16 / Ago / 2019
Desde el inicio de mi gestión al frente de la ASF puse especial atención al enfoque preventivo, enfatizando más en la calidad de la fiscalización que en la cantidad de auditorías a practicar. Recuperar recursos y sancionar con rigor y oportunidad a quienes se tenga que castigar por incumplir la normatividad son consecuencia de la detección de irregularidades, que como facultad le corresponde a la ASF en el combate a la corrupción; ya que esta, así como la impunidad, son nuestros principales obstáculos, pues la falta de castigo para quienes han violado la ley genera un incentivo perverso para seguirla violando, afectando a las instituciones al seguir lucrando con los recursos públicos, que son de los ciudadanos.
La ASF es garante de la hacienda pública, de ahí nuestra intervención en los recientes sucesos, salvaguardando a la misma. De ahí la importancia de nuestra participación como coadyuvantes de la Fiscalía General, con la que hemos logrado una coordinación sin precedente.
En ese sentido, la creación de la Guardia Nacional, a través de un intenso trabajo legislativo, implica un proceso de transferencia de recursos de la Policía Federal, que desaparecerá para transformarse en Guardia Nacional. De ahí que con la nueva visión de la ASF, de ser una institución más orientada la prevención pero haciendo mejores auditorías, recuperando recursos desviados y en los casos que lo ameriten llegar a la denuncia de hechos.
Por ello se acaba de instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para dar seguimiento al proceso de transición y evitar cualquier desviación normativa o práctica indebida en el manejo de los recursos públicos. Esta tiene un enfoque preventivo, por lo que la ASF seguirá el proceso de transferencia en materia de recursos por parte de la Policía Federal, la Sedena y la Secretaría de Marina a la Guardia Nacional, lo cual formará parte de nuestro primer informe de resultados de la cuenta pública 2019.
La Guardia Nacional no será otra Policía Federal, sino una Policía Nacional que tendrá atribuciones en todo el territorio del país y en todas las materias de seguridad, fortalecidas con los convenios que establecerán con los gobiernos estatales y municipales, lo cual permitirá reforzar a aquellos estados y municipios en condiciones más desfavorables.
Para ello es clave el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública en todos sus ámbitos. El proceso de transferencia debe garantizar que los ajustes no reduzcan el desempeño de las funciones que actualmente se realizan en la materia. Por otra parte, en la revisión en proceso a la cuenta pública 2018, se incluyó la fiscalización en los aspectos técnicos del sistema de explotación de la información de inteligencia.
Este tipo de tareas preventivas de apoyo al desarrollo de mejores políticas públicas e incluso de política económica, es una tarea reforzada de la Auditoría Superior, en los ámbitos federal y estatal. Esto se realiza ya en otras materias, como en temas de la desaparición del Seguro Popular y su transferencia al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, un tema que hoy preocupa a los estados y que está en vías de resolverse previniendo futuras violaciones a la ley o la pérdida de recursos de salud para los más pobres de los pobres.
Es una fortaleza de las auditorías de desempeño, que mide el impacto social de las políticas públicas, así como del trabajo de nuestro centro de investigación.
Por otra parte, se está trabajando en propuestas de carácter legal que fortalezcan el desempeño institucional y el carácter nacional de la fiscalización a través de un proceso de federalización de los entes estatales, ajenos a las cuestiones políticas que limitan sus alcances.
David Colmenares Páramo
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09 / Ago / 2019
Hay temas que forzosamente se deben de revisar, más en un contexto de necesidad de recursos. Los gastos fiscales son una práctica generalizada en el mundo, pero con una concepción diferente en cada país, con el fin de apoyar el desarrollo económico o mejorar el bienestar de las clases de menores ingresos. En nuestro país se trata de privilegios fiscales, que modifican la aplicación de la estructura impositiva, destacando los más importantes, como el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y algunos impuestos especiales, que se alejan del diseño original de los impuestos. De la que más se ha hablado ha sido la tasa cero en el IVA de alimentos y medicinas, así como la de los subsidios a la gasolina, incluso existe lo que se ha llamado IEPS negativo, que afectó fuertemente los ingresos fiscales no condicionados de estados y municipios. Pero hay otros que se deben revisar y reducir el sacrificio fiscal que su aplicación implica.
Hay dos vías para gastar: el gasto presupuestario directo y los sacrificios fiscales, cuya revisión es urgente para liberar recursos con fines productivos o de gasto social.
Ya desde la época del desarrollo estabilizador se cuestionó fuertemente la política de sacrificios fiscales, a través de subsidios de programas de incentivos fiscales, que implicó un fuerte sacrificio fiscal, y polarizó la concentración del ingreso en ciertos sectores.
Hoy desde el Congreso y en la propia Auditoría Superior se revisa el comportamiento de los gastos fiscales, a través de varias auditorías incluyendo las de desempeño, con el fin de encontrar áreas de oportunidad de ingresos para los siguientes ejercicios fiscales. Es importante revisar quiénes efectivamente se benefician del sacrificio fiscal.
