05 / Jul / 2019
Un tema no nuevo es la insuficiencia del municipio en México para tener recursos suficientes para ser protagonista de su propio desarrollo. Tenemos, según mis cuentas, aproximadamente dos mil 545 municipios, más de la mitad con niveles elevados de marginación, concentrados en su mayoría en los estados del sur-sureste, siendo su máxima expresión los 570 municipios de Oaxaca –la cuarta parte del total nacional–, que junto con los de Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero, significan casi la mitad. En Oaxaca, 417 son de usos y costumbres, cuyas autoridades son elegidas por las comunidades en procesos abiertos. Generalmente duran un año en su gestión, puesto que no reciben remuneración alguna, pero sí tienen prácticas de transparencia ciudadana, por ello incluso las normas de armonización contable no se aplican, no tienen acceso a Internet ni tienen oficinas. Aplica fundamentalmente la participación ciudadana, como los de municipios de mayor desarrollo y de mayores ingresos. Por ello es necesario conocer in situ la realidad municipal, no puede verse sólo en los libros, aunque hoy hay estupenda información estadística y análisis importantes, como los del INEGI y Coneval.
Viene a cuento al revisar las cifras de la deuda municipal, la cual, de acuerdo con el CEFP de la Cámara de Diputados, ha crecido en 10 años, de 2009 a la fecha, 26.6 por ciento, incluso con tendencia cíclica de reducción e incremento, quizás por la existencia de la Ley de Disciplina Financiera y porque la mayoría no tienen acceso a la misma. Hoy la misma asciende a 38 mil 822 millones de pesos, de los cuales alrededor de 40 por ciento provienen de la banca de desarrollo; esto es, la deuda municipal con la banca múltiple asciende a sólo a 20 mil millones de pesos, frente a los más de 500 mil millones de pesos de la deuda estatal.
En una investigación propia de hace algunos años, mostraba cómo en 25 municipios, apenas el uno por ciento de los mismos, estaba concentrada la mitad de la deuda local. Hoy, al primer trimestre de 2019, ya concentran el 60 por ciento, y subrayo el uno por ciento de los municipios.
Así que hablar del problema de la deuda como un fenómeno municipal es, digamos, una exageración, los habitantes de dos mil 520 municipios no tienen preocupación por lo que deba su autoridad; más bien, o preocupante, es que no tengan acceso a recursos que podrían ayudarlos, si están bien contratados, si es transparente su destino, a potenciar su desarrollo.
Su dependencia de las autoridades estatales es muy fuerte.
Además, un 88 por ciento de la misma se concentra en los municipios de diez estados, destacando los siete mil millones de los municipios de Jalisco, por arriba de cuatro mil millones de los de Nuevo León, Baja California y Sonora. Sólo seis municipios del sur: Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, en Quintana Roo; más Acapulco, Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, forman parte de ese “club” de los 25 con más acceso al crédito en el país. Nueve municipios deben más de mil millones, suman 37 por ciento, siendo los más endeudados Tijuana, Guadalajara y Monterrey.
Si lo han usado correctamente, con transparencia y oportuna rendición de cuentas, tenemos que analizarlo, pero es claro que no es tema nacional.
Por los ingresos es claro que la recaudación del predial también se recauda fundamentalmente en 100 municipios, dejando de lado a la CDMX, que tiene un régimen unitario y lo recauda el gobierno de la ciudad, pero significa alrededor del 25 por ciento de sus ingresos totales.
Esto nos muestra una vez más cómo ha estado concentrado el desarrollo y la inversión pública, por ello es afortunado que hoy sí el presupuesto se está orientando al sur, particularmente a Oaxaca, con inversiones que impulsarán el gran potencial de desarrollo de este estado mágico, siempre presente en el discurso, pero no en la inversión en infraestructura.
David Colmenares Páramo
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28 / Jun / 2019
Hoy se presenta en la Cámara de Diputados el primer informe parcial de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2018, por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de su mandato constitucional. Como institución a la cual la nación le deposita la tarea de verificar la gestión gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos.
Sin matices, estamos en un momento marcado por un hecho evidente: el clamor popular por una verdadera renovación de la vida pública –basada en la ética, la integridad, la transparencia y los resultados positivos– con la exigencia de abatir la corrupción, la falta de rendición de cuentas y la impunidad, que están en el fondo de los grandes problemas de México. Al lado de la pobreza y la desigualdad.
Fenómenos asociados a la opacidad, ineficiencias en la gestión pública, el descuido de los recursos y una percepción de falta de resultados, que han deteriorado la confianza social y amenazado los fundamentos mismos de nuestro régimen democrático.
Hoy la ASF dispone de las atribuciones conferidas por la reforma del 2016 a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que dotó de nuevas facultades para auditar las participaciones federales, el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera, así como para llevar a cabo la investigación y comprobación de faltas administrativas graves y hechos de corrupción.
Lo que da como resultado que el gasto público de los estados y municipios de la mayor parte del país prácticamente pueda auditarse en su totalidad, ya que en muchos de ellos su recaudación propia es raquítica o inexistente.
