10 / Ene / 2020
Un tema recurrente y repetido tiene que ver con lo referente a la recaudación de impuestos estatales. Debería ya saberse que desde que se crea el actual sistema nacional de coordinación fiscal en 1980, se firma un Pacto Fiscal a través del cual se elimina una jungla de impuestos federales y estatales al consumo, entra en vigor el IVA sustituyendo al de ingresos mercantiles, que era un impuesto en cascada, y dejan en suspenso una serie de facultades tributarias que la Constitución no les prohíbe, a cambio de recibir participaciones de la recaudación que hace el gobierno federal a través hoy del SAT. Uno de los temas recurrentes es cómo se distribuye la recaudación federal participable, y cómo se distribuyen las facultades tributarias.
Un tema criticado siempre ha sido la baja recaudación de ingresos propios en los estados, por la falta de cuadros capacitados y su renuencia a recaudar, al optar más por lo que “se les dé”. En los medios se repite cíclicamente el tema y la desorientación. Por ejemplo, se quiere que disminuya la dependencia de ingresos de los estados, algunos quieren mayores responsabilidades recaudatorias, pero la mayoría ha declinado asumir su responsabilidad fiscal, bajo la creencia de que “recaudar tiene un costo político”.
Es más inocente al nivel municipal, por ello en los ÚLTIMOS AÑOS se profundizó un centralismo recaudatorio sin parangón, entre otras razones porque la mayoría de las haciendas estatales se han negado a recaudar. Ahí está el ejemplo lamentable del impuesto a la tenencia que tan buenos ingresos daba a las entidades federativas, con su por lo menos 20 por ciento a los municipios. Por razones político electorales muchas lo dejaron de recaudar, algunas le han dado la vuelta con derechos de control vehicular, reemplacando, etcétera. Pero luego lo querían resolver, pidiendo un apoyo extraordinario del Ramo 23. Hoy el Fondo de Fortalecimiento Financiero, ya no existe, aunque en 2018 tuvo 50 mil millones de pesos.
Algunas de las pocas entidades que han mantenido la tenencia son la CDMX, y quizás Nuevo León, y otras 14 más.
Otro en el nivel municipal es el impuesto predial, ya lo comentaré en otro momento.
Por otra parte, sin hacer antes una segunda Convención Hacendaria, como ha planteado el diputado Ramírez Cuéllar, hay pocas opciones, por ejemplo, los impuestos conocidos como “al vicio”: bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco.
Es buena oportunidad, por ejemplo, para gravar mejor las loterías y sorteos, los juegos con apuestas o los casinos, como en Sinaloa.
El impuesto sobre nóminas no es un buen impuesto, pero da un margen para ligeros incrementos, de medio punto como en Puebla, Aguascalientes, Baja California, entre otros.
En el impuesto al hospedaje, los estados tienen tasas diferentes, y es poco probable que los turistas o quienes viajan por negocios dejen de hacerlo por uno o dos puntos de incremento en el mismo.
Si vemos las estadísticas, la recaudación por estos conceptos es marginal, la dependencia de los estados y municipios de las transferencias federales está entre el 80 y 90 por ciento, variando en cada entidad.
Hay una terrible confusión, respecto a que las participaciones no son producto más que del comportamiento de la recaudación participable, derivada del esfuerzo fiscal que se realiza en el orden federal y que pocos estados y municipios cumplen con esta responsabilidad, como se ve en la colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Sí, es necesaria una nueva Convención, una Ley de Coordinación Hacendaria o de Ingreso Gasto, pero partiendo de la base de la corresponsabilidad fiscal y de un ejercicio del gasto público estatal, eficiente y transparente. El orden subnacional y el local deben realizar un esfuerzo adicional.
Sin los desvíos, derroche y corrupción que tanto han lastimado al federalismo fiscal mexicano.
David Colmenares Páramo
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13 / Dic / 2019
Es indudable que la nación tiene una deuda eterna con las clases y las regiones de menores ingresos, que la deuda social acumulada es inmensa; lo ejemplifican las cifras de pobreza, la estructura nacional de la desigualdad y el deterioro derivado de políticas económicas poco afortunadas. Las políticas de ajuste instrumentadas en casi toda Latinoamérica, en México por supuesto, acentuaron la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, dieron facilidades para la corrupción, y se privilegió el pago del servicio de la deuda externa e interna, la centralización de la política de ingresos y se descuidó el desarrollo municipal.
A principios de los años ochenta, en un evento de la Cepal se definió el concepto “deuda social”, entendido éste como el déficit del Estado en las necesidades esenciales, a saber: salud, educación, empleo, acceso a bienes productivos y sociales, el fortalecimiento democrático; en suma, los niveles de bienestar de las clases sociales más desfavorecidas. Como ejemplo, la población rural, mayoritariamente indígena, el desarrollo municipal como es el caso de más de la mitad de los municipios en el sureste –concentrados en cinco entidades federativas– y los desequilibrios regionales, etcétera. Fue en la época que en México surgieron programas como el de Coplamar y en el Banco Mundial, el llamado enfoque de necesidades básicas, impulsado por la gestión de Robert Mac Namara.
