido por un tiempo, aun con cambios de gobierno.
Por ello la preocupación respecto al cumplimiento de la permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, porque a veces parece que algunos gobernadores nuevos quieren un auditor a modo, por supuesto que hay excepciones, cuando lo sano es que sea profesional e independiente.
En las visitas que realizamos a las mismas en los estados, hemos encontrado gran entusiasmo entre los trabajadores de las auditorías locales, experiencias exitosas, que se socializan en las reuniones regionales de ASOFIS, como el encuentro regional que hoy se da en Tabasco con la participación de la auditoría de gasto federalizado, en un proceso de capacitación a cuatro estados. Iniciaremos pronto una evaluación de los sistemas de fiscalización estatales, como hicimos con el diagnóstico integral de las finanzas estatales, hace algunos años.
Sobre el tiempo de permanencia de los tres últimos auditores en cada estado, sólo en algunos el tercer auditor terminó su ciclo de 84 meses. Y aún persiste esa inestabilidad, con excepciones como las comentadas, donde incluso algunos han sido reelectos.
La fragilidad de la estabilidad laboral de algunos de ellos ha sido notable, sobre todo en los cambios de administración estatal o cuando quieren ser rigurosos con su trabajo, y sí, se han dado muchas formas para obligar a renunciar a estos auditores.
Por ello, en las conclusiones del foro de la Comisión de Vigilancia se señala la importancia “de mejorar y diseñar un nuevo status para la fiscalización en las entidades federativas, para evitar que sean objeto de presiones indebidas, tanto de naturaleza política como financiera –añadiría presupuestal– y administrativa que puedan limitar la labor fiscalizadora”. De ahí la importancia de explorar la federalización de las auditorías superiores estatales.
David Colmenares Páramo
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08 / Mar / 2019
Hoy es común escuchar sobre la debilidad estructural de las finanzas estatales y municipales, dada la dependencia, hasta de un promedio de 90 por ciento, de sus ingresos de libre disponibilidad que se derivan de las participaciones, vinculadas a la dinámica de la recaudación de los ingresos federales coordinados que realiza el gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria. Dependencia derivada de la adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dejando de cobrar impuestos que podrían hacerlo, pero para evitar la doble tributación a un mismo contribuyente dejaron en suspenso impuestos importantes, que no aparecen en sus leyes de ingresos, recibiendo a cambio un porcentaje de la recaudación federal participable, que son las participaciones, ingresos de libre disponibilidad pero que ya son auditables por la Auditoría Superior de la Federación.
Otro factor de la dependencia se debe a que los impuestos que tienen son de bajo potencial recaudatorio, y aun así no los cobran, aunque en algunos estados sí. Un ejemplo lamentable fue la desaparición del Impuesto a la Tenencia en algunas entidades federativas, que en su momento no aprovecharon los impuestos cedulares.
Otro elemento clave de esa dependencia es el ejercicio inadecuado del gasto público, como muestran las observaciones que la ASF realiza cada año al gasto federalizado, destino de más del 70 por ciento de las auditorías de la Institución, aunque sólo represente un poco menos del 40 por ciento del gasto. Las observaciones en la cuenta pública de 2017 son de 35 mil millones de pesos, destacando siete mil 400 millones del Ramo 23. Estas observaciones están sujetas a un periodo de aclaración y solventación, como ha sido siempre.
Sin omitir que es un promedio, alrededor del 90 por ciento de los ingresos estatales provienen de las participaciones, ya que la recaudación de ingresos propios es muy reducida; por un lado, porque tienen bajo potencial recaudatorio, apenas destacan impuestos como nóminas, anuncios, hospedaje y algunos derechos. Por supuesto tenencia, pero lo han desaprovechado o eliminado, como Morelos con el de autos de más de 10 años, o llenando de gastos fiscales sus impuestos.
Una oportunidad que tienen los estados es que con la facultad de la ASF para auditar participaciones hay un incentivo para recaudar, ya que podemos auditar casi el 95 por ciento del gasto de los estados que recaudan menos, y en el caso de la CDMX apenas la mitad del mismo. También es un incentivo al final positivo, para que gasten de acuerdo con la normatividad federal y local vigentes.
Los congresos locales y las autoridades estatales deben impulsar que el esfuerzo recaudatorio sea eficiente y responsable, y el gasto sea productivo y transparente, con lo que sus finanzas podrán fortalecerse. Además de la colaboración administrativa en materia fiscal, como la ZOFEMAT y las auditorías fiscales.
