24 / May / 2019
La evolución tecnológica ha impactado la vida de las sociedades modernas y hoy debe estar presente en la fiscalización superior.
Cuando existen procesos masivos, la tecnología permite fiscalizar con mayor precisión y oportunidad los desvíos en el ejercicio de los recursos públicos, facilita el acceso a grandes bases de datos y su uso prácticamente en tiempo real.
Esta semana, la ASF participó en un evento sobre la rendición de cuentas para el desarrollo, con el tema del uso de las innovaciones tecnológicas en la lucha contra la corrupción; y la Organización Internacional de Auditorías Superiores señaló que en su próxima reunión discutirá el uso de nuevas tecnologías de la información en el sector público.
De esta manera, para las EFS la realización de auditorías de “Big Data” se ha convertido en una necesidad en respuesta a la era digital. En diciembre de 2015, cuando el Comité de Intercambio de Conocimientos de la INTOSAI (KSC, por sus siglas en inglés) realizó una encuesta entre sus miembros sobre posibles temas de investigación, 21 países presentaron 60 proyectos y el tema “Big Data” recibió la mayor atención. En su primera reunión celebrada en Nanjing, en abril de 2017, 49 participantes de 18 EFS compartieron sus experiencias y conocimientos sobre las oportunidades y los desafíos en este sentido. Si bien las EFS se enfrentan a diferentes contextos internos y externos, así como a diversos niveles de implementación del “Big Data”, su uso está desempeñando un papel muy diverso, pero importante, en la mejora de la eficiencia y la eficacia de las auditorías y en el fortalecimiento del desempeño de las entidades de fiscalización.
Conscientes de lo anterior, en la ASF se han comenzado a desarrollar el uso de las nuevas tecnologías para lograr un mejor impacto en la fiscalización. El reto es mayúsculo, tomando en cuenta que, en México, se estima que las dependencias federales procesan miles de transacciones cada año, en promedio: 200 mil contratos de adquisiciones; 220 millones de facturas de proveedores para organismos gubernamentales; tres mil millones de facturas provenientes de proveedores subcontratados, y 400 millones de pagos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar las de los gobiernos locales y estatales, las universidades públicas y los organismos autónomos.
La ASF está integrando diversas fuentes de información relevantes a un repositorio común, llamado “Big Data de la ASF”, el cual le permitirá el análisis de grandes cantidades de datos durante la planeación y ejecución de las auditorías.
En este sentido, la ASF ha firmado acuerdos para el intercambio de información con la Secretaría de Hacienda para compartir sus bases de datos.
Con este cruce de datos, podemos detectar: proveedores con transacciones no existentes (identificadas y autorizadas por el SAT) y contratos existentes con un organismo gubernamental, proveedores que participan en las compras cuando han sido descalificados previamente por alguna irregularidad, proveedores que utilizan empresas fantasma para fines de facturación.
También se identifican redes para detectar si las empresas fantasma se relacionan únicamente con un gobierno estatal o con varios.
La ASF se ha planteado como uno de sus objetivos el convertirnos en una instancia más cercana a la ciudadanía. A partir de la transformación digital establecemos nuevos puentes y nuevos canales de comunicación con las personas.
Por otra parte, ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se celebró con un seminario –corrupción y lavado de dinero– el uso de inteligencia financiera por parte de la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se creó en 2004, el mismo año de la Convención Nacional Hacendaria, con el fin de combatir el lavado de dinero y la lucha contra la corrupción.
David Colmenares Páramo
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17 / May / 2019
Hace unos días se llevó a cabo el II Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas, convocado por las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda Pública, encabezadas por Alfonso Ramírez Cuellar y Patricia Arriaga, destacando la participación de Aleida Alavez y del presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Rodríguez. Presentes los diputados locales y federales oaxaqueños, además de otros miembros de las comisiones. Así como el gobernador de Oaxaca.
La Auditoría Superior participó en la inauguración con una presentación del auditor de Gasto Federalizado sobre los trabajos que estamos realizando en materia de inteligencia financiera, teniendo ya claridad sobre las redes de empresas fantasma sancionadas anteriormente y recién creadas que se observan en el gasto de estados, municipios, universidades y algunos otros sectores, a quienes se les ha presentado el esquema.
Un tema relevante es el que tiene que ver con el gasto en infraestructura, que representa una parte importante del gasto público, como va a ser el caso de las inversiones en el sureste, como el Corredor Transístmico, que dinamizará la economía regional del sur-sureste. Como decía Benedetti, el sur también existe. En los últimos años la inversión pública, excepto algunos proyectos conocidos –no en el sur– hoy en proceso de fiscalización, estuvo deprimida, el CEESP demostró que hemos estado en los niveles de los años cuarenta.
No se hicieron obras relevantes en el sureste. Por ejemplo, en tiempos del presidente Calderón, se concursó la construcción de una nueva refinería, muchos estados invirtieron recursos para comprar terrenos, acondicionarlos y hacer contrataciones de lobby, finalmente ganó Tula, pero nada pasó. Al final se dijo que era mejor comprar refinerías ya hechas, pero ninguna se construyó ni se compró. Menos se invirtió en exploración y extracción de petróleo.
La caída del precio del petróleo, en 2014, dinamizó el IEPS de gasolinas, lo que salvó las finanzas de los tres órdenes de gobierno.