Por otro lado, estoy convencido que debemos cambiar el pacto fiscal vigente desde hace 38 años, el cual está agotado, cumplió las expectativas para evitar la doble tributación y hacer más eficiente la recaudación nacional, pero al ceder los estados sus facultades impositivas más importantes, muchos de ellos cayeron en un estado de pereza fiscal. Un ejemplo negativo es lo que pasó con el impuesto a la tenencia, que lo recaudaban como un acto de colaboración administrativa antes de 2012, lo cual les generaba un mes adicional de participaciones de libre disposición, pero cuando se les cede, algunos lo derogaron, otros lo legislaron pero no lo han aplicado, lo cual les redujo sus ingresos. Ello ha generado una jungla fiscal, para evitar el registro en otros estados.
Un número importante de los estados no aprovecha las potestades que tienen, por ello se ha centralizado la recaudación de los conceptos más importantes.
Ello inhibe el regreso de otras facultades tributarias a los estados que sí quieren cobrar.
Igual ha sucedido con las aportaciones, que son recursos federales condicionados, cuyo calendario de pagos se publica cada año en el Diario Oficial de la Federación.
En 2019 las participaciones llevan resultados positivos respecto a 2018; sin embargo, en relación a lo programado ya se usaron recurso del FEIEF, pocos, ante los cerca de 100 mil millones, Fondo que por cierto está en el Ramo 23, pero son recursos estatales, que se aplican en condiciones de contingencia presupuestal.
Los ingresos propios de los estados son muy reducidos, no rebasan el 10 por ciento en promedio, de ahí la necesidad de que cumplan con su responsabilidad fiscal todos.
Finalmente es importante señalar que con las nuevas facultades que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha otorgado a la Auditoría Superior de la Federación, las facultades para auditar las participaciones, su destino, será el correcto y contribuye esto a reducir la corrupción.
David Colmenares Páramo
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02 / Ago / 2019
Un tema que siempre suscita comentarios en la opinión pública es el referente a los ingresos públicos y su distribución. En un país “federal” como el nuestro, las finanzas públicas son materia de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, lo que se refleja en la distribución de competencias tributarias, que en nuestro caso en el orden federal se concentra alrededor del 95 por ciento del poder recaudatorio, cuatro en el estatal y apenas uno en el municipal.
Esto muestra que existe una gran dependencia de las haciendas locales respecto de las transferencias de recursos federales, originados por el esfuerzo recaudatorio de este orden de gobierno: es lo que se ha llamado gasto federalizado, lo que incluye las participaciones, que son las compensaciones por haber dejado sus competencias en los impuestos más importantes al adherirse al Sistema de Coordinación Fiscal desde 1980. Es lo que podemos llamar el Pacto Fiscal.
Este se intentó mejorar a favor de la descentralización en 2004, en la llamada Convención Nacional Hacendaria; sin embargo, todos los acuerdos de carácter legislativo, derivados de un consenso, se estancaron, no así los de tipo administrativo.
No ha cambiado la dependencia fiscal local y estatal, además con una fórmula rezagada que sigue profundizando las diferencias entre las entidades, al ser la distribución fundamentalmente por la población domiciliada, esto lo vemos en el comportamiento de los coeficientes de 2007 a la fecha: antes de que se cambiara la fórmula de distribución de participaciones a partir de 2008, los porcentajes del Fondo General eran, hace once años, de 12.6 por ciento para el Estado de México y para la Ciudad de México de 12.4 por ciento, mientras que en 2018, ya fueron de 15.4 por ciento y 9.1 por ciento respectivamente. Por el movimiento poblacional.
Un caso extremo ha sido Tabasco, que en 2007 recibía el 4.2 por ciento de las participaciones y en 2018 apenas el 1.7 por ciento, sin haber tomado en ese tiempo medidas preventivas para ajustar su gasto, por ejemplo, en el número de empleados públicos, que duplica al de estados con incrementos en su coeficiente, ni para mejorar su esfuerzo recaudatorio, lo cual, como se ha visto en otros estado, sí se puede. Desafortunadamente Tabasco es de los que menos recaudan y son más dependientes de los recursos federales, igual la mayoría del sur-sureste. Eso ha dejado a los nuevos gobiernos de la región limitaciones presupuestarias y fortalece su dependencia fiscal.
A pesar de lo anterior, las participaciones están muy por encima de lo pagado el año pasado; sin embargo, al recibir apenas la cuarta parte de la recaudación participable, estos recursos son insuficientes para inversión.
A julio las cifras son alentadoras, ya que creció 22.9 por ciento en términos reales respecto a 2018, por su componente tributario: el ISR se incrementó 20.3 por ciento, y el IVA, 16.4; el IEPS, 55.9 por ciento real, y aun el componente petrolero, 7.9.
Por ello las participaciones aumentaron 22.2 por ciento respecto al año pasado y ello beneficia a todas las entidades, especialmente a estados como Hidalgo, Oaxaca, Baja California Sur y Guanajuato. Sin embargo, las estimaciones para este año quedaron 1.1 por ciento por debajo de lo programado. Sin embargo, se activó el Fondo de Estabilización y se les compensó.
En suma, esta dependencia limita a la fiscalización superior local, porque los ingresos propios estatales en promedio no rebasan el 10 por ciento, y algunos están por debajo del cinco. Por ello, los rubros más significativos del gasto estatal son los derivados de las transferencias federales, incluidas las participaciones.
Así, las auditorías locales fiscalizan fundamentalmente gasto federal coordinado por la ASF, porque es tan limitado el ingreso local que no es significativo para la fiscalización.
David Colmenares Páramo
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