No menos importante es el evidenciar las áreas de oportunidad en la gestión del sector público, respecto a la mejora continua. Para los retos del México actual, tan importante es desterrar las prácticas de corrupción y espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, como hacer que esta, junto con el manejo de los recursos públicos, sea más eficaz y eficiente; productiva, en relación con el interés colectivo y los objetivos de cada dependencia o institución, de cada política o programa.
Desde hace algunos años, la Auditoría Superior de la Federación alcanzó el umbral de auditorías que puede realizar sin menoscabo de la calidad y efectividad de las mismas.
Es importante destacar que no existe un modelo comparativo en los informes parciales, que no sea cuando se trata de los mismos fondos o ramos, ya que el número de auditorías no refleja la complejidad de las mismas.
Los informes parciales permiten que la ASF dé transparencia al seguimiento de las auditorías, y permite a los entes auditados empezar su proceso de solventación, que debe ser rápido, sobre todo cuando termina o está por concluir una administración estatal. Las observaciones no son definitivas, esto es, están sujetas a un proceso de aclaración y de posible solventación.
Existe ya la posibilidad de avanzar contundentemente contra el fenómeno de las empresas fantasma y para remediar las afectaciones que provocan con las facturas apócrifas. A través de la implementación de algoritmos basados en tecnologías de inteligencia artificial, se pueden detectar oportunamente estas “empresas”, que sólo se crean para simular una acción de desvió de recursos públicos.
En los últimos años, las innovaciones en tecnología y la mayor facilidad para realizar múltiples operaciones digitales permitieron que los datos pasaran de ser escasos a masivos. Así, la existencia de tecnologías como la Inteligencia Artificial, entre otros, son potenciales facilitadores para que los auditores puedan analizar, identificar y focalizar probables actos y conductas irregulares, o intrincados patrones, cuya detección sin estas herramientas es cada vez más compleja dada la gran diversidad y el enorme volumen de datos y documentos.
David Colmenares Páramo
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21 / Jun / 2019
En este espacio he comentado la importancia de la coordinación intergubernamental en diferentes materias, destacando varios sistemas de coordinación interinstitucional entre las dependencias del gobierno federal y las estatales, incluso en algunas entidades federativas, con los municipios. Los sistemas de coordinación fiscal entre autoridades federales y estatales han sido exitosos. Otro ejemplo de éxito es la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que junto con la Secretaría de la Función Pública, la ASF y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización. Además están los casos de éxito entre la autoridad educativa, la de desarrollo económico, en el Poder Judicial e incluso entre los congresos locales.
Otra vertiente es la celebración de convenios específicos, entre instituciones públicas y entre poderes, lo cual viene a cuento por los convenios que hemos actualizado y establecido en la Auditoría Superior de la Federación con diversas instituciones nacionales del Poder Ejecutivo, del Judicial, organismos autónomos y el sector académico nacional e internacional.
Esta semana ha sido relevante, pues se firmaron cinco convenios más: con el Servicio de Administración Tributaria, la UNAM y uno específico con la Facultad de Ciencias, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso con la autoridad fiscalizadora de Ecuador, con quien trabajamos en el marco de la OLACEF en temas centrales para la lucha contra la corrupción, aprendiendo de las mejores prácticas en temas como el ambiental y la lucha contra la corrupción transnacional.
Ya teníamos un acuerdo marco con la Secretaría de Hacienda, que incluye a todas sus dependencias, incluso la UIF y el SAT, organismos centrales en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Con el Servicio de Administración Tributaria se convino establecer las acciones necesarias y los mecanismos de colaboración para la implementación y uso de los certificados de la e.firma emitidos por el Servicio de Administración Tributaria en los actos jurídicos y administrativos electrónicos que la ASF determine en al ámbito de su competencia. Esto incluye la colaboración y asesoría técnica necesarias por parte del SAT. Por supuesto, la ASF asume responsabilidades, como la promoción y la difusión de las ventajas de este instrumento. Así, en el corto plazo, con la ayuda además del Big Data, podremos hacer realidad las auditorías electrónicas.
En el caso de la UNAM, podremos consolidar, con su apoyo, un sistema de capacitación permanente y de certificación en competencias de fiscalización superior a nivel de maestría para el abanico de profesionistas que trabajan en la ASF y en las auditorías de los estados, encabezados los esfuerzos por la propia UNAM y otros centros de educación superior, con quienes ya tenemos convenios específicos. Estuvieron en el evento acompañando al Rector de la UNAM, el Dr. Graue, la directora de la Facultad de Ciencias y el de la Facultad de Contaduría y Administración. El convenio pretende promover la cultura de la fiscalización y rendición de cuentas, destacando el combate a la corrupción, la transparencia y acceso a la información pública. A través de estudios, encuestas, organización y dictamen de certámenes, así como el acceso para el servicio social a estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de las diferentes carreras que imparte la UNAM. Al respecto ya se tienen convenios con el prestigiado Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho.
En el caso del Tribunal Electoral, la colaboración abarca capacitación, homologación, intercambio de conocimientos y experiencias, evaluación del desempeño. Por su parte, el firmado con Ecuador, promueve la cooperación técnica entre ambas instituciones para fortalecer el desarrollo de actividades de control externo.
David Colmenares Páramo
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