08 / Nov / 2019
Hace días presentamos ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la segunda entrega del informe de resultados de la CP 2018, rebasando más de la mitad de lo programado, con un incremento –239 más– en el número de auditorías, cuando la intención era reducirlas para poner énfasis en la relevancia temática y en los montos susceptibles de aclaración. Calidad, más que cantidad; resultados más precisos y sanciones cuando existan, con mayor efectividad.
Sin embargo, ha surgido una cantidad importante de solicitudes y denuncias de ciudadanos, de legisladores y del seguimiento de los medios de comunicación, por lo que hemos tenido que agregar más auditorías al programa, que por primera tiene un enfoque estratégico.
La ASF es una entidad cuyo actuar se rige por los principios de imparcialidad, probidad y de una autonomía de gestión. Pero no podemos ser insensibles a lo social, nuestro trabajo no es solo técnico, sino buscar mejores resultados para poder hacer a los auditados propuestas de mejora en la política pública, en la política económica y por supuesto en el manejo transparente y honesto de los recursos.
Conocer y entender sus retos, y cómo se expresan los desafíos y las prioridades de la sociedad en la búsqueda de mejores niveles de bienestar, de reducción de la pobreza y la desigualdad y como hemos repetido, terminar con la corrupción y la impunidad.
A casi 20 años de la creación de la ASF, es necesario visualizar nuevas formas de fiscalizar, nuevas técnicas y aprovechar el desarrollo tecnológico, así como nuevos mecanismos para comunicar los resultados, nuestro objetivo es que el Plan Anual de Auditoría esté georeferenciado y pueda ser consultado en la APP ciudadana.
Para ello en materia de fiscalización, se debe contar con las leyes adecuadas, para hacer frente a fenómenos tan complejos, cuyas manifestaciones han evolucionado en cuanto a su sofisticación y alcance.
Ante ello, en la ASF se están expandiendo las capacidades fiscalizadoras a niveles que antes hubieran parecido inverosímiles, gracias a la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la fiscalización.
Pero también se requiere llevar a cabo una revisión amplia de diversas disposiciones legales que nos ayuden a agilizar procesos e incrementar su presencia y alcance tanto a nivel federal como local.
Un tema relevante: hoy auditamos CP 2018, terminamos en febrero de 2020, el proceso de aclaraciones se puede prolongar hasta octubre, demasiado tarde.
Por ello la Auditoría debe contar con facultades para poder realizar auditorías verdaderamente en tiempo real, con lo cual, además se lograría incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a la promoción de las acciones legales, acortar los tiempos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal.
Los resultados que se presentaron y que corresponden al ejercicio 2018 entran en un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes, y posteriormente se realice el proceso de seguimiento para el efecto de determinar si las observaciones se solventan o no.
Esto evidentemente trae como consecuencia que las denuncias penales se han presentado, una vez agotadas esas etapas, esto es las denuncias presentadas no corresponden a las auditorías en proceso.
En ese sentido, es urgente realizar los ajustes legales para tener facultades fortalecidas y atender de manera expedita los temas que involucren recursos importantes para evitar que se cometan irregularidades.
Hoy estamos trabajando en las propuestas legislativas y ajustes reglamentarios, para lograr ese fortalecimiento, empezando por auditar en tiempo real. Ya afortunadamente encontramos el camino de una buena coordinación con la Fiscalía General y con su Fiscalía Anticorrupción.
David Colmenares Páramo
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01 / Nov / 2019
De acuerdo con datos de la UNESCO, la tasa de cobertura en materia de educación superior en nuestro país es de 39.7 por ciento de la población, por debajo de la de países como Costa Rica, que tienen una tasa de 55 por ciento, claro es un país con menos población. Australia cubre al 100 por ciento, Estados Unidos y España 88 por ciento, Rusia 81, Argentina 90 por ciento, Corea 94.3, por supuesto estas diferencias tienen que ver con los niveles de desarrollo, así como la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en cada país y los antecedentes de cada Universidad. La UNAM está clasificada entre las mejores del mundo.
En México, en cuadro presentado por la ANUIES, el promedio nacional, el mencionado 39.7 por ciento, incluye grandes desigualdades, por ejemplo en Oaxaca es 21 por ciento, Guerrero y Chiapas 23 por ciento, la CDMX llega al 96 por ciento, no lejos de Australia como país, Nuevo León 48, Sinaloa 54 por ciento, Yucatán 38 y Tabasco 37 por ciento.
Jaime Valls, secretario ejecutivo de ANUIES, destacó que Oaxaca está 18 puntos por debajo de la media nacional, pero este no es el único caso de retroceso, por lo cual muchos estados se están rezagando y la desigualdad permea en la educación superior.
Es un gran desafío mejorar sustantivamente la reducción de la brecha nacional en esta materia respecto al promedio mundial, importante es observar que no es solo un asunto presupuestal, influyen la marginalidad y la pobreza, la crisis acumulada de muchas universidades respecto a sus sistemas de pensiones, el descuido en muchas ellas de la investigación y la difusión cultural, etcétera.