Las auditorías a la obra pública en la ASF en los últimos cinco años han tenido un promedio de 140, más las de los recursos del Ramo 33, que van a inversión, como los del FAIS y una parte del FAM.
No olvidemos que desde hace tiempo las auditorías del gasto federalizado a estados y municipios han evolucionado del 60 por ciento, en 2012, al 73, en 2017, las cuales son el mayor porcentaje del programa anual de auditorías de la ASF.
Hoy la inversión pública se empieza a dinamizar, primera vez que recuerdo que se da prioridad en los hechos al sur-sureste del país, y se está atendiendo la reconstrucción de la industria petrolera.
Sin embargo, es preocupante que el país esté lleno de elefantes blancos, que sea un “cementerio de obras, hospitales, escuelas, caminos, puentes, reclusorios… que afuera tienen una fachada, una escenografía, pero adentro es obra negra”, señaló el Presidente de la República y apareció en la prensa nacional. Lamentablemente, en muchos casos, es cierto. Adicionalmente en varios estados se derrocharon recursos para hacer esas obras inconclusas, obras de perforación de pozos que al final no dotan de agua a nadie, o museos comunitarios, centros deportivos o puentes colgantes, con lo que se ha esquilmado a los pueblos.
Eso ha sido un caldo de cultivo para la corrupción.
Por eso lo que dijimos en Oaxaca, en el Foro de los diputados, respecto de dotar a la ASF de un área especializada en materia de obra pública en los tres órdenes de gobierno. Su importancia debe ser una garantía para cada una de sus acciones durante todo el ciclo de la política pública, hasta su puesta en marcha: todo se debe transparentar y fiscalizar.
David Colmenares Páramo
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10 / May / 2019
A doña Elenita, mi madre
Un tema sigue vivo: la búsqueda de la autonomía real de las auditorías estatales, así como de otros organismos vinculados a la fiscalización y a la transparencia presupuestal. La autonomía de gestión es insuficiente en lo local y así lo muestran lamentablemente antecedentes que han ocurrido, por ello habrá que avanzar en dar soluciones a los temas presupuestales, de gobierno abierto, y en el fortalecimiento institucional.
Se han dado capítulos bochornos, que ya no queremos que sucedan, pero que han pasado. Recordemos lo ocurrido hace algunos años en el Congreso de San Luís Potosí, e indirectamente en la Auditoría Superior del estado, en donde se difundió un video en el cual un diputado pretendía extorsionar a un presidente municipal para la solventación de sus observaciones pendientes en su cuenta pública. Ello provocó renuncias de los legisladores involucrados y la dimisión del auditor superior del estado, cuyo nombramiento terminaba hasta 2021. Lo que quedó fue una institución debilitada ante sus fines y los ciudadanos.
Otro suceso fue la detención del auditor superior de Chihuahua, cuyo periodo de gestión estaba próximo a terminar en 2017, quien renunció meses antes de que concluyera su periodo, debido a acusaciones de usar dinero de la auditoría para pagarse unas vacaciones, algo que pareció en principio ridículo tratándose de un funcionario que conoce los mecanismos de fiscalización. Antes del 13 de junio de 2017, en entrevista local había señalado el fracaso del combate a la corrupción en Chihuahua. Habló también de la impunidad de los diputados locales y calificó de nidos de corrupción al sector salud, educación y obra pública.
Lo anterior nos permite comentar una inquietud permanente, la de garantizar la independencia de los responsables de la fiscalización local. Si bien el tiempo de permanencia desde 2008 de los responsables de la fiscalización superior de las entidades federativas no puede ser constitucionalmente menor a siete años, la realidad es otra. Los auditores cuando cambian los gobiernos renuncian o los presionan para que se vayan antes de lo previsto legalmente.
Por ello desde la Auditoría Superior de la Federación se mantiene la preocupación respecto a la garantía de permanencia en el cargo de los auditores superiores estatales, ya que se percibe que cada gobierno nuevo quiere el auditor a modo. Por supuesto que hay excepciones.
Al respecto, en un informe de competitividad estatal publicado en 2010, se presentó un cuadro sobre la permanencia de los tres últimos auditores en cada estado. Con cifras de 2008, sólo tres auditores terminaron su ciclo de 84 meses. Está en proceso la actualización de dicha cifra; sin embargo, casi una década después, aún persisten amenazas a la estabilidad laboral de los auditores estatales en algunas entidades federativas.
Cuando ellos quieren trabajar bien y, son la mayoría, por supuesto, algunos se enfrentan con la carencia de garantías reales de independencia para su trabajo.
Hay muchas formas para forzar la renuncia si los resultados de las auditorías no gustan políticamente, tales como la restricción presupuestaria o el acoso político y mediático; eso ha sucedido sobre todo en los cambios de gobierno local.
Cabe comentar que ha habido algunos auditores que no sólo han sido aliados políticos, sino subordinados de los gobiernos estatales, llegando a hacer gestiones por ellos. Lo más grave es cuando alguno ha participado indebidamente en procesos electorales, pero siempre se les detecta. Ahí sí, nada que hacer.
Este panorama pone énfasis en la importancia reiterada de la federalización de los auditores estatales, lo que implicaría garantizar una independencia real y extender los alcances de la fiscalización superior, aportando mejores resultados a la lucha contra la corrupción.
David Colmenares Páramo
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