Hay un buen panorama de las finanzas estatales; por un lado, tienen el Fondo de Estabilización de los Ingresos Estatales (FEIEF), con cerca de 80 mil millones de pesos, el cual en caso de crisis, incluso de caída consecutiva de sus participaciones por tres meses seguidos, se activaría.
Este año, por ejemplo, las participaciones van bien: a febrero están 10 por ciento arriba de lo recibido en 2018. Destaca el incremento para Hidalgo, BCS y Oaxaca, con más del 20 por ciento real, aunque Chiapas, CDMX y Aguascalientes apenas por debajo del 4.4 por ciento.
La recaudación federal participable superó en 92 por ciento a lo observado en 2018, en términos reales; el ISR creció 3.9 por ciento; el IVA se redujo 7.1 por ciento, su mezcla menos 0.6; el IEPS aumentó 39 por ciento respecto al año pasado, y el componente petrolero poco más del 21 por ciento, sin llegar a los niveles del pasado.
David Colmenares Páramo
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01 / Mar / 2019
A David Horacio,
por sus primeros 40.
Esta semana se instaló la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, comisión integrada por diputados y senadores expertos en el tema, con experiencia curricular como gobernadores, alcaldes o secretarios de Finanzas.
Esta ley tiene un poco más de dos años de operar con los criterios generales de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera para el manejo sostenible de las finanzas públicas locales, el uso responsable del endeudamiento, y las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el cumplimiento de la misma.
La deuda de los estados ha crecido de manera notable desde 2006, cuando era de 160 mil millones de pesos; cuatro años después ya era de 315 mil; en 2014, de 519 mil, y en 2018 prácticamente llega a 600 mil (el dato a septiembre fue de 576 mil millones de pesos).
Las causas son varias: se atraviesa la crisis de 2009, la centralización de las facultades recaudatorias en el gobierno federal y el bajo grado de responsabilidad fiscal de estados y municipios. Incentivos para que los estados, en lugar de cobrar impuestos, buscasen la vía del endeudamiento.
Sigue existiendo una gran dependencia de las participaciones que, ante las debilidades fiscalizadoras de los congresos locales a pesar de contar con los instrumentos para hacerlo, desde 2016 la ASF ya puede fiscalizarlas.
Adicionales son para algunos estados las fuertes presiones presupuestarias después de los cambios en la fórmula de FAEB, de 2008 a 2015, déficits que causaron graves daños financieros a las finanzas estatales.
Por otra parte, están los reintegros en el gasto federalizado determinados por la ASF ante el uso incorrecto de los recursos, como era el pago de los maestros comisionados a las diversas secciones sindicales del SNTE. En suma, ejercicios de gasto público desordenados y opacos.
También los desfalcos en estados como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo incrementaron la necesidad de endeudamiento de los gobiernos estatales, cuyo servicio de la deuda se ha incrementado sustancialmente, rebasando con mucho los recursos disponibles para el desarrollo.
La mayor parte de los nuevos gobiernos entraron con fuertes presiones financieras que no fueron generadas por ellos, pero estarán sujetos a la ley.
De la fiscalización a la gestión de la deuda pública de los gobiernos estatales, se observa la dependencia presupuestaria de los gobiernos locales respecto de los recursos recibidos de la Federación y una limitada recaudación fiscal local.
En los resultados de la cuenta pública de 2017 se observó que se presentaron presiones y restricciones en las finanzas públicas por las obligaciones laborales, debido a la insuficiencia financiera para hacer frente a sus obligaciones en el mediano y largo plazos.
Lo anterior hace que esta comisión bicameral sea un buen instrumento para enfrentar la problemática de la deuda pública local y sus múltiples aristas con actores expertos en diversos temas.
CUARENTA AÑOS
Hace 40 años, el 26 de febrero de 1979, estaba por nacer mi hijo mayor David Horacio, que hoy da clases en la Universidad de Columbia, en Nueva York, mientras yo terminaba de escribir mi primera colaboración editorial para el periódico El Día, en cuyos talleres, por cierto, se harían después las primeras ediciones de El Financiero. Así acabo de cumplir 40 años de escribir cada semana por lo menos una colaboración editorial, en las últimas tres décadas en El Financiero. En ese tiempo, además de mi desempeño profesional, sin interrumpir mis colaboraciones, he sido presidente del Colegio Nacional de Economistas.
Mi agradecimiento al estímulo permanente de Enrique Quintana y de Lucy respecto a mis colaboraciones.
David Colmenares Páramo
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