Disciplina financiera: Comisión Bicameral

01 / Mar / 2019

A David Horacio,Foto ASF-David Col

por sus primeros 40.

Esta semana se instaló la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, comisión integrada por diputados y senadores expertos en el tema, con experiencia curricular como gobernadores, alcaldes o secretarios de Finanzas.

Esta ley tiene un poco más de dos años de operar con los criterios generales de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera para el manejo sostenible de las finanzas públicas locales, el uso responsable del endeudamiento, y las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el cumplimiento de la misma.

La deuda de los estados ha crecido de manera notable desde 2006, cuando era de 160 mil millones de pesos; cuatro años después ya era de 315 mil; en 2014, de 519 mil, y en 2018 prácticamente llega a 600 mil (el dato a septiembre fue de 576 mil millones de pesos).

Las causas son varias: se atraviesa la crisis de 2009, la centralización de las facultades recaudatorias en el gobierno federal y el bajo grado de responsabilidad fiscal de estados y municipios. Incentivos para que los estados, en lugar de cobrar impuestos, buscasen la vía del endeudamiento.

Sigue existiendo una gran dependencia de las participaciones que, ante las debilidades fiscalizadoras de los congresos locales a pesar de contar con los instrumentos para hacerlo, desde 2016 la ASF ya puede fiscalizarlas.

Adicionales son para algunos estados las fuertes presiones presupuestarias después de los cambios en la fórmula de FAEB, de 2008 a 2015, déficits que causaron graves daños financieros a las finanzas estatales.

Por otra parte, están los reintegros en el gasto federalizado determinados por la ASF ante el uso incorrecto de los recursos, como era el pago de los maestros comisionados a las diversas secciones sindicales del SNTE. En suma, ejercicios de gasto público desordenados y opacos.

También los desfalcos en estados como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo incrementaron la necesidad de endeudamiento de los gobiernos estatales, cuyo servicio de la deuda se ha incrementado sustancialmente, rebasando con mucho los recursos disponibles para el desarrollo.

La mayor parte de los nuevos gobiernos entraron con fuertes presiones financieras que no fueron generadas por ellos, pero estarán sujetos a la ley.

De la fiscalización a la gestión de la deuda pública de los gobiernos estatales, se observa la dependencia presupuestaria de los gobiernos locales respecto de los recursos recibidos de la Federación y una limitada recaudación fiscal local.

En los resultados de la cuenta pública de 2017 se observó que se presentaron presiones y restricciones en las finanzas públicas por las obligaciones laborales, debido a la insuficiencia financiera para hacer frente a sus obligaciones en el mediano y largo plazos.

Lo anterior hace que esta comisión bicameral sea un buen instrumento para enfrentar la problemática de la deuda pública local y sus múltiples aristas con actores expertos en diversos temas.

CUARENTA AÑOS

Hace 40 años, el 26 de febrero de 1979, estaba por nacer mi hijo mayor David Horacio, que hoy da clases en la Universidad de Columbia, en Nueva York, mientras yo terminaba de escribir mi primera colaboración editorial para el periódico El Día, en cuyos talleres, por cierto, se harían después las primeras ediciones de El Financiero. Así acabo de cumplir 40 años de escribir cada semana por lo menos una colaboración editorial, en las últimas tres décadas en El Financiero. En ese tiempo, además de mi desempeño profesional, sin interrumpir mis colaboraciones, he sido presidente del Colegio Nacional de Economistas.

Mi agradecimiento al estímulo permanente de Enrique Quintana y de Lucy respecto a mis colaboraciones.

David Colmenares Páramo



Gasto federalizado en el informe de la ASF

25 / Feb / 2019

Foto ASF-David ColEsta semana se presentó el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del que dieron cuenta ayer El Financiero y otros medios de comunicación. Como era previsible genera interés en la opinión pública, que espera resultados. Se presentó ante la Comisión de Vigilancia, con la presencia de los integrantes de la misma, así como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del de la Comisión de Presupuesto.

Las representaciones de los diferentes partidos en la Comisión manifestaron su posición, así como las demandas que hacen a la ASF. Con este informe se cerró el ciclo de informes parciales, siendo el tercero presentado con el Informe Anual.

Generó por supuesto interés en los medios de comunicación. El Informe Ejecutivo se encuentra en la página web de la Auditoría, así como las mil 675 auditorías de las que se da cuenta, adicionalmente una versión ciudadana que en dos o tres cuartillas resume el contenido de cada una.

Una anotación importante, tenemos dos tipos básicos de auditoría, la de cumplimiento financiero y las de desempeño, esta última se realiza desde el año 2000. Para 2017 se programaron 150, las cuales se orientan a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto social y económico, y verificar si hubo beneficios para los ciudadanos

La revisión del gasto federalizado ha representado históricamente más del 70 por ciento de las auditorías, con un incremento a partir de las reformas de 2015, que dieron a la ASF facultades para revisar el uso y destino de las participaciones, de las cuales en un principio se revisaron las fórmulas de distribución de las mismas a los municipios por parte de los estados, encontrándose casos en que no se les pagan completas ni a tiempo ni en la forma como señala la Ley de Coordinación Fiscal. Hoy traemos resultados de estados que no lo hicieron y ya hay observaciones para los mismos.