En México, el financiamiento de la educación superior es tripartita, una aportación generalmente mayoría de recursos federales, un pari passu estatal que varía dependiendo de los niveles de desarrollo e ingreso en las entidades federativas, así como ingresos propios de las universidades. Claro, temas que han ocurrido es que no tener recursos suficientes, no debe ser pretexto para incurrir en actos fuera de la ley, como es el caso de la llamada ‘estafa maestra’, que fue el abuso del artículo primero de la Ley de Adquisiciones y prestarse a actos terribles de corrupción en algunas universidades, que no en todas por supuesto. Ya hemos comentado que es ridículo que una universidad no tenga áreas de investigación. Un ejemplo de buenas prácticas son los estudios que cada año concursa el SAT entre ellas sobre evasión fiscal.
Al respecto, un tema que han señalado la mayoría de los rectores, es el de irregularidades en el pago del subsidio que corresponde pagar a los gobiernos estatales, en muchos casos no se les ministra a tiempo, o no se les paga completo el subsidio, de ahí que la ASF realizará una revisión, antes de terminar el año, sobre los incumplimientos en el pago completo de estos subsidios, tanto en 2018 como en 2019. Es lo mismo que se presenta en el pago completo y oportuno, como señala la Ley de Coordinación Fiscal respecto de las participaciones a los municipios, éstos sufren de ‘jineteos’ cuando bien les va o de plano no se les pagan completas. Hay un caso exitoso de controversia hace algunos años.
Esto implica responsabilidades, y como se trata de recursos federales, son auditados los pagos por la ASF.
El Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior, realizado en espacios de la UNAM e inaugurado por el rector Enrique Graue, estuvo encabezado por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Adela Piña; el senador Rubén Rocha, así como el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro; el titular de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, y la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; asimismo fue invitada la Auditoría Superior de la Federación.
David Colmenares Páramo
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25 / Oct / 2019
El mundo de la fiscalización es un mundo de datos, no solo de acumularlos, sino también saberlos combinar y usar, para ello las entidades encargadas de la fiscalización y la vigilancia del correcto uso de los recursos públicos, tienen que tener funcionarios y auditores capacitados, aprovechando las experiencias exitosas que otras entidades de fiscalización han acumulado en el mundo, y por supuesto lo que pueden aportar organismos internacionales en el uso de algunas técnicas para ello.
Por ello tiene relevancia el taller que hoy termina exitosamente en la Auditoría Superior de la Federación, organizado conjuntamente con el Banco Mundial, sobre la Construcción de Modelos Analíticos de Riesgos de Corrupción en las Contrataciones Públicas. Cabe comentar que el evento tuvo una amplia asistencia de funcionarios federales, así como personal de las auditorías, contralorías, secretarías de Finanzas estatales y mucho personal de la ASF.
Dicho evento va en línea con el proceso de fortalecimiento institucional y de las capacidades técnicas con los cuales la Auditoría Superior de la Federación se pone a la altura de los retos de hoy; y fortalece sus capacidades para aprovechar las áreas de oportunidad tecnológica que se presentan, como se ha podido observar en las reuniones recientes de INTOSAI y OLACEFS.
Son temas del presente, ya no del futuro: la seguridad en el uso de la información, la digitalización de contenidos, las posibilidades de las auditorías electrónicas, el manejo del Big Data, y las herramientas de la inteligencia artificial. En todos ellos el punto de partida es el mismo: los datos y cómo éstos se recopilen, usan y se les aplican determinadas herramientas tecnológicas.
La experiencia del Banco Mundial en la lucha contra la corrupción y en materia de los riesgos que se presentan en las contrataciones públicas a escala internacional, como de vulnerabilidades institucionales o fallas en los sistemas de control, es inmensa, así como en el estudio de los casos nacionales. Es lo que está avanzado la ASF: en materia tecnológica y de gestión con cambios estructurales y fortalecimiento de la pluralidad profesional.
Por ello es necesario acentuar el trabajo en cuanto a la relevancia del análisis de los riesgos en el manejo de la información, a partir de una metodología sólida. De hecho, es lo primero que habría que hacer para tener una política efectiva contra la corrupción y, por lo tanto, para asegurar el éxito de los procesos de contratación para los que les fueron asignados recursos públicos. De ahí la importancia de las auditorías en tiempo real.
Esto aplica para todas las entidades públicas, desde un punto de vista preventivo, pero también de planeación, gestión y desarrollo administrativos, como elementos clave en la tarea fiscalizadora particularmente en las contrataciones de obra pública y las compras de gobierno.
Resulta de particular interés para nosotros el modelo de riesgos específico para México, construido con una enorme fuente de datos.
En la etapa que iniciamos el año pasado en la ASF, fortalecer la fiscalización de las contrataciones públicas, con un énfasis significativo en las obras públicas en los tres órdenes de gobierno, es una prioridad estratégica. Tanto por la cantidad de recursos públicos involucrados como por el carácter estratégico de dicho rubro de gasto, en términos de crecimiento económico, que es requisito para superar la pobreza y la desigualdad.
La marginalidad y la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, la geografía de la marginalidad, la pereza fiscal en que se han formado gobiernos locales, el mal uso de los recursos públicos, la impunidad, exigen que seamos capaces de combatir con eficiencia y transparencia la corrupción.
David Colmenares Páramo
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