Se hablaba ya de la Geografía de la Marginalidad y de la Estructura Nacional de la Desigualdad, uno de los programas sociales mejor estructurados.
En los años anteriores a 2018, el gasto público para el desarrollo social tuvo un crecimiento real cercano al 2.0 por ciento, un poco más al de menos de 1.0 por ciento del gasto en general.
Por otro lado, el costo financiero de la deuda pública, que constituye erogaciones no productivas, creció 9.0 por ciento real, en virtud del incremento de la deuda pública, la paridad cambiaria y las tasas de interés. Esto significa que el costo financiero de la deuda pública, superó el gasto de inversión física en esos años.
En los estados la situación es diversa, pero en general los mismos de siempre: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, presentan niveles de pobreza superiores al 60 por ciento. Chiapas con el 76 por ciento en 2018, y no hablemos de pobreza extrema. Al margen de analizar las políticas, como se está haciendo con las auditorías de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y su Centro de Estudios Económicos y Sociales, la asimetría entre el costo financiero de la deuda pública y el gasto en desarrollo social ha sido muy evidente.
Por ejemplo, el Ramo 20, gasto social, que incluyó hasta 2018 programas como apoyo a adultos mayores, Prospera, comedores comunitarios y estancias infantiles, entre otros, ejerció un gasto superior a los 600 mil millones de pesos, mientras el pago de intereses de la deuda pública resultó más de tres veces mayor en el mismo periodo.
Se apostó más a la deuda que a la función de recaudar más con una mejor estructura tributaria. Hay que cumplir con los compromisos internacionales, pero sin descuidar el desarrollo interno. Como se ha visto, la impunidad favoreció niveles altos de corrupción.
En suma, es prioritario recuperar los niveles de desarrollo, desde las regiones, atendiendo y superando las causas de la desigualdad y la pobreza. No podemos crecer siendo un país desigual y sin considerar la participación ciudadana.
Por ello, en la ASF se están revisando los programas sociales en 2018, tanto en cumplimiento financiero, como en desempeño, desde el diseño de los programas y fondos, como los del Ramo 33, hasta su impacto social, de forma tal que se fiscalicen en tiempo real o adelantado, no sólo para evitar que se gaste en lo que no funciona y se ha desviado, sino para crecer con igualdad.
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06 / Dic / 2019
En este mes, se realizan las actividades de la Conferencia del Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 25), en Madrid, con la presencia de 50 jefes de Estado o de Gobierno y representantes de los principales organismos internacionales.
Como antecedente se tiene el Acuerdo de París, firmado en 2015, que tiene como objetivo, que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto de los niveles pre-industriales y en la medida de lo posible que no rebase los 1.5 grados.
En esta reunión ya se desprendieron algunas declaraciones sobresalientes como la de Pedro Sánchez, presidente de España: “hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niega la evidencia”; Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas: “estamos destruyendo los sistemas que nos mantienen con vida”; Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que anunció “la primera ley europea de transición hacia la neutralidad climática”. (Cabe hacer referencia que la Unión Europea considera que vivimos una emergencia climática) y la demócrata Nancy Pelosi, quien subraya el compromiso de las Cámaras de EU con la cumbre. Todas estas expresiones enmarcan la importancia del tema a nivel internacional.
En este tema México no ha sido ajeno, en 2012 se dieron los primeros pasos al aprobar la Ley General de Cambio Climático, la primera en su tipo en toda América Latina y la segunda ley sobre cambio climático a nivel mundial.
En 2015, se aprobó la Ley de Transición Energética, para garantizar que este sector incorpore las externalidades ambientales y de esta forma aprovechar los beneficios económicos y sociales del desarrollo de una economía baja en carbono, con dos metas: energías limpias y eficiencia energética.
En este mismo año, en México se a emitieron 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI).
Para 2016, México ratificó el Acuerdo de París, convirtiendo sus metas de reducciones de emisiones (22 por ciento al 2030 y 50 por ciento al 2050) en obligatorias.
La ASF también ha estado dando seguimiento al tema y en la revisión de la Cuenta Pública 2017, recomendó reformar la Ley General de Cambio Climático, para adicionar el monto prudencial óptimo de las reservas financieras para este fondo, con base en los compromisos adquiridos a nivel internacional para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Este fideicomiso al mes de septiembre de 2019 reportó disponibilidades de 81.2 millones de pesos.
Para la tercera etapa de la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF evaluó cinco programas presupuestarios enfocados en la regulación, inspección y vigilancia, vinculados con la estrategia transversal, a los que se asignaron recursos por 337.9 millones de pesos, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Por otra parte, en 2014, la ASF dio inició a su participación en la planeación y ejecución de la “Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas en Latinoamérica”.
En 2019, se comenzó con la segunda etapa de la auditoría, por medio de la asistencia al Taller Presencial de Planificación de la Auditoría Coordinada, realizado en Guatemala.
La etapa de consolidación se tiene programada para diciembre de 2020. Por lo que, una vez que se obtenga la información, se estará en posibilidades de presentar el panorama ambiental en el que se encuentra el país y evaluar su contribución de las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad, y con ello contribuir al logro de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
David Colmenares Páramo
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