Las auditorías del gasto federalizado programable fueron 960, destacando las del Ramo 33 y el 25, que fueron 506, 102 al seguro popular y algunas no financieras, como participación social, contraloría social y el sistema de evaluación del desempeño del gasto federalizado.

Dentro de este rubro destacan las transferencias condicionadas con un destino específico, entre los que están los recursos de educación, salud, seguridad, entre otros, así como el FORTAFIN del Ramo 23. El monto total observado al gasto federalizado es de 35 mil 768 millones de pesos, destacando el Ramo 23, concretamente el FORTAFIN, con siete mil 422 millones, tres mil 591 del FASSA y dos mil 149 del FONE. El Seguro Popular con mil 440.

Respecto al gasto no programable, esto es las participaciones, se realizaron 187 auditorías, de las cuales 33 fueron las mencionadas a su distribución, 32 a los estados y 121 a municipios. El monto observado fue de ocho mil 536 millones de pesos, siete mil 918 respecto al ejercicio de las participaciones. En total, con la suma de los programables y las no programables, son mil 147 auditorías.

A detalle se encuentra en la página de la Auditoría, que es una riqueza de información.

Hay por supuesto muchas más auditorías importantes, todas lo son, pero algunas serán más comentadas, como las referentes a Pemex, el NAIM, la CFE, la Reconstrucción, las de las estancias infantiles, el socavón, entre otras.

Lo mismo que las denuncias penales presentadas este año, las que están en revisión ya con la Fiscalía General, y las que se generen de esta cuenta pública.



Impuesto ecológico en los estados

15 / Feb / 2019

Foto ASF-David ColUn dilema que hay que resolver es cómo mejorar los ingresos propios de las entidades federativas, en virtud de la evidente dependencia de las trasferencias federales, unas de libre disposición, que son las participaciones, ingresos propios derivados de la adhesión de los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en 1980, y otras transferencias condicionadas.

Lo real es que casi 40 años después el riesgo de una crisis fiscal en los estados sigue latente, en virtud del bajo nivel recaudatorio de la mayoría de ellos, hay excepciones muy honrosas en seis o siete entidades, sin embargo, la mayoría depende de las transferencias. El mejor ejemplo es lo que pasó a fines del año anterior, cuando varias pidieron anticipos de recursos, en emergencia financiera. No era frecuente y puedo decir que yo no vi durante más de 12 años de participar de ambos lados en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, como estado y como funcionario federal, solicitudes de emergencia para pagar incluso gasto corriente.

Es notoria la concentración de potencial recaudatorio en el nivel central, mayor que el de la mayoría de los países que formamos parte de la OCDE, donde hay naciones federales y centrales o unitarias.

Se les han transferido algunas responsabilidades recaudatorias, como han sido los impuestos a la nómina, los de anuncios, los de hospedaje, derechos de bebidas alcohólicas y el impuesto a la tenencia.

Se crearon impuestos cedulares que no fueron aprovechados, excepto por dos o tres estados, al no ser acreditables, como lo pidió Nuevo León hace diez años, y lo más relevante, el impuesto a la tenencia, que ya cobraban como un acto de colaboración administrativa, pero que a partir de 2012 ya era potestad de los estados el crear un impuesto con características similares o reducir su gasto…

Inicialmente 26 legislaron. Sin embargo, muchos lo desaparecieron por razones político-electorales y luego sus gobernadores andaban pidiendo “apoyos financieros extraordinarios” por montos equivalentes a lo que dejaron de cobrar al eliminar este impuesto, que era fácil de cobrar y que como contribuyentes estábamos acostumbrados a pagar.

Algunos como Nuevo León o la CDMX, hicieron concesiones; sin embargo, hoy reciben importantes recursos por la recaudación del impuesto a la tenencia, pero un gran número está sin esos ingresos y la época de las transferencias “sin destino” ya se acabaron.

Tendrán que planear bien su gasto, aprovechar las fuentes impositivas de que disponen, homologar el impuesto a la tenencia respecto al que está más alto, incentivar el cobro del impuesto predial por parte de los municipios y desarrollar la imaginación para crear nuevos impuestos que no contravengan el pacto fiscal.

Por ello es plausible la resolución de la Suprema Corte, al reconocer el cobro de impuestos ecológicos a las empresas en el estado de Zacatecas, que podrán también cobrar los demás estados. Un buen logro.

Evidentemente trataron de impedirlo algunas empresas mineras y cerveceras, por el tema de la remediación ambiental, por extracción de materiales, por emisión de gases a la atmósfera, contaminación al suelo, subsuelo y agua, y al depósito o almacenamiento de residuos. Pero la Corte ya falló positivamente. Según Moody’s, significan casi el 10 por ciento de sus ingresos propios, estiman mil 300 millones de pesos que son importantes para una economía local. Según esto, los ingresos propios de Zacatecas, en 2017, significaron el 7.4 por ciento de sus ingresos totales, por debajo de la media nacional.

El incremento por estos ingresos puede significar más de la mitad de lo recaudado en 2018. Otro dato importante a considerar son los 11 mil millones de pesos de participaciones estimadas para este año en ese estado.

Deben aprovechar sus facultades y no depender sólo del esfuerzo recaudatorio del SAT.

David Colmenares Páramo